Orquestada por el mismo vicepresidente Germán Vargas lleras, con la complicidad y la pasividad de los Gobernadores Temístocles Ortega y Oscar Campo, cuya  tramoya aconteció desde que se adjudicó. Obvio que ni el gobierno ni el concesionario Nuevo Cauca, ni los organismos de control del Estado, nadie quiere reconocer improvisaciones, desajustes e insuficiencias, ni mucho menos las incidencias en hallazgos  fiscales, disciplinarios, penales y políticos.

Resulta vergonzoso que el tramo Cauca-Nariño sea de los peores en infraestructura, señalización y seguridad vial, comparado  con las vías doble calzada del país y las autopistas  del Ecuador. Más funesto aún que la construcción y pavimentación de la doble calzada, en una extensión de 76 kilómetros, que hace parte de las autopistas de la Segunda Ola de Cuarta Generación -4G- con inversiones superiores al billón 600 mil millones de pesos,  fracasaron todos los intentos de cierre financiero, con los bancos nacionales y extranjeros, tales como: Banco Davivienda, Natixis New York Branch y Banco Sabadell S.A.

Hay tres opciones para realizar la obra: la liquidación unilateral del contrato y convocatoria a nueva licitación; la cesión de derechos adquiridos a un nuevo contratista o que lo ejecute directamente el concesionario ya vinculado, que es el Consorcio Nuevo Cauca, cuyo accionista mayoritario es el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte.

Han fracasados todas las acciones emprendidas para enderezar el proyecto, que por causa de la negligencia  del gobierno nacional. Se está urgiendo  una presunta indemnización de 200.000 millones de pesos por parte del contratista que lo hizo fracasar. Nuevo Cauca, al parecer ni siquiera  contrato el personal administrativo para la construcción de la segunda calzada en un trayecto de 76 kilómetros, más el mejoramiento y rehabilitación de la vía existente.

Son muchas las causas y también los funcionarios públicos que condujeron al fracaso de una obra que dotaría al Cauca, y a Colombia, de un bien público esencial, indispensable, destinado a garantizar los derechos fundamentales a la libertad de movilidad y la seguridad, y a mejorar la economía regional. Un contrato repleto de perplejidades, con un grado muy bajo de preparación por parte del gobierno: muchas dudas y vacíos sobre adquisición de predios, licencias ambientales, consultas previas a comunidades étnicas, riegos por orden público y conflicto armado en la región, incierta explotación económica futura a partir de unos peajes que desde el principio fueron rechazados por las comunidades, y el no haber evaluado seriamente la solvencia financiera del contratista.

El Estado no se apersonó del proyecto ni mucho menos ejerció un rol específico y decisivo para garantizar el éxito del proyecto, todo lo redujo a componendas y aplazamientos sin sustento jurídico, a quien no le importan las altas pérdidas económicas y sociales  por causa de su más precaria negligencia y actos de preocupante corrupción.

Al revisar el estado  precario de los procesos concesionados con el consorcio Nuevo Cauca,  no pudo superar siquiera las consultas con los grupos étnicos y el cierre financiero con la banca, lo  que hizo fracasar de manera contundente las cuatro unidades funcionales de la doble calzada, originando  un detrimento patrimonial de consecuencias imprevisibles para la región en la ejecución de las obras que impedirá la conectividad con las vías 4G entre Pasto y Rumichaca Popayán, Santander de Quilichao, Cali y Buenaventura para conquistar los mercados del Pacifico; así como la interconexión con las Autopistas Santana-Mocoa-Neiva.

Sería importante que la dirigencia caucana y nariñense, logren que  el nuevo ejecutor y el gobierno Nacional  estructuren financieramente el proyecto con el  uso de  los créditos Mini Perms, como herramienta que permitirá que la banca internacional, con restricciones para financiar a largo plazo, participe más activamente. El crédito tipo Mini Perm es un instrumento financiero de mediano plazo, utilizado para financiar proyectos de infraestructura con el propósito de cubrir el periodo de construcción e inicio de la operación, para luego ser refinanciado con una deuda de más largo plazo.