Los hechos de violencia en el Cauca, que se vienen intensificando desde el 26 de marzo pasado, no han pasado desapercibidos para los organismos internacionales. Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que este martes 27 de abril emitió un mensaje pidiéndole al Gobierno colombiano que fortalezca los esfuerzos para defender a la población civil de ese departamento.

Por medio de un comunicado oficial, el organismo de la OEA expresó “su preocupación por la violencia en el Cauca, especialmente, por el desplazamiento forzado de la población y por el asesinato de personas con liderazgo social. La CIDH exhorta al Estado de Colombia a redoblar sus esfuerzos para desarrollar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia en el país y que garanticen el accionar de las personas con liderazgo social con enfoque étnico diferenciado, así como fortalecer las medidas de atención a las personas desplazadas”.

No sobra mencionar que sólo los enfrentamientos registrados entre miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales como las estructuras disidentes ‘Dagoberto Ramos Ortiz’ y ‘Carlos Patiño’ o el frente José María Becerra del ELN, los días 26 y 27 de marzo en los municipios de Argelia y Caloto dejaron, sólo ese fin de semana, un saldo de 2.500 desplazados, que se vio incrementado la semana pasada con 250 más que huyeron luego de que se registraran nuevos combates.

Tampoco se quedan atrás hechos como el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocue, el pasado 20 de abril, por oponerse al incremento de los cultivos ilícitos en el departamento; o el subsecuente ataque perpetrado por grupos armados contra la minga que protestaba contra dicho hecho de violencia, dos días después, y que dejó a 22 personas heridas y a 12 agresores capturados por las autoridades ancestrales.

La situación preocupa pues, como señala la CIDH, “desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, habrían sido asesinadas 271 personas con liderazgo social en el departamento del Cauca, el 51 % de estos homicidios fueron contra de personas indígenas, el 26 % contra personas campesinas con liderazgo social, y 11 % contra líderes y lideresas afrodescendientes. Asimismo, la mayoría de líderes y lideresas habrían estado vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”. Eso, en un contexto donde 5.516 de las 99.097 familias inscritas a esa iniciativa tienen en marcha un proyecto productivo, como alternativa a las economías ilícitas.

Por último, están los enfrentamientos registrados entre el 24 y 25 de abril en el municipio de Timbiquí, donde al menos 5.000 personas se encuentran en riesgo de desplazamiento, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo.

En suma, cita la Comisión, los datos publicados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señalan que, durante el primer trimestre del año, en el departamento de Cauca, 497 personas han sufrido el confinamiento forzado en sus viviendas y comunidades, así como 5.527 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. De ellas, 4.700 en el municipio de Argelia; las situaciones restantes se han registrado en Guapi y Timbiquí.

Expuestos todos esos casos, la CIDH urgió a Colombia a desarrollar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos destinadas a transformar las causas estructurales de la violencia, “así como a implementar integralmente el Acuerdo de Paz, en el entendido de que este representa la posibilidad de avanzar en una agenda de políticas públicas destinadas a la transformación de las causas que subyacen en la violencia en el país”.

Adicionalmente, recordó al Estado que es su deber prevenir los hechos que llevan al desplazamiento interno y el confinamiento de personas “mediante la adopción e implementación de medidas generales de prevención de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, entre otras, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, así como la adopción e implementación de medidas específicas en los casos en los que es evidente que determinadas personas enfrentan un riesgo real e inmediato de ser víctimas” de dichos hechos.

Finalmente, reiteró que como actor internacional está dispuesto a contribuir en el proceso de construcción de dichas políticas, por medio de herramientas de cooperación técnica.

Nota tomada de: https://www.infobae.com/