CASA POR CÁRCEL: UNA MEDIDA SIN CONTROL

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Por: PeriodicoVirtual

CASA POR CÁRCEL: UNA MEDIDA SIN CONTROL

Cerca de 5 mil personas cumplen prisión o detención domiciliaria en B/quilla. De estas, 428 medidas se han concedido en este 2019. 122 han sido a personas reincidentes en delitos graves. Foto por: Shutterstock

Este año, 41 personas beneficiadas con domiciliaria han sido asesinadas. Autoridades piden sustituirlas por intramural para evitar exponerlos y a los ciudadanos en general.

El pasado viernes 26 de abril,  hacia las 3:15 de la tarde, Wilmer Alvarado Macías fue asesinado de cinco balazos cuando transitaba a pie por el barrio La Inmaculada de Soledad, fuera de su vivienda donde debía estar cumpliendo su detención domiciliaria tras haber sido capturado el pasado 30 de marzo de 2019 con una granada en su poder.

Alvarado Macías, conocido en el mundo del hampa como alias Billete, era considerado como el tercero al mando de la banda delincuencial ‘los Costeños’, luego de Castor y Digno Palomino. Además, tenía procesos en su contra por delitos como concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado y homicidio. Sin embargo, un juez de la República, en su sapiencia y autonomía, consideró otorgarle el beneficio de la casa por cárcel.

Según el abogado penalista Dagoberto Guzmán Quiroz, la medida domiciliaria es una manera de resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra sindicada porque transgredió la ley.

“La medida domiciliaria está establecida en la normatividad penal nuestra y es una de las maneras con la que los jueces pueden, según su saber y entender, y el análisis y la independencia con la que ellos administran la justicia, resolver la situación jurídica de una persona”, dijo el abogado.

Según el Código Penal colombiano la detención domiciliaria permite que un reo cumpla su período de encarcelamiento dentro de los límites de su hogar,  y se da principalmente cuando la sentencia es igual o menor a los cinco años de prisión, cuando se trata de una persona de la tercera edad, cuando son padre o madre cabeza de hogar cuyos hijos dependen únicamente del procesado o cuando padece algún trastorno que requiere la permanencia en una vivienda.

Cabe aclarar que existe una diferencia entre detención y prisión domiciliaria. La primera es para personas indiciadas; es decir, que no han sido condenadas aún, y la segunda, se otorga a personas que ya recibieron una sentencia en juicio.

En Barranquilla el número de personas beneficiadas por detención y prisión domiciliaria supera los 5 mil, de los cuales 428 han recibido el beneficio en lo corrido de 2019. De estos, 122 son delincuentes reincidentes; es decir, que han tenido más de una anotación judicial por los mismos delitos.

Pero otra cifra tan alarmante como real es que durante este 2019 de los 99 homicidios que van hasta la fecha, 41 han sido de personas que tenían el beneficio de la casa por cárcel, señaló la Policía. La mayoría fueron atacados por fuera de sus residencias; es decir, incumpliendo la medida.

El general de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Mariano Botero Coy, esta semana hizo un llamado a los jueces de la ciudad para que estas medidas sean reconsideradas porque “hay varias personas que están capturadas por delitos gravosos como el homicidio, la extorsión y el concierto para delinquir y algunos están en casa por cárcel”, dijo.

Ante esta situación, surge entonces el interrogante de si el otorgamiento de medidas sustitutivas de la libertad consistentes en detención domiciliaria de alguna manera incide en el aumento de la delincuencia común, dado que los bandidos reincidentes reciben como “premio” la estadía en sus casas y la oportunidad de seguir delinquiendo.

El último homicidio de persona con detención domiciliaria fue el de alias Billete.

El análisis

Para Guillermo Polo, secretario del Interior del departamento del Atlántico, el tema de las medidas domiciliares es más una consecuencia de un problema estructural que un problema en sí.

“Aquí el tema es estructural, no hay suficientes cárceles, ni jueces, ni fiscales, ni investigadores judiciales, esa gente trabaja con las uñas y es necesario mayor inversión de capital para mejorar la rama judicial en Barranquillla”.

Sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), que se implementó en la ciudad desde el primero de enero de 2008, Polo señaló que si bien este ha mejorado y es garantista, “no hay duda de que el problema principal está en la Rama Judicial”.

Además, el secretario señaló que la problemática de la reincidencia impacta  significativamente en los fenómenos delictivos como el hurto y el microtráfico en la ciudad y su área metropolitana.

“Personas que han sido capturadas y quedan en domiciliaria o vinculados a un proceso tienen una incidencia en el delito. Además, no los están vigilando, el Inpec no tiene personal suficiente y no hay quien garantice el cumplimiento de la medida”, sostuvo.

Otro tema crucial que se pone de presente es la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles del país por sobrepoblación y abarrotamiento en el número de reclusos en sus instalaciones. Lo cual deriva en la búsqueda y uso de otro tipo de sistemas penitenciarios que, según el tipo de delito cometido, permiten refrescar un poco el hacinamiento en el que se incurre dentro de las múltiples instalaciones penitenciarias a nivel nacional.

