El polémico proyecto de extensión de periodos constitucionales, que fue lanzado este miércoles por Fedemunicipios y 25 congresistas de varios partidos, no tendría futuro, incluso si sus impulsores logran la improbable tarea de que el Parlamento apruebe el acto legislativo.

En la práctica, esa iniciativa pretende eliminar las elecciones para Congreso y las presidenciales del próximo año, con el supuesto argumento de que la unificación de periodos de todos los funcionarios elegidos popularmente le ahorraría al país 3,9 billones de pesos en logística.

"El Presidente y Vicepresidente elegidos el 17 de junio de 2018 ejercerán sus funciones hasta el 7 de agosto de 2024, año en el cual se realizará la elección correspondiente", indica el texto del proyecto conocido. Y agrega: "Los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo iniciará el 20 de julio del mismo año, hasta tanto los actuales ejercerán sus funciones".

Pero, además, el polémico proyecto plantea aumentar un año del periodo de los actuales alcaldes y gobernadores, pues todos los periodos unificados arrancarían en el 2025.

En la mañana de este jueves, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez descartó de plano la posibilidad de una extensión del actual gobierno: "Fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después". Por su lado, en varias declaraciones –incluso de esta semana– el presidente Iván Duque da por sentado que se irá de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022. De hecho, uno de sus argumentos para impulsar la reforma tributaria es que no beneficiaría a su Gobierno sino al del próximo mandatario porque los ingresos adicionales se recaudarían desde 2023.

Fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes, ni uno después

La iniciativa generó, además, durísimas reacciones en la oposición, al punto de que Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana y seguro aspirante a las presidenciales del próximo año, llamó a movilizaciones y aseguró que "se aprestan a dar un golpe de Estado".

Pero más allá de inviabilidad política, la idea de extender vía Congreso los periodos en curso de funcionarios y servidores públicos en ejercicio prácticamente nace muerta desde el punto de vista legal y constitucional.

Y  lo que se atraviesa en su camino es una de las sentencias más importantes de la Corte Constitucional en toda su historia. Fue la C-551 del 2003, que se pronunció sobre uno de los puntos del referendo impulsado por el primer gobierno de Álvaro Uribe.

Una de las preguntas que el Congreso aprobó para ser presentadas al pueblo fue precisamente la de extender el periodo de los alcaldes y gobernadores que estaban en ese momento en el poder y que terminaban periodo un año después. Entonces, los periodos de esos funcionarios eran de tres años y no de 4, como ahora.

Esto decía el punto 17 del Referendo: "Para unificar los periodos de las autoridades territoriales, eliminar la dispersión del calendario electoral y disponer que los alcaldes y gobernadores electos ejerzan sus funciones durante cuatro años, ¿aprueba usted el siguiente artículo transitorio de la Constitución?

Artículo transitorio. El periodo de todos los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que se encuentren en funciones en la fecha en que entre en vigencia este referendo vencerá el 31 de diciembre de dos mil cuatro (2004). Las elecciones para elegir a quienes hayan de sucederlos tendrán lugar, en todos los municipios, distritos y departamentos del país, el último domingo del mes de octubre de ese año, y se posesionarán el 1.° de enero de dos mil cinco (2005)".

La Corte declaró inexequible ese punto porque, advirtió, trataba de enmascarar a través de una reforma un "acto electoral": elegir por un año más a los mandatarios en ejercicio.

Y advirtió varias cosas fundamentales: primero, que las reformas de la Carta, incluso por la vía de consultar al pueblo, no pueden cambiar las reglas de juego sobre los periodos electorales ya en curso. De hecho, por la  misma época la Corte avaló el acto legislativo que extendió los periodos de los mandatarios regionales a cuatro años. El punto fue que esa ampliación es legítima para los siguientes electos bajo la norma modificada, pero no en el caso de los que ya habían sido elegidos por tres años.

Esto dijo la Corte: "Las prohibiciones de que la Carta sea modificada por medio de actos electorales o plebiscitarios no es un elemento tangencial del régimen constitucional colombiano, sino que es un desarrollo básico de la idea misma de Estado de derecho y de régimen constitucional. La aspiración de un régimen de este tipo es instaurar un gobierno de leyes, y no de personas, a fin de proscribir la arbitrariedad".

Y decretó la inconstitucionalidad de los puntos 17 y 18 del Referendo porque "no procuraban modificar, en forma universal, el régimen político colombiano, a fin de permitir que en el futuro el período de ciertos funcionarios pudiera ser recortado o ampliado, sino que pretendían que, manteniendo las normas ya existentes sobre los períodos de esos funcionarios, el período de algunos de ellos fuera acortado (congresistas), mientras que el de otros sería ampliado (autoridades territoriales). En tal contexto, la revocación o ampliación del período de funcionarios electos para un lapso determinado, sin que exista un procedimiento reglado para tal efecto, es contrario a la idea más elemental de Estado de derecho y de constitucionalismo, pues se trata de una decisión puramente ad hoc".

En este caso, los impulsores del proyecto pretenden ampliar, por una única vez, todos los periodos de mandato. Sobre esto, dijo la Corte: "En ciertos casos, las autoridades recurren a las formas de la reforma constitucional, pero no para modificar, de manera general, las cláusulas constitucionales, sino exclusivamente para adoptar una decisión política singular y puntual, contraria a los preceptos constitucionales".

Y concluyó con una advertencia tajante: "Esa afectación de la soberanía es aún más clara en este caso, debido a la estructura autonómica del Estado colombiano, en virtud de la cual corresponde a los ciudadanos de las distintas entidades territoriales elegir a sus autoridades por un tiempo determinado".

Lo que dijeron los magistrados es que este tipo de iniciativas iría contra la soberanía del pueblo porque "la ampliación o no del período de esas autoridades territoriales no dependería de la decisión de los ciudadanos de cada localidad" sino de un cambio de reglas de juego que se aparta de la Constitución.

Al respecto, el constitucionalista Rodrigo Uprimny señaló en su Twitter: "Hay claro precedente que hace inviable esta antidemocrática propuesta. Sentencia C-551/03 anuló propuesta de ampliar periodo de gobernadores y alcaldes. Corte dijo que ni siquiera referendo puede alargar periodos de gobernantes. Menos un acto legislativo".

Nota tomada de: https://www.eltiempo.com/