De la paz política a la paz con igualdad social

“La pobreza y la miseria no son inevitables al ser humano, sino instituciones sociales establecidas por las estructuras de la economía y el poder dominante”.

La equidad social, mientras se discuten los pactos de La Habana y próximamente en Quito, desde luego meritorios, por su naturaleza humanitaria, mientras crece el debate sobre el resultado del plebiscito, continúa siendo una entelequia  para los dirigentes del establecimiento, tanto de la vida institucional como económica.

El principio de “dar a cada uno lo que se merece”, que se repite por los tratadistas del Derecho como una teoría eficaz,  es un arma resbaladiza,  si no se establecen medidas que tengan validez nacional para que no se convierta en una ficción literaria.

Al admitir ese presupuesto sin ningún reparo los desempleados y los trabajadores temporales, por ejemplo, serían una caricatura social de lo expresado.

Bien lo decía Anatole France, quien trabajó en La Liga de los Derechos del Hombre,  vivió como escritor comprometido con los trabajadores y nos dejó al comienzo del Siglo XIX una frase lapidaria de gran sabiduría y sarcasmo:

“La justicia, en su majestuosa igualdad, permite tanto al rico como al pobre su derecho a dormir debajo de un puente”.

Verdad irrefutable; por esa razón, cuando cunden los Bronx y los barrios de invasión  la expresión se torna  categórica, se demuestra que la justicia social en nuestro país no funciona, es parapléjica, está regida por un modelo cuya particularidad se basa en la desigualdad social, que no puede funcionar sin crearla y la mimetiza con el discurso de progreso y desarrollo.

“Dar a cada uno lo que se merece” presume justicia, pero el pronunciamiento está basado en la doctrina del utilitarismo, que permite que las instituciones financieras, como las grandes corporaciones económicas, excluidas las asistenciales,  se dediquen al saqueo y el beneficio.

Con esos criterios observamos que el neoliberalismo en América, patrocinado por Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz, que aupó el ascenso Pinochet y Videla, nos ilustra sobre las enormes diferencias que soportan  los pueblos.

¿Acaso no estamos frente a un problema de soberanía?

Nuestra Constitución a propósito señala en su Preámbulo:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,…con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, … decreta, sanciona y promulga la siguiente”:

“…La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Sin embargo, la existencia de poderosas estructuras económicas, políticas e institucionales impide que esa soberanía se traduzca en derechos económicos, sociales y culturales colectivos.

Al principio de la soberanía popular hace falta incorporar  el principio de la soberanía económica a la esfera de una teoría del Estado que interprete realmente a Colombia. De esa manera se enaltecería la pobre idea  que tenemos de soberanía.

En otras palabras, los acuerdos deben lograr una capacidad de decisión como nación y no perpetuar un Estado que en apariencia sólo conserva  las condiciones del poder formal.

Hay que hacer énfasis en que la soberanía, como supremo atributo del Estado, debe estar determinada por su estructura económica social.

Sin esa realidad de independencia económica no se concibe el concepto de soberanía.

¿Cómo entonces se erradican las causas que frenan el desarrollo y el bienestar social?

Para lograrlo creemos que se requiere hacer un tránsito de la Constitución “formal” a una Constitución “real”, que se encuentra suspendido.

Esa soberanía no es un problema de poder personal o electoral, surge de las riquezas y recursos naturales como un derecho inalienable de los pueblos al desarrollo y conlleva añadirlo al dominio del Estado, vale decir nacionalizando las riquezas y recursos con el fin de darle un progreso soberano a la economía nacional, como lo han hecho, incluso, los países que llamamos superiores.

Se dirá que las nacionalizaciones son un exabrupto político y jurídico; para ello tenemos el derecho interno y como hacer justas las indemnizaciones.

Con “la paz completa” estamos de acuerdo; sólo que la nación ahora, o en un futuro cercano, precisa dar un salto normativo para que los Tratados de Libre Comercio, que enfrentaron estructuras asimétricas y son un régimen de privilegios y ventajas para el desarrollo de los países foráneos, sean revisados, por el carácter desigual de sus cláusulas bilaterales, que nos han hecho recordar los “Acuerdos para el consumo y la terminación del peligro, que firmaron el tiburón y las sardinas”.

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