Alcaldía de Popayán asigna funciones de policía judicial a contratistas

/ Opinión
Por: Álvaro Antonio Casas Trujillo

Alcaldía de Popayán asigna funciones de policía judicial a contratistas

La Alcaldía de Popayán pretende asignar, por acto administrativo, funciones de Policía Judicial, como levantamiento de cadáveres, a contratistas de prestación de servicios profesionales de la Secretaría de Tránsito Municipal.

Esta decisión tiene origen en la falta del Convenio entre el Municipio y la Policía Nacional, para apoyar el Tránsito Local, servicio del que carecemos hace varias semanas.

Para entender esta situación es necesario precisar que Policía Judicial es la función que cumplen algunos organismos del Estado para apoyar la Investigación Penal, en el campo investigativo, técnico, científico y operativo.

Según el artículo 202 de la Ley 906 de 2004 (C.P.P.), en Colombia cumplen funciones de Policía Judicial:

1. La Procuraduría General de la Nación.

2. La Contraloría General de la República.

3. Las autoridades de tránsito.

4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.

5. Los Directores Nacional y Regional del Inpec, los Directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario.

6. Los alcaldes.

7. Los inspectores de policía.

Según el PARÁGRAFO de la norma, los directores de estas entidades, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integrarán las unidades correspondientes.

La simple lectura de esta norma permite concluir que la Policía Judicial, es una función pública reglada y que solo se puede asignar a determinados servidores públicos, no a contratistas, como pretende el señor Alcalde de Popayán, en una clara extralimitación de funciones.

Más aún, no es procedente incluir estas actividades en los contratos de prestación de servicios por resolución, porque se trata de acuerdos bilaterales que no se pueden modificar de manera  unilateral, a menos que no se haya logrado un acuerdo con el contratista, como lo señala el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

El Control Social que ha ejercido Ortega & Abogados SAS, ha tenido un elemento preventivo y por eso, ante las falencias de su Asesoría Jurídica, hemos advertido al señor Alcalde antes de que incurra en el error, como lo hicimos frente a la privatización de los servicios de Tránsito.

Esperamos que esta vez seamos escuchados y aprendamos de la sabiduría popular: "Soldado avisado, no muere en guerra".

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