Cómo se evitó que el Municipio de Popayán pagara más de $30.000 millones de pesos en forma ilegal.

/ Opinión
Por: Álvaro Antonio Casas Trujillo

Cómo se evitó que el Municipio de Popayán pagara más de $30.000 millones de pesos en forma ilegal.


Es bueno refrescar la memoria, porque su fragilidad hace que las personas olviden cosas importantes para el Municipio de Popayán, sobre todo cuando los contradictores acuden al recurso del desprestigio, como retaliación al ejercicio del Control Social.

Corría el año 2012, cuando el Presidente del Concejo de Popayán se declaró impedido para resolver la petición de liquidación de honorarios, presentada por un grupo de Concejales y Exconcejales de Popayán, presuntamente causados entre los años 2001 y 2011.

Por error inducido, el Presidente del Concejo nombró a su subalterno, el secretario de actas, como Presidente Ad hoc, para que resolviera el recurso, porque la petición fue inicialmente negada, en lugar de enviar el impedimento al Procurador Regional, para que nombrara un Presidente Ad hoc, como ordena la Ley.

La decisión del Subalterno irregularmente nombrado, fue lógica, pero abiertamente ilegal, reconoció a favor de los Peticionarios, incluido su Jefe, DIECINUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($19.000.000.000,00) más intereses de mora e indexación.

El Jefe de la Oficina Jurídica, abogado ÁLVARO ANTONIO CASAS TRUJILLO, tuvo que declararse impedido, pero promovió una Acción Popular contra la decisión irregular, en defensa de los Derechos Colectivos a la Moral Administrativa y el Patrimonio Público.

La demanda fue coadyuvada por varios Concejales y fue fallada por un Juez Administrativo, que dispuso la suspensión del acto administrativo de reconocimiento y ordenó al Municipio demandar la nulidad de la resolución, claramente lesiva a los intereses de la Comunidad de Popayán; hasta la fecha, el Gobierno de Popayán no ha cumplido con esta obligación.

Los Apoderados de los Concejales y Exconcejales beneficiarios del reconocimiento irregular, encabezados por al Abogado JORGE ELIÉCER OREJUELA MOLANO, apelaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que confirmó la decisión; no conformes con su derrota procesal llegaron, incluso, a intentar una Acción de Tutela contra el Tribunal, ante el Consejo de Estado.

De esta manera, mediante una Acción Popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, se evitó el pago irregular de más de $30.000.000.000,00, por concepto de honorarios, intereses de mora e indexación, correspondientes a periodos de sesiones claramente prescritos, en el Concejo de Popayán.

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