120,000 millones de pesos: Un escandaloso negocio con lo público que empobrece a Popayán
Es indignante ver cómo desde las últimas cuatro administraciones en Popayán, lo que ha prevalecido es el lucro privado sobre el bienestar ciudadano.
El manejo de los servicios de tránsito entregado a la empresa Quipux es un claro ejemplo de cómo los recursos de los payaneses han terminado en manos privadas.
Según lo informado por uno de los miembros del equipo de empalme entre la administración de Juan Carlos López y la actual, encabezada por Juan Carlos Muñoz Bravo, Quipux ha recibido 120,000 millones de pesos desde que opera en Popayán a través de este contrato. Esta cifra, de haberse destinado a infraestructura, habría resuelto problemas urgentes como el mal estado de las vías, el colapso del sistema de transporte y la falta de desarrollo en los sectores más vulnerables.
Este contrato, que a todas luces fue irregular y sigue siendo investigado, representa un claro detrimento patrimonial para el municipio. Es inconcebible que los recursos que podrían haber sido usados para adelantar obras necesarias estén en manos de una empresa que no responde a los intereses de la ciudadanía. La justicia debe actuar con rapidez y firmeza para esclarecer este caso, que ha socavado la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes. No se trata solo de una investigación por el presunto incumplimiento de los requisitos legales en la firma de este contrato, sino de una verdadera afrenta a los payaneses, que hoy padecen por la falta de inversión pública mientras unos pocos se enriquecen.
Hacemos un llamado urgente al alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo: cumpla su promesa de campaña y recupere los servicios públicos para los ciudadanos. No más negocios con lo público, no más concesiones que benefician a terceros mientras la ciudad se hunde en el abandono. Es momento de que Popayán se libere de los contratos oscuros y de la inacción de sus administraciones. Exigimos acciones legales inmediatas para revertir este tipo de acuerdos y que los recursos que pertenecen al pueblo vuelvan a ser utilizados para su bienestar.
La justicia colombiana debe acelerar este proceso y aclarar si la entrega de este contrato a Quipux a través de EMTEL, es solo uno de los tantos episodios de abuso de poder. A pesar de las investigaciones y el escándalo que lo rodea, la falta de resultados concretos en términos de sanciones genera una preocupante sensación de impunidad.
Curiosamente, hasta hace unos días, varios juristas y opinadores de Popayán corrían a los medios de comunicación para denunciar lo escandaloso de este negocio con Quipux. Sin embargo, ahora todos guardan un silencio sepulcral. ¿Será que han encontrado alguna repentina vocación dentro de la Secretaría de Tránsito? O, quién sabe, tal vez están demasiado ocupados haciendo "negocios" entre bastidores como para seguir preocupándose por el bienestar de los ciudadanos. Porque claro, cuando hay millones en juego, las denuncias parecen tener un precio.
Popayán merece un cambio, y ese cambio debe empezar con un alcalde que no solo haga promesas, sino que las cumpla. Recuperar los servicios públicos es el primer paso para devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.