¿$130 millones para apenas 25 metros de vía? Concejal cuestiona ejecución de recursos en Popayán

Su intervención pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de vigilar cómo se invierte el presupuesto participativo.

Una grave preocupación sobre la ejecución de recursos públicos en Popayán quedó planteada durante la sesión del Concejo Municipal del sábado 17 de octubre de 2026. El concejal Marco Aurelio Gaviria Martínez cuestionó el manejo de convenios con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y señaló que una intervención vial en el barrio Solidaridad, para la cual se habrían asignado 130 millones de pesos, registra apenas entre 22 y 25 metros construidos.

La denuncia abre interrogantes sobre la planeación de las obras, la selección del personal técnico y la participación efectiva de las comunidades en la administración de los recursos que les corresponden.

Pero también plantea una pregunta para los integrantes del Concejo de Popayán: ¿qué actuaciones concretas de control político permitirán establecer si los recursos están siendo ejecutados de manera eficiente?

Una obra de $130 millones que genera interrogantes

Durante su intervención, Gaviria aseguró que había visitado una obra en el barrio Solidaridad, donde, según explicó, la comunidad esperaba intervenir dos tramos de una intersección vial en forma de «Y».

El concejal sostuvo que, de acuerdo con lo manifestado por una representante comunitaria, los recursos inicialmente previstos habrían sido suficientes para ejecutar la intervención con un ingeniero propuesto por la propia comunidad.

Sin embargo, cuestionó que el resultado observado fuera considerablemente menor al esperado.

"Estaba para las dos calles, que es una "Y", pero únicamente hicieron de 22 a 25 metros con 130 millones de pesos. Créame que es triste que eso esté pasando".

La declaración exige una explicación técnica y financiera.

No obstante, es indispensable establecer cuánto dinero fue efectivamente contratado, comprometido y pagado, así como revisar los diseños, las cantidades de obra y las condiciones del terreno. El presupuesto asignado y la longitud mencionada por el concejal, por sí solos, no permiten demostrar un sobrecosto.

¿Están utilizando a las Juntas de Acción Comunal para legalizar decisiones ajenas?

Uno de los señalamientos más delicados de Gaviria tiene que ver con la presunta pérdida de autonomía de las organizaciones comunitarias.

Según el cabildante, algunas juntas estarían siendo utilizadas para suscribir convenios previamente elaborados, sin que sus representantes tengan una participación real en decisiones relacionadas con la ejecución de las obras.

"A las Juntas de Acción Comunal las están utilizando para que firmen un convenio que les llevan hecho ya".

Esta afirmación plantea una preocupación que va más allá de un proyecto específico.

Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones constituidas para representar los intereses de sus comunidades, promover la participación ciudadana y contribuir a resolver necesidades colectivas.

Los convenios solidarios, previstos en la Ley 2166 de 2021, permiten desarrollar obras públicas mediante la participación de estas organizaciones.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-265 de 2025, destacó precisamente la finalidad de fortalecer la participación comunitaria y la vinculación de habitantes del territorio en la ejecución de obras.

Por eso, si una junta termina limitada a firmar documentos mientras las decisiones sustanciales se toman por fuera de ella, resulta necesario examinar si el convenio está cumpliendo realmente su propósito.

La administración de Juan Carlos Muñoz Bravo debe explicar cómo funcionan estos convenios

El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo ha presentado el presupuesto participativo como un mecanismo para acercar la inversión pública a los barrios y veredas.

En octubre de 2025, la propia Alcaldía anunció la firma de 15 convenios solidarios, con una inversión conjunta cercana a 1.158 millones de pesos, incluidos aportes municipales y comunitarios.

Posteriormente, el 4 de junio de 2026, durante una jornada realizada en el barrio Solidaridad, la Administración informó sobre proyectos viales y comunitarios previstos para diferentes sectores de la Comuna 7, entre ellos una intervención vial en Solidaridad.

En aquella oportunidad, la presidenta de la JAC del barrio, Rosa Mary Chito Paz, destacó públicamente las mejoras realizadas al salón comunal y los beneficios obtenidos mediante el presupuesto participativo.

Estos antecedentes muestran que existen obras valoradas positivamente por representantes comunitarios, pero no resuelven los interrogantes sobre la intervención vial cuestionada por Gaviria.

