La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz recibió el informe “Sin justicia y reparación no habrá paz», construído por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), el cual relata los hechos de desplazamiento forzado, violencia sexual, esclavitud doméstica, trabajo forzado y desaparición forzada que sufrieron cientos de mujeres y niñas afrodescendientes en Buenos Aires, Cauca, del año 2000 al 2005.

El informe, en el que también participaron Women’s Link Worldwide y el Proceso Nacional de Comunidades Negras en Colombia, expone patrones de criminalidad de miembros del Bloque Calima de las AUC y la Fuerza Pública contra las mujeres afrodescendientes mientras operaban en el Norte del Cauca.

En el acto de entrega virtual varias de las víctimas relataron cómo fue su vida durante más de 28 años: “Nosotras no podíamos salir después de las seis de la tarde, no podíamos ponernos faldas porque nos marcaban(…) Mi casa, como quedaba en lo más alto, la cogieron como mirador, la cocina no la podíamos utilizar, ellos dormían dentro, nosotros en la casa no teníamos derechos, nos tocaba a todos dormir en un cuarto».

Al escuchar los relatos, el magistrado auxiliar Carlos Guillermo Castro destacó la valentía, resiliencia y resistencia de las lideresas y líderes afrodescendientes del sur del país frente al conflicto y aseguró que estas personas son “la paz en los territorios y por eso es tan importante su protección y su reconocimiento de toda la labor que tienen diariamente realizan para la reconciliación en Colombia».

Por su parte, la vicepresidenta de la JEP, la magistrada Alexandra Sandoval, integrante de la Sala de Amnistía o Indulto, explicó a las víctimas que estos documentos son la puerta de entrada a la Jurisdicción y espera que “con este informe, empiecen a participar activamente dentro del caso 005 y que la Jurisdicción pueda cumplir con la confianza que ustedes nos están entregando».

Al entregar el informe, la lideresa Clemencia Carabalí, presidenta de ASOM y ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, solicitó a la JEP reconocer “que en el contexto de violencia en el norte del Cauca se presentaron conductas criminales que afectaron de manera diferencial a las mujeres y niñas negras de esta región», y catalogar las graves violaciones de derechos humanos que denuncian en el informe como conductas discriminatorias basadas en el género y en la raza.

La lideresa también pidió al Alto Tribunal esclarecer las responsabilidades de miembros de la Fuerza Pública en los delitos denunciados y analizar posibles medidas cautelares de seguridad para la comunidad.

“En el centro de todo este proceso, con todas ustedes, mujeres valiosas, que son las que han sufrido todas las atrocidades, no solamente de la guerra sino las atrocidades de la miseria humana, diría yo, qué importante este espacio para fortalecer el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición», destacó el procurador delegado ante la JEP, Gonzalo Eduardo Reyes Torres.

Al finalizar el acto, la Jurisdicción Especial para la Paz se comprometió a analizar los hechos victimizantes y patrones de criminalidad denunciados en el informe para cumplir con las expectativas y demandas de verdad presentadas por ASOM, Women’s Link Worldwide y el Proceso Nacional de Comunidades Negras en Colombia. ?