Máximo en veinte (20) días se debe fallar segunda instancia en tutela alcalde de Popayán vs. Procuraduria

/ Popayán
Por: Álvaro Antonio Casas Trujillo

Máximo en veinte (20) días se debe fallar segunda instancia en tutela alcalde de Popayán vs. Procuraduria


De acuerdo con el reparto del proceso y los tiempos que establece el Decreto 2591 de 1991, la impugnación del fallo de primera instancia de la tutela promovida por el señor Alcalde de Popayán contra la Procuraduría, será fallada máximo en 20 días hábiles, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, es decir, tiene plazo hasta el 31 de julio de 2019.

Con ponencia del Magistrado Manuel Antonio Burbano Goyes, la Corporación decidirá la procedencia del amparo constitucional, teniendo en cuenta que existe otro medio judicial de Defensa, que es el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El señor César Cristian Gómez Castro pretende que se lo reintegre al cargo de Alcalde de Popayán, del cual fue suspendido durante once (11) meses, por la Procuraduría General de la Nación, a título de sanción disciplinaria, con estos argumentos:

1. La Procuraduría no es competente para investigarlo, por ser un servidor público de elección popular.

2. Lo están procesando con base en una norma que no estaba vigente para la época de los hechos.

3. Se le ha vulnerado el Derecho Fundamental al Debido proceso.

Para los fines de nuestra pedagogía constitucional y el sano ejercicio del Control Social, Ortega & Abogados SAS considera importante que la Comunidad de Popayán tenga claros algunos elementos de juicio que son necesarios para entender la decisión de la Procuraduría:

Ante todo, la Corte Constitucional ha conservado la línea jurisprudencial adoptada, en cuanto la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y sancionar, incluso con destitución, a los servidores públicos de elección popular, como es el caso de los alcaldes y gobernadores, tanto bajo la Ley 734 de 2002, como en vigencia de la Ley 1952 de 2019 (Sentencia C 111 de13 de marzo de 2019).

Para la Corte, la competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, frente a servidores públicos de elección popular, se ajusta a la Constitución Política y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH - Pacto de San José, 1969).

También es relevante que la Comunidad de Popayán sepa que la Procuraduría allegó al expediente, suficientes pruebas de que el señor Alcalde cometió la falta gravísima que se imputó, con el elemento subjetivo de culpa grave, en los hechos relacionados con la celebración y ejecución del Convenio Municipio - Fundación Tortuga Triste, durante la Semana Santa 2016.

De otra parte, ha quedado claro que las investigaciones que cursan, tanto en la Fiscalía, como en la Procuraduría, no hacen parte de una supuesta persecución política, como ha tratado de presentarlo el señor César Cristian Gómez Castro, sino de las consecuencias jurídicas normales de su actuación irregular en relación con ese convenio y otras actuaciones reprochables del señor Alcalde de Popayán.

Seguimos creyendo en la Justicia de la Patria

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