Cinco años pasaron ya desde la histórica firma del acuerdo de paz que prometía poner fin a la sangría del conflicto en Colombia. Pero de aquellos aplausos rabiosos por la esperanza de un porvenir distinto, pasamos muy pronto al conteo incesante de reincorporados asesinados: 326, según las cuentas crudas del monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el Cauca, con 58 homicidios, es la región con más muertos. Como arena entre los dedos esa anhelada paz territorial se nos escapa de las manos.

Cada vez que salimos de nuestras casas nos despedimos como si fuera la última vez, les damos el abrazo y el beso a nuestra familia, a nuestra compañera, a nuestros hijos, como si nunca más volviéramos a llegar a la casa, porque es la realidad que vivimos, porque tenemos el miedo de que alguien llegue y nos mate”.

Lo dice Norbey Rodríguez, firmante del proceso y uno de los hombres más amenazados del Cauca. Según él, la implementación del acuerdo se ha venido enfrentando no solo a las burocracias estatales de siempre, tan propias de este país santanderista, sino a los nuevos actores violentos cuyas mafias siembran el pánico desde estas montañas.

El rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, es así de contundente en su diagnóstico: “Si yo fuera un excombatiente de las FARC me sentiría frustrado porque todos esos muchachos que le apostaron al proceso de paz no han logrado lo que en principio esperaban. Han sido perseguidos, han sido amenazados, han sido asesinados y algunos han vuelto a engrosar las filas de las disidencias”.

Un equipo periodístico de Noticias Caracol recorrió la región para desentrañar las causas de la violencia homicida contra los reincorporados. Más de la sexta parte de todos los muertos del proceso los ha puesto el Cauca. En total 55 hombres y 3 mujeres, discriminados así: 4 en 2017, 16 en 2018, 19 en 2019, 10 en 2020 y 9 en 2021. Argelia, Buenos Aires, Caloto y Santander de Quilichao son los municipios que más víctimas mortales cuentan.

Giancarlo Moreno Flórez, líder del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, que concentra a casi 2.000 excombatientes, dice apesadumbrado: “La mayoría de asesinatos en el Cauca, el 56% en específico, están vinculados a la implementación de proyectos productivos de reincorporación. Esto ya nos muestra que desarrollar una reincorporación productiva en el departamento es una amenaza en términos generales para la población. Y cada muerto es una herida abierta”.

Caldono, uno de los municipios más hostigados por las antiguas FARC en su momento, vive hoy los coletazos del nuevo conflicto. Muchos de sus jóvenes, atenazados por las nuevas dinámicas territoriales, se han movido a zonas cocaleras del Cauca como Argelia, El Tambo o Buenos Aires.

Carolina Buitrago Ávila, del colectivo Juntos por Caldono, señala: “Hemos identificado que precisamente por la falta de oportunidades los jóvenes están volviendo a participar laboralmente de economías ilegales y nos hemos dado cuenta de que han asesinado en este año a más de 40 jóvenes del territorio”.

Paulo Germán Porras, secretario de gobierno de Caldono, añade sin anestesia: “Nosotros llevamos una gran cantidad de asesinatos en lo corrido de este año, desde el 28 de febrero, de jóvenes que rondan entre los 14 y los 22 años. Cuando hay una genética violenta, y yo diría que eso es toda Latinoamérica y especialmente Colombia y acá en el Cauca, hay que trabajar mucho. Yo creo que van a pasar varias generaciones para cambiar todo esto”.

La radiografía es desalentadora: las disidencias se expanden, el narcotráfico campea y los nuevos ricos emergen.

Juan Manuel Tamayo, coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, dice que, tras la firma de la paz, el territorio solo tuvo seis meses de calma chicha. “¿Cuántos indígenas han sido asesinados este año?”, le pregunto. “Sesenta y un indígenas asesinados, unos en calidad de masacre, otros en calidad de homicidio, pero lo que más preocupa es que vemos que se han atentado contra los niveles de liderazgo como autoridades indígenas y periodistas por hacer acciones territoriales, por defender la vida y el territorio”.

En la tras escena de este polvorín, claro, está el narcotráfico. La alcaldesa de Santander de Quilichao lo resume así: “Hoy los cultivos ilícitos significan un problema muy delicado para nuestra gente y detrás de ellos están llegando grupos armados a nuestros territorios y, al parecer, están empezando a generar reclutamiento de menores”.

Parece la reedición de la guerra de antes que el acuerdo de paz quiso dejar en el pasado. Arnoldo Medina es uno de los últimos reincorporados asesinados en la región. Ocurrió en abril pasado, de madrugada, en este predio ubicado en el corazón del Cauca, donde una cooperativa de excombatientes intenta desarrollar su proyecto productivo. “Interrumpieron en su hogar y entraron hombres armados y lo sacaron frente a su familia. Habiendo niños lo sacaron y se lo llevaron”.

Lo dice Hernando —así, a secas, sin apellidos por seguridad—, compañero y amigo de Medina. Durante la entrevista con Noticias Caracol no se quitó su tapabocas. La bioseguridad era lo de menos. En realidad, teme que el siguiente en esta lista pueda ser él.

“La paz es lo que queremos para la nueva generación y seguiremos insistiendo a pesar de lo que venga sucediendo. Nosotros soñamos con un país en paz”, cuenta.

La desconfianza que produce entre los firmantes esta matazón a destiempo parece un precipicio sin fondo. Y, sin embargo, el 90% de ellos resiste la embestida de los criminales y continúa honrando el acuerdo de paz.

A pesar de la difícil situación, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, es optimista. Pero, dice, todavía hay mucho por corregir. “Un solo muerto es algo inaceptable y algo que lastima el proceso de paz. Desafortunadamente ya llegamos a los 300 excombatientes asesinados, también a centenares de líderes sociales y en general a una situación en las comunidades históricamente afectadas por el conflicto en el cual el tema de seguridad continúa siendo nuestra mayor preocupación”.

Y agrega: “Tenemos 10 años más y estamos convencidos de que Colombia será una historia de éxito al final de estos 10 años”.

El país ha transitado apenas los primeros 5 años de los 15 que se fijaron para implementar completamente el acuerdo. Y aunque podrían hacerse noticieros enteros sobre las bondades del proceso, que las hay y son muchísimas, si no se garantiza la vida de los excombatientes será muy difícil que Colombia pueda pasar la página.

Luis Salamanca, un joven rapero caucano, protesta a su manera por lo que pasa:

Nos duele aceptar esas crueles verdades, que haya dinero para guerra y no para escuelas y hospitales, se olvidaron de los sitios campesinos y rurales, de universidades públicas y artistas musicales; nos causa dolor, nos causa daño, que gane más en una semana un congresista que el campesino en el año; cada año le va de mal en peor al obrero, disminuye el salario mínimo y aumenta el desempleo; claro que queremos un cambio justo y pacífico pero, tristemente, en el gobierno ya no creo.