99 integrantes de Comandos de Frontera se concentraron en zona temporal de ubicación en Putumayo pese a controversia jurídica

Con el lema “Le apuesto a la vida, le cumplo a la paz”, un total de 99 integrantes de la estructura armada Comandos de Frontera se concentraron oficialmente en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) establecida en la vereda La Betania, zona rural del municipio de La Hormiga, en el Valle del Guamuez, departamento del Putumayo, en un hecho considerado por el Gobierno Nacional como uno de los avances más significativos del actual proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La concentración de los combatientes se desarrolló pese a la controversia jurídica generada por una acción de tutela presentada por una comunidad indígena de la región, que argumentó la vulneración de su derecho fundamental a la consulta previa frente a la instalación de la ZUT en ese territorio.

La zona fue autorizada mediante decreto presidencial como parte de los compromisos adquiridos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, organización que adelanta diálogos de paz con el Estado colombiano desde junio de 2024.

Durante el acto de concentración, el jefe de la delegación negociadora del Gobierno Nacional, Armando Novoa, calificó la jornada como un hecho histórico para la construcción de paz en el sur del país y destacó que representa un paso concreto hacia la reincorporación de quienes decidieron abandonar las armas.

“El traslado y la concentración de estos hombres y mujeres constituye una manifestación clara de la voluntad de paz de las partes. Es una demostración de que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos se están materializando en los territorios”, señaló Novoa.

El funcionario también se refirió a la decisión de un juez promiscuo municipal de La Hormiga que ordenó suspender el traslado de los integrantes del grupo armado hacia la Zona de Ubicación Temporal. Frente a esa determinación, explicó que el Gobierno Nacional interpuso recursos jurídicos de nulidad y de aclaración de la sentencia, argumentando que la notificación del fallo fue recibida apenas unas horas antes de la realización del evento.

Según Novoa, la delegación gubernamental ha actuado respetando las decisiones judiciales y en ningún momento ha pretendido desconocerlas. Sin embargo, sostuvo que una vez iniciado el desplazamiento de los combatientes hacia el punto de concentración, resultaba materialmente imposible revertir el proceso sin generar riesgos para la seguridad de quienes habían asumido el compromiso de transitar hacia la vida civil.

“El Gobierno no está desacatando ninguna orden judicial. Lo que ocurrió es que la notificación llegó cuando el procedimiento logístico ya estaba en marcha y cuando los integrantes de la organización se encontraban movilizándose hacia la zona definida para la concentración”, explicó.

Durante su intervención, Novoa defendió la vigencia de la política de paz total impulsada por el Gobierno y rechazó las voces que cuestionan los resultados de las negociaciones con los grupos armados ilegales.

“La paz no ha fracasado; lo que fracasó fue la guerra”, afirmó el jefe negociador, al señalar que el conflicto armado dejó durante décadas miles de víctimas y profundas afectaciones sociales en regiones como Putumayo y Nariño.

Además, destacó que el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano está acompañado de iniciativas de transformación territorial y sustitución de economías ilícitas. En ese sentido, aseguró que el Gobierno proyecta la sustitución de aproximadamente 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Putumayo y una cifra similar en el departamento de Nariño.

De acuerdo con Novoa, estos compromisos constituyen una muestra concreta del desescalamiento de la violencia en las zonas donde históricamente ha tenido presencia la organización armada y representan una oportunidad para avanzar hacia modelos económicos legales que beneficien a las comunidades rurales.

No obstante, advirtió que los resultados dependerán en gran medida de la capacidad institucional para acompañar social y económicamente a las poblaciones afectadas por el conflicto.

“Este esfuerzo requiere una presencia integral del Estado colombiano. No basta con la dejación de las armas; es necesario garantizar inversión social, proyectos productivos, infraestructura y oportunidades para las comunidades”, manifestó.

Por su parte, los voceros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano aseguraron que la concentración de los 99 combatientes demuestra la voluntad de la organización de continuar apostándole a una salida negociada al conflicto armado.

Los representantes del grupo señalaron que, a pesar de la incertidumbre política que rodea el escenario electoral de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio, mantienen su compromiso con la mesa de conversaciones y con los acuerdos alcanzados hasta ahora.

“Estamos cumpliendo nuestra palabra y demostrando que existe una verdadera disposición para avanzar en la construcción de paz. Esperamos que este proceso continúe independientemente de los cambios políticos que puedan producirse”, indicaron los voceros durante el encuentro.

La instalación de la Zona de Ubicación Temporal en La Betania marca una nueva etapa dentro de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Aunque persisten desafíos jurídicos, sociales y políticos, tanto las autoridades como los representantes de la organización armada coinciden en que la concentración de los combatientes constituye un paso relevante en la búsqueda de una solución negociada al conflicto que durante años ha afectado a las comunidades del sur de Colombia.