Procuraduría suspende al Gobernador del Chocó por supuesta corrupción

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Por: Periodicovirtual.com

Procuraduría suspende al Gobernador del Chocó por supuesta corrupción


Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se ordenó su suspensión por 3 meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.

El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.

La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.

Se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.

En este proceso el material probatorio, en su gran mayoría, fue recopilado con ayuda de los ciudadanos, y en menos de 15 días la indagación dio curso a una investigación disciplinaria.

Para el caso del alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por 3 meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.

Se investigan la queja presentada por el representante legal de la empresa "Inversiones Echeverry S.A.S.", propietario del establecimiento de comercio "Supermercado El Progreso", quien desconoce su firma en la suscripción del contrato que fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP I.

A la investigación también fueron vinculados el subsecretario Administrativo de Calarcá, Gesner Arneth Rengifo Arias; la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Estefanía Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo Martínez.

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