Más de 70 mil millones de pesos perdidos han tenido a la opinión pública nacional hablando sobre el Ministerio de las Tecnologías de al Información y las Comunicaciones (MinTic). Un contrato que buscaba llevar conexión a internet a zonas rurales de más de 16 apartamentos del país, por el cual se entregó un anticipo de más de 70.000 millones de pesos en febrero de este año, tiene a Karen Abudinen, jefe de esa cartera Estatal, bajo solicitudes de renuncia a su cargo. El periódico El Tiempo, en una de sus más recientes investigaciones, reveló nuevos detalles que dejarían ver las irregularidades que rodean el polémico documento que le significa al país una pérdida económica de 1,07 billones de pesos.

En una nota titulada ‘Así se movió el contrato del escándalo por los pasillos del MinTic”, la unidad investigativa de ese diario nacional reportó que la tensión que se vive dentro del edificio Murillo Toro, en donde funciona la entidad, en el centro de la ciudad, es enorme, pues, no ha sido un hecho que haya afectado solo a un nicho, sino que, por el contrario, ha salpicado a diferentes partes del engranaje.

El contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados 2020 (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, puso en el limbo a 10 funcionarios y contratistas a quienes se les solicitó apartarse de sus funciones, una acción consecuente con el descubrimiento del presunto giro irregular del ya mencionado anticipo. Fue el Banco Itaú el que descubrió que las garantías de aquel documento eran falsas. De acuerdo con ese medio de comunicación, solo unos cuantos funcionarios decidieron renunciar a sus cargos.

El proceso de investigación, que ha incluido dentro de sí debates y solicitudes de moción de censura, ha traído diferentes decisiones. Fue la ministra quien declaró la caducidad del contrato y bloqueó del radar de la contratación estatal, por cinco años, a los socios de Centros Poblados, quienes ahora están embargados y con una multa de cerca de 39.000 millones de pesos. La UT, en respuesta, reveló que demandará porque, según su vocería, ya invirtió los más de 70.000 millones de pesos del anticipo desembolsado.

La Fiscalía General de la Nación, que ya adelanta las respectivas indagaciones, ha estado recogiendo evidencia de celulares, discos duros, equipos y documentos de la sede Murillo Toro. Según El Tiempo, la entidad quiere esclarecer si existieron omisiones, atajos o decisiones de funcionarios o asesores del Mintic respecto a esta situación. Hasta donde se sabe, informó el periódico, se ha logrado evidenciar que hubo aprobaciones de documentos importantes en tiempos récord, además, se logró que se ejecutaran acciones claves en horarios no hábiles, por ejemplo, en fiestas de fin de año. En el radar de las acciones investigativas de las autoridades habrían dos exfuncionarios bajo sospecha de comportamientos ilegales.

El Tiempo comentó que siempre que se ordenaba revisar las garantías del contrato siempre ocurría algo que no lo permitía: desde personas hasta situaciones particulares. En el historial de archivo de los documentos, que tiene en sus manos el ente investigador, se ven reflejados correos en los que se le da luz verde al llamado ‘Plan de Inversión del Anticipo’. El 30 de diciembre de 2020, por ejemplo, a las 11:27 de la noche, se registró al existencia de un correo proveniente de Centros Poblados, dirigido a la Interventoría, en el que quedó plasmada un primer borrador del documento final. Ese día, ya se había recibido el acta de cumplimiento de la garantía, firmada por Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual del Mintic.

Entre el intercambio de correos entre las partes involucradas se ve como el ‘Plan de Inversión del Anticipo’ se le rechazó a la UT bajo razones que señalan que se pensaba usar dineros públicos en negocios en los que no estaría permitido. Entre esos dineros mencionados estaba planeado utilizarse al rededor 5.600 millones de pesos en estudios de campo y diseños. El 31 de diciembre de ese mismo año, la UT modificó aquella información y envió el documento corregido sobre la una de la tarde.

El 10 de febrero, finalmente, se autorizó el giro a la fiducia del BBVA y, un mes después, se hizo una citación, desde la UT, para tener acceso al dinero, por parte del comité fiduciario. Itaú, según lo declarado por el BBVA, fue citado al comité de fiducia, sin embargo, fue la vocería de esa entidad financiera (Itaú) la que dijo que eso es falso. Lo que comentó El Tiempo señala que el BBVA fue asignado como encargado para citar a las partes involucradas en el desembolso. Allí estuvo Camilo Jiménez, supervisor del contrato, designado por Mintic; la firma interventora y la UT. Itaú, sin embargo, nunca se presentó, pues la representación era consciente de que faltaban las garantías del contrato que hoy tiene al Ministerio en el ojo del huracán.

Dentro la lista de irregularidades, se encuentra el actuar de SES Colombia S. A. S. La subdirectora de gestión contractual del Mintic, Natalia Cortés, le pidió a esa entidad verificar las garantías, situación que quedó reflejado en un correo del 30 de diciembre de 2020, a las 17:38. La directiva recibió una respuesta en la que se señaló que era importante ”tener presente que las verificaciones y revisiones se realizaron sobre la base de documentos que se presumen auténticos por lo cual no se requerían verificaciones adicionales”.

Nota tomada de: https://www.infobae.com/