EMTEL E.S.P. en el ojo del huracán por proyecto de innovación ciudadana en el departamento de Santander

/ Noticias del Cauca
Por: Periodicovirtual.com

EMTEL E.S.P. en el ojo del huracán por  proyecto de innovación ciudadana en el departamento de Santander


Así lo da a conocer el reconocido columnista y abogado Oscar Jahir Hernandez a través de su más reciente ivestigación,  que compartimos con ustedes, porque EMTEL E.S.P. es de todos los Payaneses.  

Es de resaltar que para el momento de la firma de ese contrato el gerente de EMTEL era el Ing. Daniel Pajoy a quien le ofrecemos un espacio para que nos informe a los Payanes que pasó con este  proyecto.

Querido Didier, te metiste en un problema

Hace seis meses manifesté que una de  las causas por las cuales el Departamento de Santander ocupaba el primer  lugar en materia de corrupción, era la falta de compromiso del gobierno  de Didier Tavera para evitar que los dineros públicos se quedaran en  manos de los peores contratistas de Colombia.

Desde ese día hasta hoy, nada ha  cambiado, y una muestra de ello son los más de 14 mil millones de pesos  que pasaron por las arcas de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan  S.A. EMTEL E.S.P., para ir a parar a las cuentas de la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Durante los meses de febrero y marzo del año 2017, la  Gobernación de Santander decidió celebrar un convenio de cooperación por  un valor de 14.100 millones de pesos (No 883 del 5 de abril de 2017)  para llevar a cabo su proyecto de innovación ciudadana, extendiéndole  una invitación a cuatro empresas para que presentaran sus propuestas con  fundamento en un presupuesto previamente establecido por el ente  territorial.

Tres de las cuatro empresas invitadas  (INFOTIC S.A.S., ERT E.S.P., ETB E.S.P. y EMTEL E.S.P.), fueron  descartadas del proceso por sobrepasar el valor establecido en la  invitación, y solo una de ellas, EMTEL E.S.P., cumplió con el  presupuesto fijado gracias a que generosamente decidió no cobrar un solo  peso por el manejo administrativo del proyecto. Lo que genera extrañeza  no es el convenio en sí mismo, sino la contratación que EMTEL E.S.P.  hace con la empresa Inversiones Tecnológicas de América S.A. a tan solo  un mes de haberse firmado el convenio (Contrato 163 de 2017 del 2 de  mayo de 2017), por un valor de 10.941 millones de pesos.

Y es aquí donde surge la primera  pregunta: ¿Dónde están los más de 3.159 millones de pesos de diferencia  entre el convenio y el contrato?

Si al final de este asunto la empresa  EMTEL E.S.P. tuvo que contratar un tercero porque no podía cumplir con  las obligaciones estipuladas en el convenio, entonces la cooperación  entre entidades fue una mentira, y aquí lo único que se hizo fue firmar  un acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la Gobernación de  Santander, para evadir probablemente una licitación pública y permitir  que los dineros del proyecto fueran a parar en manos de un particular  como lo es Inversiones Tecnológicas de América S.A.

Y eso en cualquier parte de este país, no  es otra cosa más que un posible delito de celebración indebida de  contratos por incumplimiento de requisitos legales, y un indebido  interés en la celebración de contratos.

Dineros públicos en riesgo de perderse

Si los anteriores delitos mencionados, llegaron a cometerse por parte del gobierno departamental, serán las autoridades competen tes  las que así lo determinen, pero los dineros públicos destinados para  este proyecto, son del interés propio de la ciudadanía en general, y por  eso es que en conjunto con este escrito, he presentado una denuncia  formal en contra del gobernador ante la Fiscalía General de la Nación,  porque si hay algo que haya aprendido en este último año, es que el  Estado es a quien menos le importan los actos de corrupción que  terminamos pagando los ciudadanos.

