Adolescente aprehendido tras el ataque al senador Miguel Uribe Turbay no aceptó cargos

Este martes 10 de junio se adelantó la audiencia de notificación de cargos, como se le conoce a la diligencia de imputación en el régimen de menores, en contra del menor de edad, señalado de haber atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, senador y representantes del Centro Democrático.

Ante un juez de control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con medio de comunicación de la capital del país, la audiencia se celebró de manera virtual, pues el menor permanece aún en la Clínica Colombia, donde se recupera de una cirugía en una de sus piernas, luego de que el pasado sábado 7 de junio resultara herido después de un intercambio de disparos con el equipo de seguridad del congresista. El centro de salud es fuertemente custodiado por la Policía y el CTI de la Fiscalía.

En cualquier momento del proceso judicial, según fuentes consultadas que conocen el proceso legal en casos de menores de edad, el capturado podrá ofrecer su colaboración a las autoridades judiciales, con miras a acceder a beneficios judiciales a cambio de entregar información que sirva para fortalecer la investigación.

La sanción a la que podría enfrentarse, en cualquiera de los casos, es únicamente entre dos y ocho años de privación de la libertad. Esto, dado que el sistema para adolescente no privilegia la sanción punitiva, sino un proceso de resocialización, buscando restablecer los derechos a este joven. El menor no quedará retratado con antecedentes legales. Además, tiene derecho a una segunda instancia.

Por eso, el profesor y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate Ochoa, explicó que la no aceptación de cargos por parte del menor, aunque “puede causar extrañeza”, se podría explicar en dos vías diferentes.

“Efectivamente, quiere dejar su situación para que se resuelva en un juicio. Recordemos que en el régimen legal de los menores no tienen beneficios por aceptar los cargos, como ocurre con los adultos”, señala el jurista.

Otra hipótesis, señala el abogado, sería que el presunto atacante “se encuentra en un proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación. Cuando estos procesos están en curso no se aceptan los cargos, y, posteriormente se presentan los acuerdos a los que se lleguen, que, en este caso, podría ser un principio de oportunidad”.

Mientras tanto, las investigaciones de la Policía respecto al arma presuntamente utilizada por el menor durante el atentado han arrojado nuevos resultados.

Fuentes que conocen de cerca las pesquisas le confirmaron a este diario que el comprador del proyectil es un ciudadano estadounidense de nombre Charles Joe Anderson.

Sin embargo, aún no es claro cómo habría entrado la pistola a Colombia. El ciudadano norteamericano, señala la Policía, habría comprado la Glock de nueve milímetros en la ciudad de Mesa, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos.

La compra se hizo el 6 de agosto de 2020 y, según le dijeron fuentes judiciales, no es posible vincular al estadounidense a una investigación, pues el arma fue comprada legalmente y no se sabe a ciencia cierta el rumbo de la misma desde 2020.