A un mes de la cruenta guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo
Durante este último mes, la zona del Catatumbo es el epicentro de una de las crisis humanitarias sin precedentes de la historia reciente de Colombia.
La guerra entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las Farc sumergió a esta extensa y selvática región en un estado de violencia sin precedentes, provocando el desplazamiento forzado de por lo menos 54.000 campesinos y confinando a otras 34.000 personas, según las cifras oficiales de entidades como la gobernación de Norte de Santander.
Mientras tanto, la respuesta del Estado al parecer está marcada por la improvisación, la falta de coordinación y la escasez de recursos para contener la emergencia caudada por los reiterados combates.
Por eso, el pasado 30 de enero, en un intento por abordar la crisis, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro adelantó un Consejo de Seguridad en El Tarra, en el corazón del Catatumbo.
A pesar de esto, lejos de arrojar soluciones concretas, el encuentro se convirtió en un ejercicio de retórica sin compromisos concreto con las comunidades. De acuerdo con una fuente que asistió a la reunión y que habló con varios periodistas, “no se dijo nada” que aportara a la pacificación de la zona.
Una declaración que deja en evidencia la falta de claridad del Gobierno nacional para enfrentar este tema de orden público.
Los expertos en temas militares y de seguridad han sido categóricos en su análisis de esta situación: la guerra en el Catatumbo no se enfrenta con las mismas estrategias de antaño. La llegada de 10.000 soldados provenientes de otras regiones del país, sin conocimiento del terreno, ha sido vista como una estrategia fallida desde un comienzo.
“Es como lanzar carne de cañón a la guerra”, señalan analistas militares. En un territorio hostil, donde la selva se convierte en un aliado para quien la conoce, los grupos armados llevan la ventaja estratégica.
Por el momento el Ejército Nacional intenta retomar el control de este territorio con los recursos disponibles, pero las dificultades logísticas son muy visibles. La falta de apoyo aéreo es un factor mortal pues la flota de helicópteros permanece en tierra debido a la falta de mantenimiento, una consecuencia indirecta de la guerra en Ucrania, que ha limitado la disponibilidad de repuestos para la aviación militar colombiana.
A raíz de esto, la movilidad de las tropas colombianas se ha visto restringida y la capacidad de respuesta ante los ataques del Eln ha sido limitada. Este grupo criminal ha sabido explotar estas debilidades con ataques sistemáticos en puntos clave de esta zona.
Municipios como Tibú, Lourdes y Teorama son el blanco de atentados, dejando un rastro de muerte y desolación entre la comunidad. En Teorama, por ejemplo, una incursión del Eln dejó 13 miembros de las disidencias de las Farc muertos en el corregimiento de La Cecilia, consolidando así su dominio en la zona. A esto se suma la fragmentación de la ofensiva de la fuerza pública. En lugar de desplegar una estrategia simultánea en los ocho municipios afectados, el Ejército ha priorizado ciertas áreas, permitiendo que los grupos armados se reorganicen y se ubiquen en áreas donde la bota militar no puede llegar.
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Esta falta de una estrategia integral solo ha agravado la crisis y prolongado el sufrimiento de la población civil, la cual pone los muertos en medio de un país que se desangra por la violencia política y la intensa confrontación entre Uribe y Petro.
La tragedia humanitaria Las cifras son devastadoras. Más de 54.000 personas han huido de sus hogares en busca de refugio en cabeceras urbanas como Cúcuta,Ocaña y Tibú. Otras 34.000 permanecen confinadas en sus comunidades, atrapadas entre el fuego cruzado y sin acceso a alimentos, atención médica o educación.
Mientras tanto, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, reconoció la magnitud de la crisisy la necesidad de un plan de retorno seguro para los campesinos.
No obstante, las condiciones actuales hacen que dicho retorno sea prácticamente inviable. Las casas de quienes han huido han sido saqueadas y sus tierras minadas, convirtiendo el regreso en una sentencia de muerte para la población civil. Luis Fernando Niño, alto consejero de paz del departamento, ya alertó sobre la falta de coordinación en la respuesta gubernamental.
“Hoy, casi que ya están solas la Gobernación y las alcaldías”,lamenta, subrayandola ausencia de una estrategia clara por parte del Gobierno Nacional. La entrega de ayuda hum]nitaria ha sido la única acción concreta hasta el momento, pero esta no es una solución a largo plazo.
En un intento por recuperar el control de la región, el Gobierno nacional ha implementado decretos de Conmoción Interior, con la promesa deque en un plazo de 90 días se podrá normalizar la situación, pero este escenario por el momento es lejano.
Sin embargo,los expertos advierten que estas medidas son insuficientes para resolver los problemas estructurales que enfrentan el Catatumbo desde hace más de 50 años de abandono estatal y corrupción en sus dirigentes políticos, que poco han hecho por los campesinos. El plan del Gobierno contempla tres fases: la primera enfocada en laayuda humanitaria, la segunda en el restablecimiento del control territorial y la tercera en la inversión para el desarrollo de la región, a través del denominado “Pacto Catatumbo”.
No obstante, sin garantías de seguridad ni un cese de hostilidades entre los grupos armados, cualquier inversión a largo plazo se torna incierta.Más allá de las estrategias militares y las decisiones gubernamentales, lo que está en juego en el Catatumbo es la vida de miles de personas. La guerra ha dejado una estela de asesinatos, desplazamientos y terror, y la comunidad internacional ha comenzado a voltear su mirada hacia esta crisis.
Sin embargo, los llamados al respeto del Derecho Internacional Humanitario han sido ignorados por los actores armados, que siguen utilizando a la población civil como escudo y moneda de cambio en su lucha por el control territorial.
“No es justo que sigamos nosotros en medio de esta guerra sin darles un futuro a nuestros niños”, sentencia el alto consejero de paz Luis Fernando Niño. Sus palabras reflejan el sentimiento de una comunidad que, una vez más, se siente abandonada por el Estado y atrapada en un conflicto que parece no tener fin. El Catatumbo resiste, pero su gente está cansada.
Un mes después del estallido de esta crisis humanitaria, las respuestas siguen siendo insuficientes y el horizonte, cada vez más incierto.