De las 309 personas asesinadas en Colombia en 77 masacres registradas en lo corrido de 2020, con corte a noviembre 22, el Cauca ha puesto una cuota muy alta: 38 víctimas mortales en 12 masacres, de acuerdo con el seguimiento que le ha hecho al tema el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Según este observatorio, se entiende por masacre “el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, en estado de indefensión y en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar”.

Dentro de esa clasificación están las masacres de abril en Cauca que dejaron siete víctimas mortales: 4 en Piamonte y 3 en Buenos Aires; las tres masacres de mayo que dejaron 10 crímenes: 4 en Mercaderes, 3 en Suárez y 3 en Corinto.

También están las 9 víctimas de agosto: 3 en El Santander de Quilichao y 6 en El Tambo; las 9 víctimas de septiembre: 3 en El Tambo y 6 en Buenos Aires; lo mismo que las 3 víctimas en Mercaderes en octubre, y las 6 personas masacradas en Argelia en las dos matanzas de noviembre.

Se trata, entonces, de una “situación preocupante” al decir en su último informe por la Oficina de las Naciones Unidad para la Coordinación de Asuntos Humanitarios que advirtió hace pocos días que estas cifras doblan las registradas el año pasado cuando contabilizó 35 masacres en el país.

Para el Gobierno nacional, y así lo ha expresado en varias ocasiones el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García, este accionar violento se explica por el narcotráfico, de ahí que una de las prioridades del Ejecutivo es la fumigación de las más de 160 mil hectáreas de cultivos ilícitos que aún tiene Colombia en más de 25 departamentos.

No solo narcotráfico

Sin embargo, esa no es la única causa, al menos eso piensan los expertos, como el exministro Camilo González Posso, director de Indepaz para quien son varios los factores que inciden en este nefasto balance.

“Al departamento del Cauca han entrado nuevos grupos armados a distribuirse territorios en Argelia, El Tambo, el cañón de Micay, entre otros, para disputarse la exportación de cocaína y someter a la población civil”.

González agrega que hay otras zonas en el nororiente del Cauca también en disputa de grupos ilegales donde la lucha es por los cultivos de marihuana, en otras regiones es por la explotación ilegal del oro y hasta por los anuncios de posibles exportaciones desde la Cordillera Central hacia el Macizo Colombiano.

“Aquí hay muchos intereses en juego de muchos grupos armados ilegales que quieren posicionarse por la vía de las armas para quedarse con estos corredores estratégicos de cara a la apropiación de armas con violencia. Y como si fuera poco, la situación se hace más crítica para la población porque por cuenta de la pandemia la gente está en sus casas, es más vulnerable, está desprotegida sin que el Estado tenga una presencia eficaz”, señala el experto.

La misma situación, agrega, es la que se registra en otras regiones del país con altos índices de violencia como Antioquia, el Catatumbo, sur de Córdoba y Nariño donde las masacres no solo han cobrado la vida de campesinos sino de líderes sociales, defensores de derechos de derechos humanos y desmovilizados.

Es cierto, el narcotráfico es una de las causas pero no la única: en esos territorios como en el Cauca hay economías ilegales, secuestro, extorsión. Hay estructuras mafiosas. Es decir, el narcotráfico es una de las causas de esta violencia, pero no es la única. Este es un fenómeno delincuencial acendrado que no se resuelve únicamente con Fuerza Pública para combatir a esos pequeños grupos”, sostiene González Posso.

Una de las falencias de la política gubernamental, a juicio de Indepaz, es que tras cada masacre se hace un Consejo de Seguridad, se ofrecen recompensas y se anuncian medidas de choque frente a la población, “pero la gente lo que espera es la presencia social del Estado. Lamentablemente esta es una situación que lleva mucho tiempo”, asegura el director de Indepaz.

Un diagnóstico muy similar plantea Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

En su análisis, el Cauca tiene una concentración de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales muy compleja.

“En el Cauca, se están desarrollando tres guerras al mismo tiempo: una en el norte en municipios como Caloto, Caldono, Toribío, Jambaló, donde está una de las disidencias más fuertes de las Farc como es la ‘Agoberto Ramos’. En el sur del Cauca es lo más grave, en Argelia, Balboa y Bolívar, donde hay una disputa entre cuatro grupos armados y donde están la disidencia de ‘Carlos Patiño’, el Eln y otros grupos más que se disputan ese territorio. Y hay una tercera guerra en el Pacífico colombiano en la zona de Güapí, Timbiquí y López de Micay, en límites con Nariño”.

Es decir, para el catedrático Ávila, en el Cauca hay alrededor de 15 grupos ilegales todos en guerra, unos contra otros, y la presencia del Estado ha sido muy débil.

“El narcotráfico es un factor determinante, de eso no hay duda, pero no es lo único: hay disputa de tierras, hay economías ilegales, hay corrupción”, sostiene.

Y al igual que sucede en las demás regiones del país afectadas por la misma problemática, la guerra por los corredores de movilidad el tráfico de drogas, de armas, de minería ilegal, deja en la mitad a comunidades vulnerables como la población indígena y  afrodescendiente.

“En zonas como el Pacífico, en Nariño, en Cauca, Valle, Chocó, etc., quienes están llevando la peor parte son las comunidades indígenas y negras” señala.

No hay fórmulas mágicas

Los dos expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que mientras no haya un viraje social de la política del Estado estas regiones seguirán siendo caldo de cultivo para la disputa territorial de los grupos armados al margen de la ley.

“En Antioquia, en el bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el Chocó, Nariño y Cauca,  son regiones en disputa de los grupos y las economías ilegales. Estas agrupaciones armadas al margen de la ley son como las nuevas expresiones paramilitares de otras épocas porque están al servicio de grupos mafiosos y que el Gobierno no ha podido controlar”, señala González Posso.

A su turno, Ávila advierte que “soluciones milagrosas ya no hay”, al referirse a que después de la salida de las Farc de esos territorios “en el norte del Cauca hubo más de año y medio donde no apareció nadie, ni el Estado, entonces los grupos ilegales comenzaron a entrar y a marcar territorio”.

Los dos expertos concluyen en que si bien el narcotráfico ha sido la gasolina de la violencia, ni es la única causa de la misma ni se puede combatir solo con fumigación de cultivos ilícitos.

Nota tomada de: El Nuevo Siglo | Noticias de Bogotá, Colombia y el mundo