La "olla podrida" en el ICBF: Hasta los muertos recibían beneficios

Otro hallazgo fiscal relevante, por $1.111 millones, se encontró en la Regional Cauca y está relacionado con inejecuciones en los contratos de aporte de la vigencia 2021, no reintegrados por los operadores.

La "olla podrida" en el ICBF: Hasta los muertos recibían beneficios

Con 62 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen posible incidencia fiscal en cuantía de $9.127 millones, 37 con presunta connotación disciplinaria, 8 de carácter penal, 6 con otras incidencias y 8 más para apertura de indagación preliminar, concluyó una auditoría de cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El ejercicio auditor, realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, se hizo sobre los recursos asignados para el proyecto denominado “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” y a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional (AAVN) en la vigencia 2021 y primer semestre 2022 (con corte 30 de junio del presente año).

Los hallazgos detectados llevaron al organismo de control a emitir un concepto de Incumplimiento Material con Reserva y calificación de control interno con deficiencias.

Beneficiarios no encontrados y fallecidos en Chocó

El hallazgo fiscal de mayor cuantía detectado en esta auditoría, y que también tiene incidencia disciplinaria, es por $6.611 millones, y está relacionado con inconsistencias en las bases de datos “Reporte cuéntame 2021” y “Reporte cuéntame 2022” de la Regional del ICBF en el Chocó, que fueron analizadas y cruzadas con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, arrojando campos con estados como: “NO ENCONTRADOS Y FALLECIDOS”, de presuntos beneficiarios a los que se les habría prestado los servicios contratados para las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluyendo menores y mayores de edad.

Para el cálculo de ese presunto detrimento, se tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación.

Según la Contraloría, la situación encontrada en la Regional del Chocó ocurre por deficiencias en los mecanismos de control y supervisión a la base de datos o herramienta Cuéntame con que dispone el ICBF como fuente de registro de los beneficiarios de sus diferentes programas, lo que pone en riesgo de pérdida los recursos destinados a su atención.

Los hallazgos fiscales en esa Regional del ICBF suman en total $7.016 millones, incluyendo otros 2 que tienen que ver con constitución de cuentas maestras y cobro de gravamen a los movimientos financieros.

Otro hallazgo fiscal relevante, por $1.111 millones, se encontró en la Regional Cauca y está relacionado con inejecuciones en los contratos de aporte de la vigencia 2021, no reintegrados por los operadores.

Traslado de hallazgos

Los hallazgos disciplinarios establecidos en esta auditoría serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación y los penales a la Fiscalía General de la Nación. También habrá traslado de hallazgos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP.

Indagaciones preliminares por hallazgos relevantes

Con base en alertas de la DIARI, la auditoría de cumplimiento al ICBF determinó 4 hallazgos para apertura de Indagación preliminar relacionados con la Actualización de base de datos de entrega de Unidades de Servicio (UDS) de raciones para preparar en la Regional Amazonas, y 3 hallazgos en la Regional Vichada por entrega de raciones a beneficiarios cuyo documento no está en la base de datos del ICBF o son presuntamente fallecidas.

En este último caso, en el Vichada, se encuentra una base de datos con información relacionada de entregas a fallecidos y suplantación de identidad.

Deficiencias detectas en la auditoría

Para realizar esta auditoría, la CGR evaluó 190 contratos suscritos por el ICBF por $1.100.871.557.980, donde se verificó el cumplimiento normativo en la ejecución de estos recursos, la trazabilidad en la selección de los operadores, el cumplimiento del objeto contractual y lineamientos técnicos, la legalidad y correspondencia de los pagos realizados en virtud de dichos contratos y la efectividad de la supervisión.

El resultado de esta evaluación indica que se detectaron incumplimientos y diversas situaciones en los contratos de la muestra seleccionada, suscritos por el ICBF para la prestación de los servicios de Atención a la Primera Infancia.

Dichas situaciones están relacionadas principalmente con:

-Deficiencias en los estudios previos en lo que respecta a la falta de detalle o descripción sobre cuáles y cómo fueron los cálculos que se realizaron, para establecer el valor de las canastas diferenciales según cada componente, y el valor total de los contratos para las vigencias auditadas.

-La información y metodología utilizada para realizar dichos cálculos se encuentra dispersa.

-Se advierte una inadecuada planeación en el número de cupos a atender frente a las Unidades de Servicio (UDS) necesarias para la prestación del servicio.

-Sedes para prestación de servicios, con condiciones de riesgos para los menores que son atendidos en ellas.

-Niños y niñas sin la documentación requerida.

-Inoportunidad en la entrega de alimentación a los menores.

-Entrega de alimentos no aptos para el consumo.

-Pago a operadores por raciones para preparar no entregadas.

-Pago a operadores por canastas Mujeres gestantes no entregadas.

-Inconsistencias en las firmas de planillas de entrega de la ración para preparar (RPP).

-Inconsistencias en los Registros de Asistencia mensual – RAM.

-Inconsistencias en las planillas de entre de Kits escolares.

-Información desactualizada en el aplicativo Cuéntame.

-Ausencia de reintegro de valores no ejecutados.

-Facturas con dobles pagos.

-Deficiencias en la gestión de los recursos financieros bancarios de los contratos de aporte.

-Actas de legalización mal diligenciadas, incompletas, con información errada.

-Fallas en los procedimientos correspondientes al empaque y tiempo de entrega de RPP.

-Deficiencias en la actualización de los datos de beneficiarios y tutores afectando la garantía de los derechos de la primera infancia y entrega de AAVN (complementos alimentarios de alto valor nutricional entregados a las poblaciones más vulnerables)

-Deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de AAVN en los puntos de entrega y bodegas, tales como tachones, enmendaduras, casillas sin diligenciar y la no aplicación, ni utilización del formato de entrega de AAVN a beneficiarios.

-Inobservancia de los estándares, rutas y lineamientos prescritos en los manuales operativos para la atención a la primera infancia, evidenciando el fallecimiento de dos niños adscritos a los programas del ICBF.

-Publicación inoportuna de los documentos contractuales en la plataforma SECOP.

-Deficiencia en la supervisión y seguimiento a los procesos contractuales.

-Inoportunidad en la liquidación de los contratos.

-Deficiencias en las acciones y actividades de control al manejo, organización y salvaguarda de la información generada por el ICBF y sus contratistas.