Aclaraciones y dudas que sigue dejando fallo de Corte sobre fotomultas

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Por: Periodicovirtual.com

Aclaraciones y dudas que sigue dejando fallo de Corte sobre fotomultas


La decisión, que se conoció completo esta semana, reitera que las sanciones deben ser personales.

El pasado seis de febrero, la Corte Constitucional aceptó una demanda contra un artículo de la ley 1843 del 2017, más conocida como la ley de fotomultas, y tumbó una parte de la norma que establecía que el propietario del vehículo debía ser solidariamente responsable con el conductor por las multas que se impusieran con esta sistema de cámaras.

Mientras algunos sectores celebraron el fallo, afirmando que poner a responder al dueño del vehículo, aún cuando no estuviera conduciendo, implicaba una arbitrariedad, otros lo cuestionaron señalando que aunque el fallo solo traía cambios sobre un artículo de la ley de fotomultas, en la práctica estaba afectando todo el sistema porque lo hacía inviable, ya que la notificación siempre se hacía al conductor.

Aunque la decisión del alto tribunal se tomó en febrero, el fallo fue publicado este lunes, situación que es común en la Corte Constitucional ya que después de que la Sala Plena toma una decisión sobre los términos generales y claves de la sentencia y publica el comunicado, muchas veces  los fallos siguen en elaboración durante un tiempo más por parte del ponente para precisar argumentos y motivos, y luego pasan a ser firmados por los magistrados para ser publicados.

El documento, que era muy esperado para poder resolver preguntas, hace algunas claridades y deja otras nuevas dudas.

Lo que está claro

1. La responsabilidad es personal

Mientras que en un proceso patrimonial con fines de reparación (por ejemplo, una investigación fiscal desarrollada por la Contraloría General) es posible establecer diferentes tipos de responsabilidad para que las personas respondan solidariamente, en materia administrativa (como las fotomultas) la responsabilidad sólo puede ser personal.

Es así cómo, en el sistema de multas, las sanciones -como lo sería el comparendo o una situación más grave, como el retiro del permiso de conducir- sólo se puede aplicar a quien fue el infractor.


Como la sanciones son personales, para la Corte en este tipo de casos los ciudadanos deben responder por su propia conducta. El hecho de que la ley cuestionada no exigiera que la imputación de la infracción fuera personal, dejaba al propietario sin más posibilidades para librarse de la multa que él no cometió, que demostrar que no era el dueño del vehículo o que le fue robado.

Así las cosas, como estaba la ley, el dueño del vehículo podía terminar pagando por un hecho ajeno, algo que para la Corte, no es admisible.

2. Los dueños de los vehículos no deben responder solidariamente por las infracciones del conductor

Si bien es válido que en el caso de empresas de servicio público haya una solidaridad en el pago de las multas, tanto de los dueños de esos vehículos como de quienes iban conduciendo por hechos que se le puedan imputar también a las empresas, en el caso de vehículos particulares la norma no dejaba claro a qué tipo de solidaridad se refería.

Frente a la ley que tumbó la Corte, el alto tribunal dice que no se explica cuál fue la intención del Congreso cuando creó esa solidaridad entre dueño del vehículo y conductor en el caso de fotomultas y, además, la norma era muy abierta.


La ley que se cayó, asegura el fallo, no precisaba si la solidaridad que se estaba exigiendo era para cualquiera de las sanciones del Código de Tránsito -amonestación, multa, suspensión de la licencia, inmovilización del vehículo, cancelación de la licencia-, y si también se aplicaba en materia de reincidencia. "De esta manera, la imprecisión de la que adolece la norma bajo control materializa un desconocimiento grave del principio de legalidad en materia sancionatoria", dice la Corte en su fallo.

De esta manera, la imprecisión de la que adolece la norma bajo control materializa un desconocimiento grave del principio de legalidad en materia sancionatoria

Para que se pueda exigir esa solidaridad, dice la Corte, las autoridades administrativas deben demostrar que el dueño del vehículo también tuvo responsabilidad.

3. La norma vulneraba el derecho a la defensa de los propietarios

Aunque la ley exigía notificar al propietario del comparendo del vehículo y vincularlo a un proceso administrativo para que se defendiera, para la Corte esto vulneraba su derecho a la defensa porque solo con vincularlo al acto administrativo, ya se estaba violando su presunción de inocencia y el principio de solidaridad lo hacía responsable.

Así, aunque un conductor podía ser oído, actuar con un abogado, y aportar o solicitar pruebas, el hecho de que la imputación de responsabilidad no fuera personal, implicaba que su derecho a la defensa se estuviera limitando. Tampoco estaba claro cuáles eran las causales que permitían que el conductor quedara exonerado de la multa.

