El Ministerio del Interior de Colombia anunció, este 9 de febrero, que suscribió un memorando de entendimiento y cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con el que se destinarán $1.000 millones de pesos para la reactivación económica de los pueblos indígenas de este departamento.

Este memorando tiene la intención de impulsar la recuperación económica de las comunidades indígenas que habitan este departamento al suroccidente del país, entre las que se encuentran ocho pueblos indígenas divididos en 84 resguardos a lo largo del territorio.

“Haremos una asistencia técnica para el desarrollo de capacidades empresariales y el fomento del turismo, buscando siempre el bienestar de los pueblos indígenas. Hoy le agradecemos al BID y al CRIC por poder avanzar en el propósito de hacer la reactivación segura con los pueblos indígenas”, señaló el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Por su parte, el representante del BID, Ignacio Corlazzoli, manifestó su agradecimiento por la oportunidad de hacer parte del memorando de entendimiento con el fin de colaborar desde la organización internacional al CRIC e impulsar las oportunidades de desarrollo a nivel local y empresarial.

De igual manera, el consejero mayor del CRIC, Hermes Pete, indicó que para las comunidades indígenas del Cauca es fundamental adelantar este proceso de análisis y de las rutas empresariales que se van vinculando a los pueblos pertenecientes a la CRIC y en la construcción del Banco Indígena que se viene desarrollando.

“Agradecemos este recurso que viene en calidad de donación para continuar en la ruta de la construcción de las iniciativas que tenemos en nuestros territorios y poder seguir en los temas de emprendimiento y construir nuestras propias empresas”, aseguró Hermes Pete.

Por último, el jefe de cartera aseguró que este convenio se financiará con Fondos de Múltiples Donantes de Género y Diversidad, a la vez que confirmó que este convenio es un buen comienzo para apoyar a los pueblos indígenas del país mediante acciones articuladas con organizaciones internacionales.

El ataque al vehículo de la ONU ocurrió en el caserío Girasoles, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El ataque al vehículo de la ONU ocurrió en el caserío Girasoles, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Las comunidades del sur de Colombia siguen siendo las más vulnerables a la violencia. Este 1 de febrero, la Defensoría del Pueblo emitió su segunda alerta temprana del año en la que advierten que 59.636 colombianos que habitan en el trapecio amazónico y en el eje del Putumayo están en riesgo por los actores armados y las actividades ilícitas que se ejecutan en la zona.

Los afectados son principalmente pueblos indígenas y campesinos que están siendo amedrentados por el Frente Primero y Frente 48 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Grupo de Crimen Organizado Sinaloa–La Mafia. La alerta advierte que hay 11 pueblos indígenas específicos en riesgo: Yaguas, Ticunas y Cocamas en Amazonas y Muina, Inga, Uitoto, Murui, Ticuna, Ocaína, Bora y Muinane en Putumayo.

La Defensoría aseguró que, los delincuentes hacen presencia en ese territorio por su ubicación estratégica, que permite desarrollar actividades de narcotráfico, minería ilegal, tráfico ilegal de armas y explotación de recursos naturales. Esta zona, al estar abandonada por el Estado y tener cerca las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo, facilita que los subversivos puedan esconderse o huir de forma fácil.

“Estos afluentes son estratégicos para la movilidad de la población residente en dichos territorios, pues permite conectar los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas entre sí y con las fronteras internacionales de Perú y Brasil”, aseguró la Defensoría en la alerta.

Nota tomada de: https://www.infobae.com/