Los desafíos del laboratorio de paz del Cauca

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Por: Periodicovirtual.com

Los desafíos del laboratorio de paz del Cauca


El norte del departamento alberga tres espacios de reincorporación  de excombatientes de las Farc, pero es además un corredor estratégico  del narcotráfico y el lugar donde las disidencias siguen reclutando  jóvenes. Aun así es un laboratorio de experiencias de convivencia.

“Hagamos una minga”, dice el escudo de Caldono, en el nororiente del  Cauca. En el segundo municipio más afectado por tomas guerrilleras en  Colombia, este trabajo colectivo de origen indígena se está  desarrollando en proyectos productivos, diálogos y talleres de formación  y articulación entre víctimas y excombatientes.

“Somos un laboratorio de paz”, afirma el líder social Farid Julicué. Sin  embargo, luego de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz se  vuelven visibles nuevos y viejos desafíos. “No hay un hospital de urgencias, faltan vías, conexión y trabajo para los jóvenes. Ellos son caldo de cultivo para los grupos armados porque no tienen un peso”, añade el caldoneño.

Casi 33.000 personas viven en Caldono, entre el casco urbano y las veredas. De ellas, 75 % son población indígena, según datos del DANE. El municipio es parte de un corredor en medio de  las montañas verdes de la cordillera Oriental que conecta el norte del  Cauca, incluyendo Jambaló y Toribío, con otras partes del país, como el  Huila, el Tolima y, por ese camino, Bogotá. Durante más de tres décadas,  la geografía, la ausencia estatal y las rutas del narcotráfico hicieron  del lugar un blanco de diferentes actores armados, incluyendo las  Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las Fuerzas Armadas  Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Quintín Lame, además de la  Fuerza Pública.

Entre 1997 y 2014, Caldono fue víctima de 248 incursiones de la guerrilla de las Farc,  según los registros en la agenda de Julicué. Solo en el casco urbano  hubo 76 ataques, la mayoría a través de cilindros que explotaron en el  pueblo y destruyeron casas, un colegio y un hogar religioso. El Centro  Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tiene identificadas nueve tomas y  21 ataques guerrilleros en el municipio, y el Instituto Geográfico  Augustín Codazzi señala 225 “acciones de conflicto armado”.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, algunos pobladores dicen que la vida  en el pueblo mejoró. “Uno ahora saluda a los policías, al Ejército.  Antes, si los saludábamos nos decían sapos. Uno anda tranquilo. Ya no  hay cilindro, bala o todo eso. Uno saluda a todo el mundo”, dice Rosalba  Guetio, de 70 años. Otros ven que la lógica de la guerra se recicla. Es  el caso de Irma Pilcué, de 33 años, quien nunca pudo encontrar al  hermano que se unió aún joven a las filas de las Farc. “Lo busqué, pero  nadie nunca me ha dado razón de él.” La herida, aún abierta, se  profundizó en el fin de octubre, cuando un sobrino se fue de la casa  para unirse a otro grupo. La presencia de hombres armados se nota en las noches en Caldono, cuando se escuchan camionetas pasando por el municipio, en la ruta del narcotráfico.

La población local se ha sentido directamente amenazada. Hace menos de  dos semanas, autoridades de la zona indígena de Sa’th Tama Kiwe, como el  pueblo nasa denomina el área, denunciaron haber recibido panfletos con  amenazas firmadas por el “Cartel de Sinaloa”. Además, pobladores de  zonas rurales han identificado intentos de reclutamientos de jóvenes. En uno de los casos les han ofrecido a varios de ellos $600.000 a través de mensajes de Whatsapp, supuestamente difundidos por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Caldono no es el único municipio del nororiente del Cauca donde el  conflicto se ha reciclado. A poco más de 38 kilómetros de allá, en  Santander de Quilichao, el pasado viernes hubo la explosión de un camión  bomba frente a una estación de Policía, que dejó a tres agentes  muertos. A 76 kilómetros de Caldono, en Tacueyó, Toribío, el 29 de  octubre una masacre victimó a la neehwe’sx (autoridad tradicional nasa) Cristina Bautista y a cuatro kiwe tegnas (guardias  indígenas, cuidadores del territorio). El crimen fue atribuido por  pobladores y autoridades a la columna Dagoberto Ramos, disidencia de la  exguerrilla de las Farc.

Los últimos registros de violencia hicieron que la atención nacional se  volcara a la región, donde esos grupos vinculados al narcotráfico  enfrentan las normas de comunidades indígenas que combaten la presencia  de la droga en sus territorios. Tanto el Consejo Indígena del Cauca  (CRIC) como el gobernador del departamento, Óscar Ocampo, han atribuido a  las disidencias los panfletos y amenazas firmadas supuestamente por  otros grupos.

Antonio Pardo, delegado de las Farc en el Consejo Nacional de  Reincorporación (CNR) en el Cauca, afirma que esas bandas no son  formadas mayoritariamente por excombatientes.

“En el Cauca hay 16 o 13 grupos armados, dependiendo de donde se para  uno. Cada uno tiene 100 militantes o 1.300 hombres armados. Si el 95 %  de los excombatientes en el Cauca están [acogidos al proceso de paz],  solamente tenemos 30 embolatados. Es decir, que los 1.200 son personas de la comunidad que no tienen alternativas y que han encontrado en la guerra una forma de sobrevivir”, añade.

