La falsa descentralización en Colombia

/ Opinión
Por: Álvaro Antonio Casas Trujillo

La falsa descentralización en Colombia


En cuanto a la relación entre el Poder Central y el Poder Territorial, la Constitución Política de Colombia adopta la fórmula CENTRALIZACIÓN POLÍTICA y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

El primer elemento, CENTRALIZACIÓN POLÍTICA, corresponde a la característica esencial del Estado Centralista o Unitario, aquel en el cual las principales funciones públicas están en cabeza del Poder Central, es decir, de las Autoridades Nacionales, en particular, la función legislativa.

El segundo elemento, DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, consiste en que la Ley transfiere funciones administrativas, de las Autoridades Nacionales, a Entes distintos del Poder Central, para que las ejerzan con autonomía.

Esos Entes pueden ser Especializados en cumplir una función o prestar un servicio, Sociedades de capital público y privado, Particulares que cumplen una función administrativa por autorizazación legal o Entidades Territoriales, como los departamentos, municipios, el Distrito Capital, los Distritos Especiales y las entidades territoriales indígenas.

Esta última forma de descentralización administrativa es la DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL y se denomina así porque se produce con las Entidades Territoriales, de que habla el artículo 286 Constitucional.

En 1986, con la reforma constitucional que estableció la Elección Popular de Alcaldes, se inició un proceso de Descentralización Territorial cuyo objetivo era el fortalecimiento de los Municipios.

Para ello se expidió la Ley 11 de 1986 y los Decretos Leyes 77, 78, 79, 80 y 81 de 1997, que trasladaron funciones administrativas de las Entidades Nacionales a los Municipios.

Pero los esfuerzos de la Ley 12 de 1986 por transladar nuevos recursos a los Municipios, no fueron suficientes y por eso decimos que la descentralización administrativa en Colombia es falsa, porque se limitó a transferir funciones a los Municipios, pero no así los recursos necesarios para financiarlos; en resumen: los municipios deben cumplir más funciones, pero los mismos recursos.

El resultado actual es que tenemos unos municipios cargados de nuevas responsabilidades administrativas, pero débiles en sus finanzas para atender esas nuevas funciones.

El afectado no es solo el Municipio, sino también el ciudadano que acude a demandar los servicios que debe proveer un Municipio empobrecido, no solo por el déficit presupuestal que ha generado este esquema, sino por la fuga de recursos que migran al bolsillo del Gobernante Corrupto.

Deben buscarse soluciones; estas no están en impulsar reformas tributarias que aumenten la carga de impuestos a favor de los departamentos y municipios y a cargo de sus contribuyentes; tampoco sería acertado pensar en las regalías, porque estos recursos están destinados a financiar proyectos de inversión que han sido priorizados en el respectivo Plan de Desarrollo Departamental o Municipal.

La solución está en revisar las transferencias que llegan a las Entidades Territoriales por el Sistema General de Participaciones y  flexibilizar la destinación de sus recursos, hoy limitados por el artículo 356, a financiar la salud, la educación, agua potable y saneamiento básico, así como la llamada Inversión Social, en los términos señalados por la Corte Constitucional.

De esta manera, los municipios podrían destinar un porcentaje de los recursos que provienen de La Nación por vía SGP, a la financiación de esas nuevas responsabilidades que han llegado por el camino de la falsa descentralización.

Advertise
Do you have any presale question to ask?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.