Aborto: las lecciones del caso de Popayán bajo la ciencia y la ley

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Por: Periodicovirtual.com

Aborto: las lecciones del caso de Popayán bajo la ciencia y la ley


Desde el punto de vista jurídico, la interrupción del embarazo se ajustó a lo dicho por la Corte.

Una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) practicada a los siete  meses de gestación en la ciudad de Popayán a una joven amparada por una  de las tres causales en las que la Corte Constitucional despenalizó el  aborto en el 2006 volvió a encender una vieja polémica en el país.

En  concreto, la mujer de 23 años, después de una valoración psicológica  que le diagnosticó alteraciones psiquiátricas mayores incrementadas por  el embarazo, se acogió a la sentencia C-355 del 2006 y acudió a la ruta  que para el efecto tiene el sistema de salud.

Su caso saltó a los medios  de comunicación en razón a que su expareja reclamaba derechos sobre el  embarazo y se oponía al aborto con protestas frente a la clínica. Pese a  esto, y dentro de un marco legal, Profamilia reveló que realizó el  procedimiento, lo que desató una nueva tormenta en este tema.

Una revisión de la norma

Por  un lado, los alegatos de la pareja se fundamentaban en que no existía  ninguna causal que justificara el aborto, por lo cual amenazó con  demandar a la mujer, a su familia y a la clínica por feticidio. Sin  embargo, una revisión del proceso confirmó que la joven tenía  antecedentes psiquiátricos que después de una evaluación clínica  correspondiente ratificó que estos podrían empeorarse con el embarazo,  al punto de que no era apta para tener y criar un hijo. Esto, por extensión, cae en la tipificación de riesgo en la salud de la madre amparada por la Corte Constitucional.

En  ese sentido, Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, aseguró que  la organización privada actuó ajustada a la normatividad.

Pero más allá de la legalidad del procedimiento, otro punto fuerte de  discusión en este caso fue que se realizó a los siete meses de  gestación.

No obstante, la jurisprudencia generada por la  Corte desde la sentencia original, y otra decena que la ratifican, en  ningún momento define límites para la realización del procedimiento.

Frente  a esto, Carlos Ramírez, secretario general de la Federación Colombiana  de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), sostiene que dicho gremio es  respetuoso de la ley y además respalda el actuar de cada profesional con  base en sus criterios y convicciones. “Si se actuó dentro de los términos, no debería haber ningún cuestionamiento”, afirma.

Ramírez  considera que frente a límites todos los elementos están ya definidos y  añade que los casos con edad gestacional avanzada son la minoría, y muy  condicionados por las barreras de acceso a este derecho que persisten  para las mujeres.

Marta Royo es más contundente y señala que el  90 por ciento de los casos de aborto en edad gestacional avanzada son el  resultado de barreras que se interponen desde el inicio de la solicitud  de la IVE, así como la información oportuna y veraz que se les niega a  ellas.

De hecho, además de  enfrentar dilaciones y trabas en el servicio de salud, la mujer de  Popayán se vio obligada a participar de un proceso judicial como  resultado de que su expareja interpusiera una acción de tutela ante un  juez penal del circuito para impedirle que acceda a la interrupción  voluntaria del embarazo.

El manejo  que se le dio con la demora y la parte jurídica empeora ese cuadro y  lleva a decisiones éticas y morales que se alejan de lo humano y  revictimizan a las personas

Olga Albornoz, psiquiatra,  argumenta que esta paciente ha debido tener un apoyo de psiquiatría  porque, según trascendió, tiene un trastorno mental mayor. “El manejo  que se le dio con la demora y la parte jurídica empeora ese cuadro y  lleva a decisiones éticas y morales que se alejan de lo humano y  revictimizan a las personas. Se actuó vergonzosamente tarde. La gente  no cree que las enfermedades mentales sean un riesgo grave para la  madre en un embarazo”, expone.

Discusiones de fondo

Otra arista de discusión que abrió el caso en Popayán es el de los derechos que sobre el feto tenía quien alegaba ser su padre.
Desde el punto de vista  jurídico, la Corte Constitucional sostiene que, cuando se está en alguna  de las tres causales, la decisión de abortar es de la mujer. Así lo  asegura Angélica Cocomá, abogada de Women’s Link Worldwide, quien afirma  que el alto tribunal ha reiterado que “la mujer debe estar libre de la  presión de terceros. Por eso, la Corte no contempla que los médicos  puedan exigir el permiso de esposos o parejas. Incluso, en los casos de menores de edad, la Corte ha dicho que no se les puede exigir un consentimiento de sus padres”, explicó.

La  abogada Cocomá también asegura que la Corte no ha analizado casos  específicos como el de Popayán, por lo que el alto tribunal no ha  respondido al debate frente a qué derechos tiene un padre sobre un hijo  que no ha nacido.

Olga Albornoz manifiesta que en estos casos  prima el estado de salud de la madre sobre cualquier intención externa.  “No era un capricho sino una decisión condicionada por una enfermedad  evidente”, afirma.

Desde otra perspectiva, ginecólogos  consultados por este diario y que prefirieron no dar su identidad  aseveran que hay vacíos jurídicos alrededor de este tema que exponen a  los especialistas a una serie de riesgos marcados por lo legal y que  desbordan el componente médico. Por eso, aseguran que terminar un  embarazo tan avanzado con un feto viable puede generar más  complicaciones (infecciones, descompensaciones) que ponen en riesgo la  vida de la madre.

César Burgos, presidente de la Asociación  Colombiana de Sociedades Científicas, remata que casos como el de  Popayán exigen que se alineen de una vez por todas los componentes  médicos, de derechos y jurídicos dentro de un marco de rigor para evitar  distorsiones donde los perjudicados son todos. “Hay que eliminar también las barreras para que casos como este no se vuelvan a repetir”, concluye.

La mujer debe estar libre de la  presión de terceros. Por eso, la Corte no contempla que los médicos  puedan exigir el permiso de esposos o parejas

Sin límites de tiempo ni especialistas

En  el 2018, la Corte Constitucional se negó a ponerle un límite de semanas  al aborto, rechazando una ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que  proponía que la interrupción voluntaria del embarazo –en las tres  causales permitidas– solo se pudiera practicar hasta la semana 24 de  gestación.

El alto tribunal aseguró que no es posible poner un límite por dos  razones: la primera, porque hay por lo menos 46 barreras que las mujeres  deben afrontar para poder acceder a un aborto legal en el país. La  segunda, porque en algunos casos la identificación de los riesgos para  la salud de la madre, o las malformaciones incompatibles con la vida, podrían detectarse en una edad gestacional más avanzada. Eso significa  que el aborto de Popayán que se realizó en el séptimo mes se ajusta a lo  que ha dicho la Corte Constitucional, ya que no hay límites  establecidos.

De otro lado, afirma la abogada Angélica Cocomá,  de Women’s Link Worldwide, la Corte ha dicho que las certificaciones  sobre los riesgos para la salud física o mental (como es el caso de  Popayán) las pueden dar un médico general o un psicólogo.

Eso  significa que desde el punto de vista legal no se le puede exigir a la  mujer que va a abortar un concepto de un médico especializado, porque  esto crearía una nueva barrera para las mujeres.

Nota tomada de: https://www.eltiempo.com

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