Según datos obtenidos hasta el cierre de 2018, la cárcel más grande que tiene Barranquilla: la Modelo, tenía una sobrepoblación de 851 internos en un penal que tiene capacidad para 459.

Una manera de descongestionar el sistema sin desapegarse a la ley es hacer uso de la medida de prisión domiciliaria. En los registros de la Cárcel Modelo, 3.500 procesados han sido beneficiados con esta figura, de los cuales 40 son monitoreados por medio del brazalete electrónico.

Para los que no tienen dispositivos, les corresponde a miembros del Inpec hacer la revisión diaria. “Son solo tres personas, dos que hacen hasta 10 revisiones diarias en promedio y uno que hace las veces de secretario que debe llevar el registro de las visitas. También tienen que notificar a los que les otorgan la medida, trasladarlos de la URI a las residencias. A diario, entre 8 y 10 personas reciben domiciliaria”, dijo un miembro del instituto carcelario que prefirió omitir su identidad.

Sin embargo, Gustavo Roa Avendaño, magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, dijo que el tema del hacinamiento en las cárceles no debe limitar a los jueces a la hora de impartir justicia.

“El juez no puede dejarse llevar por la situación de las cárceles y fallar en su rigor jurídico como lo dicta la ley. El problema del hacinamiento es del Inpec, ellos lo deben resolver”, dijo.

El magistrado Roa, ante el tema de la creciente delincuencia en la ciudad, sostuvo que en lo que falla la justicia es el quantum (monto)de la pena”.

“Lo que está fallando  es la dosimetría penal, hay que elevar la sanción que se le debe colocar a cada sujeto por haber incurrido en un delito tipo penal y que sea una pena ejemplarizante, porque el código penal actual al bandido le da risa”, señaló.

Para el magistrado del Tribunal Superior una reforma a la justicia es totalmente necesaria.

“La reforma es totalmente necesaria porque esto está pésimo y olvidarnos de la casa por cárcel, que sea solo intramural, tras las rejas, pero todos sabemos que eso lleva un agravante y es que va a salir el Inpec a decir que las cárceles están llenas, que no hay espacio, que tienen hacinamiento,  entonces que el Estado se ponga las pilas y construya más cárceles”, puntualizó.

Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad Distrital, fue enfático al decir que las decisiones que toman los jueces no deben cuestionarse, aunque algunas de ellas “puedan tener unas consecuencias para la ciudad que no compartamos”. No obstante, señala algo que se debe tener en cuenta y es que estas personas que son beneficiarias de la medida de casa por cárcel están quedando expuestos a ser víctimas de homicidio así como su núcleo familiar, y como ejemplo trajo a colación dos casos recientes que han ocurrido en los últimos meses en Barranquilla y que guardan relación entre sí, puntualmente el de Aura María Obregón, asesinada a bala en Rebolo.

La mujer era hermana de alias Manchas, preso por presuntamente causar la muerte de Breisneider Utria Cuadrado, quien tenía prisión domiciliaria, y a su pequeña hija de dos meses en hechos ocurridos el pasado martes de Carnaval, también en Rebolo.

“La solicitud que hizo el general, muy respetuosamente, es que los jueces reconsideren estas medidas y las sustituyan por intramural porque estas personas están en riesgo, así como sus familiares, de ser asesinadas, y es acudiendo principalmente al derecho a la vida que es el máximo bien que tenemos todos”, indicó Turbay.

El jefe de la Oficina de Seguridad Distrital coincide en la necesidad de una reforma al sistema penal, pero no solo a ese, sino  también al penitenciario y al carcelario.

“Hemos trabajado para la construcción de un nuevo penal por valor de $120 mil millones, que tenga dos mil cupos y que cumpla con el tema de la resocialización para las personas que paguen allí sus penas. Pero también es cierto que en el tema de la reincidencia hay que revisar lo que está pasando allí, porque es necesaria una reforma al sistema penal que facilite la judicialización de estas personas de manera inmediata, pero no es solo eso, sino también la recurrencia con la que estas personas actúan y que afectan la seguridad ciudadana”, dijo.

Turbay difiere de la posición de aumentar las penas a los procesados poniendo como ejemplo que desde la creación de la figura del feminicidio los procesos en Colombia se han alargado, aumentando así la carga en los juzgados.

“Hemos aumentado las penas y sigue siendo igual, porque, por ejemplo, al cambiar la figura de homicidio agravado a feminicidio cuando se mata a una mujer, a los procesados les da igual allanarse a los cargos o ser vencidos en la etapa final del juicio porque saben que igual la pena es entre 45 y 60 años sin ningún tipo de beneficios ni subrogados”, señaló Turbay.

Que investigar, seguir, capturar, llevarlos ante la Fiscalía, abrirles procesos, presentarlos en audiencia y que después sean beneficiados con casa por cárcel personas con sendos antecedentes judiciales por delitos graves representa un desgaste a la justicia, es algo en que coinciden todos los funcionarios entrevistados por EL HERALDO.

Aún así, la Policía Metropolitana señaló que, de ser necesario, “si 100 veces salen libres, 100 veces los capturaremos”, dijo el comandante de la institución, general Mariano Botero.

Fuente: elheraldo.co

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