¿Acueducto de Popayán al borde del colapso financiero? El gerente del Acueducto parece decidido a lograrlo

¿Hasta cuándo va a seguir vendiendo humo mientras la empresa se hunde en sus propias cifras?

Los hechos no mienten. Durante su administración, la empresa perdió la confianza del mercado. La certificadora de riesgos, que año tras año evalúa la solidez de las entidades, rebajó la calificación del acueducto de BBB+ a BBB, una señal inequívoca de deterioro en la estabilidad financiera de la entidad. Y es que los números hablan más fuerte que cualquier comunicado de prensa: aunque el 2024 representó el año con mayores ingresos en toda la historia del acueducto, producto de dos incrementos tarifarios aplicados al servicio público —es decir, cobrando más a los ciudadanos—, la empresa no logró convertir esa bonanza en bienestar ni en eficiencia.

Por el contrario, en un acto digno de estudio financiero, la utilidad operacional cayó un 59% respecto al año anterior. En 2023, la utilidad fue de $1.363 millones, pero en 2024 apenas alcanzó los $548 millones, lo cual resulta escandaloso si se tiene en cuenta que los ingresos fueron significativamente mayores. ¿Cómo se logra ganar menos teniendo más? Fácil: aumentando los gastos operativos sin ningún control, incrementando la nómina, engordando la burocracia y elevando los costos administrativos. La austeridad, al parecer, es una palabra prohibida en la gerencia actual.

La cartera morosa también creció. En vez de fortalecer el recaudo y sanear las finanzas, el monto de usuarios en mora aumentó en más de $117 millones con relación a 2023. Es decir, no solo se cobra más, sino que se recauda peor. A esto se suma un incremento del 10,3% en las cuentas por pagar, lo que representa una deuda adicional de $1.094 millones, demostrando que la empresa está gastando más de lo que puede pagar. ¿Y cuál ha sido la solución? Más deuda: las obligaciones laborales crecieron en un 49%, con un aumento de $2.178 millones, y las obligaciones bancarias a corto plazo subieron en más de $2.000 millones. En otras palabras, el gerente ha convertido la entidad en una máquina de endeudamiento acelerado.

Y mientras tanto, en sus discursos, intenta hacer pasar como logro lo que no es más que la ejecución de compromisos pactados previamente. El pago del servicio a la deuda, por ejemplo, que hoy se presenta como una gran proeza, en realidad fue planeado, pactado y presupuestado desde el año anterior, mediante el Acuerdo 010 del 22 de diciembre de 2023. El monto, de más de $6.145 millones, no es una hazaña de su gerencia, sino una obligación programada, correspondiente al abono de capital más los intereses, tal como históricamente ha hecho la empresa. La verdadera pregunta es: ¿qué ha hecho él distinto? La respuesta duele: gastos excesivos, despidos sin justa causa que derivaron en costosas indemnizaciones y decisiones administrativas que afectaron seriamente el flujo de caja desde inicios del año.

Por si fuera poco, el gerente recibió en 2023 un 10,53% más en efectivo del que deja ahora. La caja que entrega al cierre de 2024 es claramente inferior, dejando además sin ejecutar recursos fundamentales: más de $13.000 millones en la fiducia para la ejecución del proyecto Comuna 2 y más de $33.000 millones para la construcción de la PTAR(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). Recursos disponibles, presupuestados, y que no avanzan. ¿Dónde están las obras? ¿Por qué no se ejecuta lo que ya está financiado?

Y si hablamos de gestión para el futuro, el panorama es aún más sombrío. Durante todo el 2024, no se presentó ni un solo proyecto nuevo a las ventanillas de financiación nacional o regional. Lo que sí se hizo fue intentar maquillar como “nuevos” los proyectos ya viabilizados por gestiones anteriores, tal como consta en las actas del Ministerio. Ni visión, ni planeación, ni liderazgo. Solo discursos prefabricados y una peligrosa tendencia a apropiarse de los logros ajenos.

En resumen, buena parte de la mala calificación obtenida por la empresa no es obra del azar ni de la mala suerte, sino consecuencia directa de una administración errática, desordenada, sin austeridad ni claridad sobre las prioridades de inversión. Se gobierna sobre la marcha, se improvisa, y mientras tanto Popayán sigue esperando obras, mejoras y eficiencia.

La ciudadanía de Popayán tiene derecho a saber qué está ocurriendo con su empresa de servicios públicos. ¿Hasta cuándo tendrá que tolerar esta cadena de errores? ¿Hasta cuándo la gerencia seguirá gastando más, haciendo menos y culpando a los demás?

Es hora de que la sociedad civil, los sindicatos del Acueducto de Popayán y todas las fuerzas vivas de la ciudad levanten la voz con firmeza. No podemos permanecer indiferentes ante una gestión que amenaza con llevar al colapso una empresa que es patrimonio de todos los payaneses. Este no es un asunto menor ni técnico: se trata del presente y el futuro del acceso al agua, de la sostenibilidad financiera de una entidad pública y del respeto por los recursos que con tanto esfuerzo aporta la ciudadanía. Los sindicatos, en particular, no pueden seguir siendo espectadores pasivos mientras se desmoronan las finanzas y se compromete la estabilidad laboral y operativa de la empresa. Es momento de actuar con responsabilidad, de exigir transparencia, eficiencia y decisiones correctas. Popayán no puede permitir que por la negligencia, el desorden y la incompetencia de unos pocos se pierda lo que durante décadas ha sido símbolo de confianza y servicio público.

Lo que hoy tenemos es una incertidumbre preocupante, una empresa que se aleja del servicio eficiente y se acerca peligrosamente al abismo de la deuda y el descontento ciudadano. Todo esto en un escenario donde la falta de liderazgo, la ausencia de iniciativa y la desconexión con las verdadera