4. La ley no exigía demostrar quién era la persona que iba conduciendo

La Corte aseguró que una parte de la norma de fotomultas establece que estos sistemas de detección de infracciones son medios automáticos o semiautomáticos, como cámaras de video y equipos electrónicos, que permitan la identificación del vehículo o del conductor. Es decir, en su conjunto, la ley llevaba a que para imponer la multa se pudiera elegir entre identificar el vehículo o identificar a quien conduce.

Es por eso que, dice la Corte, la norma que tumbó permitía imponer la multa sobre la placa del vehículo y no sobre la persona que estaba conduciendo. Así, a juicio de la mayoría de magistrados, lo constitucional es que la multa se imponga sobre el conductor para no vulnerar el principio que indica que las sanciones deben ser personales.


Además, como estaba redactada la norma, dice la Corte, el Estado no tenía que demostrar que el conductor fue el infractor, una carga que le correspondería teniendo en cuenta que se debe presumir la inocencia y que la carga probatoria no se puede invertir poniéndole esa responsabilidad al ciudadano.

5. La función de la multa de tránsito es prevenir atentados contra la seguridad vial y no recaudar recursos

La Corte asegura que las sanciones de tránsito únicamente cumplen una función de prevenir atentados contra la seguridad vial o generar incentivos para evitar su reiteración, con el fin de que los ciudadanos puedan evitar malos comportamientos en las vías o modificar sus conductas para ajustarse a las normas.

Es por eso que, cuando una situación está por fuera de la consciencia, voluntad o control de una persona, porque fue realizada por un tercero, "sancionar al propietario carece de sentido y desnaturaliza la sanción administrativa, al convertirla inadecuadamente en un instrumento de mero recaudo de recursos para las entidades estatales".

Sancionar al propietario carece de sentido y desnaturaliza la sanción administrativa, al convertirla inadecuadamente en un instrumento de mero recaudo de recursos para las entidades estatales.

6. La Corte no podía condicionar la norma porque corregir sus vacíos es un deber del Congreso

Aunque varios sectores le habían dicho a la Corte que el problema se solucionaba condicionando la ley y estableciendo en qué casos los conductores debían responder solidariamente con los propietarios, el alto tribunal dijo que hacerlo implicaría una "reingeniería de la norma" que escaparía de su competencia.

Es decir, la corporación dice que no le correspondía subsanar lo que le faltaba o no dejaba claro la ley, pues esta norma era abierta y no determinaba cuáles de las infracciones se le debían imputar al conductor y cuáles al dueño del vehículo. Tampoco dejaba claro la imputabilidad y culpabilidad y, en cambio, hablaba de una solidaridad sin dejar claro para qué tipo de sanciones era, si para las patrimoniales o no patrimoniales.

Por eso la Corte dice que es al Congreso al que le corresponde definir "de manera precisa y suficiente, los elementos de la responsabilidad sancionatoria, mucho más, cuando pretende introducir en la materia, una forma de responsabilidad solidaria".

Por ejemplo, dice el fallo, el Congreso podría crear una regulación para dejar claro cuándo opera esa responsabilidad solidaria (teniendo en cuenta que la responsabilidad es personal), estableciendo que se podría dar cuando el dueño del vehículo, aunque no estuviera conduciendo, debe responder por el cuidado físico y mecánico del carro o moto, las obligaciones jurídicas como adquirir seguros, o realizar revisiones.

Lo que sigue quedando en duda

1. La operatividad del sistema

La Corte asegura que su decisión no implica que todo el sistema de fotomultas sea inconstitucional y, por lo tanto, puede seguir en funcionamiento.  El alto tribunal dice que lo único que está tumbando es la responsabilidad solidaria que hacía que el dueño del vehículo tuviera que responder por infracciones cometidas por un tercero que lo conducía.

Sin embargo, aunque la Corte dice que el sistema puede seguir operando, no queda claro cómo ya que las fotomultas se hacen sobre la placa de los vehículos, por lo que son notificadas al propietario, pues las cámaras hoy no tienen la tecnología de detectar quién iba conduciendo.

2. ¿Cómo se prueba la infracción?

En febrero de este año, el secretario de movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, le dijo a este diario que ya había 61 cámaras cazainfractores instaladas en la ciudad que iban a comenzar a operar. El secretario afirmó que si bien acataban el fallo, esta decisión no había modificado el proceso con el cual se impone un comparendo, pues la notificación se sigue haciendo por correo y el ciudadano dueño del vehículo tiene 11 días para hacer sus descargos.

El problema es a la hora de probar o demostrar que el ciudadano es el responsable de la infracción, pues cuando no tiene que ver con asuntos de Soat, seguros o revisión y mantenimiento, sino con casos como el exceso de velocidad, no está claro cómo el sistema va a poder comprobar que él era quien iba conduciendo si las cámaras lo único que hacen es detectar la placa y no al conductor.

Nota tomada de: https://www.eltiempo.com/

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