El triángulo de la corrupción en la Administración Pública

/ Opinión
Por: Álvaro Antonio Casas Trujillo

El triángulo de la corrupción en la Administración Pública


La corrupción en la Administración Pública es más visible que en el sector privado, pero igualmente deplorable, si bien, a veces, se mezclan en alianza para desfalcar los recursos del Estado.

La historia reciente ha demostrado que la principal herramienta para apropiarse indebidamente de los bienes y recursos del Estado, son los contratos estatales.

Para ello, el esquema de la corrupción por vía contractual se monta sobre el concurso de tres (3) delitos:

  1. Celebración indebida de contratos, bajo cualquiera de sus tres modalidades, o todas:

a. Violación del régimen legal y constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

b. Contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

c. Interés indebido en la celebración de contratos.

Falsedad documental, que puede ser ideológica o material, en documento público o privado.

Peculado por apropiación, el rey de los delitos contra la Administración Pública.

El punto de llegada es el peculado por apropiación, para adueñarse indebidamente de los recursos y a veces de los bienes del estado, cuando se dispone irregularmente de ellos.

Para ello, el ordenador corrupto y sus cómplices, malversan los ordenamientos obligatorios de la contratación estatal, pretermiten procedimientos,  elaboran pliegos a la medida del oferente socio o amigo, excluyen ilegalmente a sus competidores y aceptan documentos falsos que habilitan al compinche.

Luego, en la ejecución, no exigen la calidad y cantidad pactada en los bienes y servicios contratados, con la complicidad del supervisor e interventor, vuelven a falsificar o aceptan documentos falsos y reciben el beneficio indebido de su favorecimiento.

Claro, a veces hacen su aparición otros delitos, para perfeccionar los bajos fines del corrupto; no es extraño que también cometan tráfico de influencias, cohecho, concusión, prevaricato y hasta concierto para delinquir, cuando constituyen una organización criminal para lograr sus sucios objetivos.

Así de fácil y de manera miserable, se apropian de los recursos que provienen del trabajo de los ciudadanos, quienes, con esfuerzo y a veces sacrificio, pagan los impuestos, tasas y contribuciones que les impone el Sistema Tributario.

A este deplorable panorama se agrega la inacción de los Órganos de Control, que muchas veces son laxos en las investigaciones, que suelen terminar en fallos inhibitorios o de archivo, a pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por quejosos y denunciantes.

Contra esto hemos luchado y seguiremos luchando, en ejercicio del Control Social, en defensa de los bienes y recursos públicos y de los recursos naturales.

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