El ambiente político colombiano estuvo bajo un agitado debate, en las últimas semanas, debido a un cuestionado proyecto de ley que pretendía, entre otras cosas, extender los periodos de trabajo de cargos estatales como el del presidente y el de los congresistas de turno, hasta 2024. Sin siquiera alcanzar el mínimo de firmas solicitadas, la propuesta se hundió, pero salieron a la luz los nombres de algunos de los firmantes y sus antecedentes.

Medios de comunicación nacionales resaltaron los nombres de algunos de los funcionarios que parecían estar de acuerdo con la medida que se pretendía implantar, y de la que desistieron 15 de los 23 congresistas iniciales. Aquellos 15 solicitaron retirar sus firmas del documento, que se esperaba iba a ser presentado ante el Congreso para comenzar con los respectivos trámites, por no sentirse identificados con la idea, en medio de la polémica que se desató dentro de la opinión pública.

Hernán Estupiñán y Carlos Bonilla fueron algunos de los que, en una carta a la Secretaría General, solicitaron que se eliminara de sus nombres del documento debido a un llamado de atención de César Gaviria, quien aseguró que si ellos no quitaban su firma de allí, él se iría de la dirección del partido Liberal, según explicó el diario.

En la misiva se leía que solicitaban: “se elimine la firma y por ende mi nombre del listado de coautores de este proyecto de reforma constitucional antes de su publicación en la Gaceta y su reparto a la Comisión Constitucional Permanente correspondiente”.

El debate generó presión en otros funcionarios que recurrieron al mismo recurso de eliminar su firma, sin embargo, algunos nombres, y sus antecedentes irregulares, o particulares, llamaron la atención.

La portada del periódico QHubo se hizo popular en redes sociales por exponer las caras y los nombres de los funcionarios detrás del polémico proyecto de ley.
La portada del periódico QHubo se hizo popular en redes sociales por exponer las caras y los nombres de los funcionarios detrás del polémico proyecto de ley.

Estupiñán, precisamente, y según resaltaron medios como El Tiempo, fue suspendido por la Procuraduría, en 2019, y en 2020 le fue decretada en primera instancia muerte política por parte del Consejo de Estado, por irregularidades en los dineros entregados a uno de los trabajadores de su UTL (unidad de trabajo legislativo).

De acuerdo con la investigación en su contra, Estupiñán le había pagado salario a un trabajador sin que hubiera ejercido funciones propias a las del cargo que había recibido, “el representante propició voluntariamente el pago de dineros públicos, para unos fines diferentes al cargo para el cual estaba contratado Jahir Alexander Mena Quiñónez, como Asistente en grado I“.

Casos parecidos como el de Estupiñán rondan a los funcionarios que pretendían que sus cargos fueran extendidos como el de Mónica Valencia, del partido de la U, quien, por el momento, afronta un proceso de pérdida de investidura. Según la investigación que se adelanta en su contra, la mujer se había inscrito para ser candidata por el Vaupés, cuando un familiar suyo ya ocupaba un cargo público en ese departamento.

Los conservadores Félix Alejandro Chica y Felipe Muñoz, quienes también habrían firmado el polémico proyecto de ley, a modo de aprobación, se hicieron conocidos cuando aparecieron como beneficiarios del Sisbén, en una lista, con otros 14 congresistas, según informó la revista Semana.

Este mismo medio recordó el episodio de Nidia Marcela Osorio, también firmante, que, en 2015, confundió a Albert Einstein con Nicolás Maquiavelo, en un debate para la implementación de los Acuerdos de Paz entre Juan Manuel Santos y las FARC. Osorio aseguró que la popular frase “el fin justifica los medios”, era del físico alemán, cuando, en realidad era del diplomático y filósofo italiano.

Juan Carlos Rivera Peña, representante desde 2014, fue demandado (su investidura) por renunciar a la asamblea de su departamento para lanzarse a la Cámara. Sin embargo, a pesar de la acción legal, salió bien librado cuando el Consejo de Estado consideró que “no había violado el régimen de inhabilidades por coincidencia de periodos”.

Milene Jarava Díaz, quien también mostró su apoyo a la expansión temporal de algunos cargos, es la esposa del excongresista Yahir Acuña, investigado, y luego absuelto, por presuntos nexos con paramilitares.

El hombre fue protagonista, también, luego de que las autoridades le encontraran casi 500 millones de pesos en efectivo, un día antes de las elecciones de 2015, en las que su esposa era candidata a la gobernación de Sucre, explicó Semana.

A la lista también se une Luis Fernando Gómez, a quien se le ha cuestionado por su ausencia de estudios universitarios, y por polémicas respuestas como, “mis títulos son dos maletas llenas de principios y valores”, en una entrevista con el diario La Patria, en donde, precisamente, se le cuestionó de sus conocimientos académicos para ocupar cargos estatales.

Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, otro defensor del proyecto, fue noticia en 2019 cuando, Caracol Radio denunció que su hoja de vida tenía títulos falsos. De acuerdo con la investigación de la emisora, Lozano aseguraba tener un título profesional en Administración de Empresas y una especialización en Finanzas, sin embargo, tiempo después, la Universidad del Norte de Barranquilla dijo que Lozano sí había adelantado sus estudios allí, referentes a su especialización, pero que no había culminado.

El presidente Iván Duque, quien desde hace varios días había cerrado la discusión asegurando que su mandato iría hasta el 7 de agosto de 2022, fue más enfático que nunca y dio una declaración que no dejó dudas de su decisión de respetar los periodos constitucionales.

“Lo voy a contestar de la forma más clara, como lo he hecho ya tantas veces, pero lo voy a decir así de claro: Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, con cédula de ciudadanía 79...., será presidente hasta el 7 de agosto del año 2022. Punto”, dijo en la revista Semana.