Diálogos para la reincorporación

Después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, el  resguardo nasa de San Lorenzo en Caldono recibió una zona veredal para  los excombatientes, el actual espacio territorial de capacitación y  reincorporación (ETCR) Carlos Perdomo, en la vereda Santa Rosa. “Según  el Acuerdo, no era posible hacer zonas campamentarias en tierras  indígenas. Pero analizamos que era viable, pensamos en los recursos y  proyectos productivos que vendrían para la comunidad”, cuenta Óscar Dizú  Chocué, gobernador del resguardo entre 2016 y 2017. La otra motivación  para participar de cerca en el proceso de reincorporación se debió a que  más del 80 % de los guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas, que actuó en la zona, eran indígenas. “Eran comuneros que se habían ido hacía cinco, diez, quince años. Pensamos que teníamos que recibirlos de regreso”, añade.

En total, 438 excombatientes realizaron su entrega de armas en la zona  veredal del municipio, según la Agencia para la Reincorporación y la  Normalización (ARN). Actualmente, cerca de 40 familias viven en el ETCR Carlos Perdomo y 238 personas están vinculadas a los proyectos productivos desarrollados a través del espacio, como los cultivos de aguacate hass,  la piscicultura, el tomate de árbol y la porcicultura. Para los dos  primeros, un diálogo con las autoridades del resguardo de Tumburao, en  Silvia, permitió la cesión del terreno a los excombatientes en régimen  de comodato. Parte de los exguerrilleros están en otros lugares del  municipio, que también tienen una nueva área de reagrupamiento (NAR). El  proceso de reincorporación no tiene un lugar obligatorio para  desarrollarse y los excombatientes pueden elegir estar agrupados o  desarrollar su proceso de vuelta a la vida civil de forma individual, en  otros espacios. El departamento del Cauca recibió otros dos ETCR, en  los municipios de Miranda y Buenos Aires. Además de los proyectos  productivos que intentan incluir a la población de las veredas, Dizú  Chocué agrega que los exguerrilleros han ayudado en temas de  infraestructura, trabajando colectivamente para arreglar caminos y  partes del acueducto.

La presencia de una mayoría indígena vuelve la implementación del  capítulo étnico del Acuerdo de Paz un tema central. El texto reconoce  que los pueblos étnicos “han sufrido condiciones históricas de injusticia”,  “han sido afectados gravemente por el conflicto armado” y que “se deben  propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos  humanos y colectivos”.

Su puesta en práctica debe incluir el diálogo de las instituciones con  las comunidades para la realización de una reincorporación comunitaria,  lo que no se ha concretado en el nororiente del Cauca, según el defensor  de derechos humanos de pueblos indígenas Samuel Escobar. “El Estado no  ha avanzado ni concertado el capítulo étnico con las comunidades y  víctimas”.

La convivencia de los reincorporados bajo las reglas de los resguardos  indígenas, y entre víctimas y excombatientes, es un desafío que varios  pobladores de la región señalan. “Las autoridades han realizado espacios  para hacer el reintegro a la comunidad. Eso no resuelve las heridas que  están abiertas, pero abre el espacio para resolverlas”, añade Samuel  Escobar, también coordinador local de la Fundación Pax Colombia.

Además de las iniciativas desarrolladas por el Estado, existen los proyectos que Escobar denomina “reincorporación comunitaria silenciosa”,  es decir, aquellos que poseen menos visibilidad, pero que se destinan a  capacitar a pobladores locales y a exguerrilleros de forma integrada.  Entre ellos están la formación en el bachillerato ofrecida en Caldono y  el taller Tejiendo Derechos Humanos, que promueve encuentros de la  comunidad, mayoritariamente entre mujeres, para enseñar tejido y  reflexionar sobre sus derechos. Participan del taller tanto víctimas  como excombatientes, entre ellas Floribel Guetio Cerón, de 33 años, una  de las facilitadoras.

La Guardia Indígena sigue defendiendo su territorio de la presencia de grupos armados y narcotraficantes. Lía Valero

“Sabemos que se puede lograr un cambio”, afirma Flor, como es conocida,  que estuvo con la guerrilla de las Farc de los 13 a los 22 años. Se  desmovilizó en 2007 y en la vida civil fue presidenta se su vereda. Este  año se postuló al Concejo por el “partido de la rosa”, como llaman  localmente a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). La  adaptación del nombre del partido se relaciona con las marcas dejadas  por el conflicto.

Otra iniciativa de diálogo desde la comunidad partió de Farid Julicué,  que lidera una asociación de víctimas para 480 familias. Pensando en  abrir las puertas para la reconciliación, el líder ha organizado foros y  diálogos entre excombatientes y víctimas. En el encuentro de julio de  2017, en la misma escuela de varones que había sido atacada diez años  antes, tres excombatientes se sentaron al lado de víctimas, hablaron de  varios hechos que habían sucedido y pidieron perdón.

Los excombatientes “tienen que entrar a formar parte de nuestra  sociedad, compartir con nosotros, compartir ideas, trabajo. Y se ha  logrado. Hay que aprender de ellos, y ellos de nosotros, pero no olvidar. Uno tiene que estar muerto para poder olvidar”, afirma María Griselda  Patiño, miembro de la asociación de víctimas liderada por Julicué.

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Alguna de estas experiencias se expusieron durante el conversatorio  “Reincorporación en el norte del Cauca. Balance tres años después de la  firma del Acuerdo Final”, que se realizó en Bogotá el 19 de noviembre,  con el apoyo de la Fundación Pax Colombia.

** La Paz en el Terreno es una alianza periodística entre Colombia  2020 de El Espectador y Rutas del Conflicto, que recibe el apoyo de la  Friedrich-Ebert-Stiftung Fescol en Colombia.

Nota tomada de: https://www.elespectador.com/colombia2020

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