Después de haberse firmado el convenio  con EMTEL E.S.P, la compañía de telecomunicaciones UNE EPM S.A.,  terminó de forma unilateral el contrato para la comercialización del  servicio de televisión que tenía vigente con esa empresa, por el  incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales, algo que ya  se había repetido con la empresa Transmilenio en la capital de la  República, en donde la instalación de unas cámaras de reconocimiento  facial, condujeron a que la personería de Bogotá destituyera e  inhabilitara por doce años a Ricardo Ramírez Moreno, exsubgerente  técnico del fondo de vigilancia y seguridad del distrito capital.

La decisión señala que la sanción se dio “por  suscribir un convenio (880 de 2014) para la instalación y puesta en  servicio de un sistema integrado de cámaras de vigilancia para  Transmilenio en diciembre de 2014, por más de $7.753 millones, que no se pudo activar”.  ¡Y a que no adivinan cual fue la empresa que subcontrató EMTEL E.S.P  para la ejecución del contrato en Bogota! Pues si, la misma: Inversiones  Tecnológicas de América S.A.

Los tahúres de la Gobernación

El as bajo la manga del gobierno  departamental en todo este juego pareciera llamarse Inversiones  Tecnológicas de América S.A. Esta empresa, de la cual pocas personas se  acuerdan, se ganó la licitación por más de 8.000 millones de pesos “para el fortalecimiento de la conectividad digital en las instituciones educativas oficiales del departamento de Santander”,  en compañía de la empresa Soluciones de Tecnología e Ingeniería S.A.S.,  con quien conformó la Unión Temporal denominada Conexión Santander.

Haber participado en otra licitación en  el departamento no hubiese sido de buen recibo, ya que sus integrantes  fueron objeto de delicados señalamientos durante ese proceso  contractual, y por eso debió resultarles mucho más grato el haber sido  contratados por EMTEL E.S.P. de forma privada. En primer lugar, porque a  pesar de ser un proceso de bienes y servicios, no tuvieron que licitar  para quedarse al final con más del 77% de los dineros del convenio, y en  segundo lugar, porque quien los contrataría sería un socio de vieja  data.

Una muy buen jugada para una mano de  naipes que solo podrá concluir cuando más de un funcionario termine  preso, si es que la fiscalía se apresura a recopilar las pruebas en este  entramado contractual.

La inexistente Contraloría de Santander

Diego Frank Ariza es quizás uno de los  funcionarios más pusilánimes que ha tenido la Contraloría de Santander  en toda su historia, y solo el tiempo será el que se encargue de  demostrar que su paso por la institución no fue más que un saludo a la  bandera.

Tan es así, que nadie en la Contraloría  Departamental se ha pronunciado sobre las inconsistencias encontradas  por la Auditoría efectuada por parte del ingeniero Julián Correa y Diana  Milena Ospino, funcionarios adscritos a la Contraloría General de la  República, quienes manifiestan que los 300 canales de banda ancha que  debían contratarse por un valor superior a los 2.664 millones de pesos,  se excluyeron del proyecto a cambio de instalar 84 kilómetros de fibra  óptica que hasta el día de hoy nadie ha visto, y sobre los cuales el  contratista tampoco ha sido capaz de mostrar los soportes de compra de  dicho material, poniendo en riesgo la sostenibilidad a futuro del  proyecto.

Pero lo más grave, es que la auditoría  encontró que el plazo del convenio especial de cooperación No 883 de  2017, se encuentra vencido desde el día 16 de junio de 2019, sin que se  encuentre un documento formal que dé cuenta de alguna prorroga para la  entrega en operación de la plataforma tecnológica, motivo por el cual se  logró determinar que la gestión en la ejecución del proyecto es  ineficiente e ineficaz, consolidándose así una observación  administrativa con alcance disciplinario y fiscal por un valor superior a  los 14.938 millones de pesos.

Una observación sobre la cual el señor Ariza hará lo que mejor sabe: guardar silencio.

Con el agua hasta el cuello

El señor Didier Tavera dejará la Gobernación de  Santander con unos serios problemas por resolver, y será Mauricio  Aguilar quien con su equipo de trabajo y un nuevo contralor  departamental, tendrá que actuar en debida forma para proteger los  recursos de los santandereanos involucrados en casos como este. Por  ahora, lo único que esperan los ciudadanos, es que los medios de  comunicación recuerden que los aplausos se reservan siempre hasta el  final de la función.

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