En la mañana de ayer lunes, la Procuraduría General de la Nación confirmó que las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali tienen cinco días para explicar los comparendos que se han impuesto a los ciudadanos a través de las llamadas fotomultas.

En tal sentido, el Ministerio Público les solicitó a los secretarios de Movilidad de las ciudades mencionadas que respondan por el incumplimiento del fallo de la Corte Constitucional (C-038 de 2020) en el que establece los lineamientos para el cobro de infracciones por fotomulta.

La Procuraduría recuerda que en dicho fallo la Corte estableció que la responsabilidad es individual y, por lo tanto, los fotocomparendos se deben poner a quien está conduciendo y comete la infracción.

Afirma la Procuraduría en un comunicado que han conocido "quejas de ciudadanos que dan cuenta de que las alcaldías no estarían cumpliendo el fallo".
Y por eso, reitera que los secretarios tienen cinco días de plazo para presentar al Ministerio Público "las medidas adoptadas para evitar la imposición de infracciones dudosas o inexistentes a los ciudadanos".

Los secretarios tienen cinco días de plazo para presentar al Ministerio Público las medidas adoptadas para evitar la imposición de infracciones dudosas o inexistentes a los ciudadanos.

De hecho,  la Corte Constitucional aceptó una demanda contra un artículo de la ley 1843 del 2017, más conocida como la ley de fotomultas, y tumbó una parte de la norma que establecía que el propietario del vehículo debía ser solidariamente responsable con el conductor por las multas que se impusieran con esta sistema de cámaras.

Un punto de resaltar es que los  dueños de los vehículos no deben responder solidariamente por las infracciones del conductor.

Y por ejemplo, se aclara que si bien es válido que en el caso de empresas de servicio público haya una solidaridad en el pago de las multas, tanto de los dueños de esos vehículos como de quienes iban conduciendo por hechos que se le puedan imputar también a las empresas, en el caso de vehículos particulares la norma no dejaba claro a qué tipo de solidaridad se refería.

Frente a la ley que tumbó la Corte, el alto tribunal dice que no se explica cuál fue la intención del Congreso cuando creó esa solidaridad entre dueño del vehículo y conductor en el caso de fotomultas y, además, la norma era abierta.

Nota tomada de: https://www.eltiempo.com/