La responsabilidad de aclararlos corresponde a las instancias encargadas de la ejecución y supervisión de los recursos.

Obras comunitarias con resultados diferentes

El concejal también destacó un caso que, según su relato, demuestra la capacidad de las propias comunidades para administrar adecuadamente sus proyectos.

Se refirió a la construcción de un salón comunal, cuyo resultado calificó positivamente porque, de acuerdo con su versión, fue ejecutado por un ingeniero vinculado a la comunidad.

La comparación resulta relevante porque pone sobre la mesa la importancia de que los vecinos participen en la identificación de necesidades, en la selección de soluciones y en la vigilancia de los trabajos.

Eso no significa que un ingeniero residente del barrio sea necesariamente más eficiente que uno externo. La calidad y los costos deben evaluarse con criterios técnicos y mediante resultados comprobables.

El Concejo no puede limitar su control político a las intervenciones

Las denuncias formuladas en una sesión pública deben dar paso a ejercicios de seguimiento que permitan establecer qué ocurrió realmente.

En el caso de Solidaridad, la documentación contractual debería permitir responder preguntas fundamentales:

• ¿Cuál es el valor exacto del convenio y cuánto se ha pagado?
• ¿Cuántos metros de vía fueron contratados y cuántos están efectivamente terminados?
• ¿Quién elaboró los diseños y presupuestos?
• ¿Quién seleccionó al ingeniero responsable de la ejecución?
• ¿Qué participación tuvo la Junta de Acción Comunal en esas decisiones?
• ¿Qué informes de supervisión y actas de recibo respaldan los trabajos ejecutados?

También es necesario revisar las afirmaciones sobre juntas que, según el concejal, llevan entre cuatro y seis años con presupuestos pendientes de ejecución.

El control político no termina cuando se apagan los micrófonos del Concejo. Su importancia está en producir información verificable, identificar problemas de gestión y exigir las correcciones institucionales que correspondan.

El presupuesto participativo no puede reducirse a la asignación de dinero ni a la firma de convenios. Su verdadero valor está en que las comunidades puedan decidir, participar, vigilar y recibir obras que respondan a las necesidades que priorizaron.

En Popayán, la discusión sobre los 130 millones de pesos asignados a la obra cuestionada en Solidaridad merece una respuesta sustentada en documentos, mediciones y resultados.

Editorial:

La situación al interior de la Administración Municipal de Popayán debe estar atravesando un momento particularmente complejo para que incluso el concejal Marco Gaviria, históricamente cercano a las administraciones de turno y cuyo respaldo a decisiones que han permitido entregar la operación de servicios públicos a particulares ya ha sido cuestionado por PeriódicoVirtual.com, sea ahora quien denuncie posibles irregularidades en el manejo de los recursos municipales. Resulta paradójico que un cabildante al que este medio ha cuestionado por su papel frente a decisiones relacionadas con el alumbrado público y los servicios de tránsito advierta hoy sobre la utilización de las Juntas de Acción Comunal y la cuestionable ejecución de obras. Si hasta quienes tradicionalmente han respaldado a los gobiernos municipales comienzan a encender las alarmas, vale la pena preguntarse qué está ocurriendo realmente dentro de la Alcaldía de Popayán. Sus declaraciones dejan mucho que pensar y, sobre todo, exigen explicaciones sustentadas en documentos.

Desde PeriódicoVirtual.com estamos adelantando una investigación para establecer quiénes están firmando los convenios con las Juntas de Acción Comunal, quiénes intervienen en su estructuración, quiénes seleccionan a los responsables de ejecutar las obras y qué intereses pueden existir detrás de estas decisiones. También buscamos determinar si estos mecanismos de inversión comunitaria podrían estar siendo aprovechados con fines de proselitismo político anticipado, de cara a la próxima elección de alcalde de Popayán. Se trata de una hipótesis que requiere pruebas y que no puede darse por demostrada. Próximamente daremos a conocer los nombres, las responsabilidades y los documentos que logremos verificar, porque los recursos del presupuesto participativo pertenecen a las comunidades y no pueden convertirse en instrumentos al servicio de aspiraciones electorales particulares. La ciudadanía tiene derecho a saber quién decide, quién contrata, quién ejecuta y quién se beneficia de los dineros públicos.

Porque el patrimonio público se protege con transparencia, vigilancia y obras bien ejecutadas, no solamente con discursos.

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