Hasta el día de hoy comunidades indígenas, campesinas y de otras organizaciones procedentes de varias regiones del país, esperarán una respuesta positiva del gobierno nacional frente a dos peticiones con las que buscan se garantice el derecho a la protesta, o de lo contrario procederán al cierre total de la vía panamericana en el departamento del Cauca.

Una de las primeras exigencias es que el gobierno retire el decreto por medio del cual se ordenó la asistencia militar en las regiones, tema que de acuerdo a las organizaciones tiene varios vacios que ponen en peligro a quienes están en movilización.

“No estamos una mesa de negociación donde el tema sea el signo pesos, lo que estamos es pidiendo garantías para la vida y para la movilización, por lo que es necesario para respetar la protesta social”, afirmó el consejero mayor del CRIC Hermes Pete.

Otra de las peticiones está relacionada con la presencia en el Cauca del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa a quien le pedirán que se comprometa a avanzar en las investigaciones sobre los ataques de civiles armados contra manifestantes y a la no judicialización de la protesta entre otros temas.

“El fiscal debe dar la garantías en la no judicialización, en el esclarecimiento de las desapariciones, en las muertes que se han presentado y en la libertad de quienes injustamente han sido detenidos”, puntualizó Pete.

Los voceros de las diferentes comunidades aseguraron que si las peticiones son atendidas y se cumplen, se procederá a un desbloqueo completo de las vías en todos los puntos del país en los que hacen presencia en el Cauca, Caldas, Huila y Putumayo.

Por su parte el viceministro del interior Juan Pablo Díaz Granados, quien se reunió con las organizaciones que dieron el ultimátum para el cierre de varios puntos de la vía panamericana, manifestó que se empezaron adelantar las gestiones para poder tener una respuesta lo más pronto posible.

Frente a la visita del fiscal aseguró que está por confirmarse el funcionario que llegaría y la hora, aunque no se aseguró que sea el propio fiscal Francisco Barbosa como se ha exigido.

Sobre la asistencia militar manifestó que si se mantienen los desescalamientos y se avanza en los desbloqueos no hay necesidad de aplicar dicho decreto.