Ahora serán las altas cortes las que decidan el futuro de la consulta popular

Este martes 17 de junio, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció acciones frente al decreto de consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro antes de convocar a la ciudadanía a las urnas.

Su respuesta no fue ni un sí ni un no, y optó por dejar la decisión en manos de las altas cortes, señalando que se trata de “un problema jurídico sin precedentes” que podría impactar en la institucionalidad del país.

“La pregunta es si se cumplieron o no los requisitos para convocar a una consulta popular de acuerdo con la Constitución y es evidente que ante una controversia jurídica entre el Legislativo y el Ejecutivo de tal magnitud y que no tiene precedentes, lo correcto es dejar que las altas cortes decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta”.

Penagos agregó además que la Registraduría es un ente neutral y que no pretende generar divisiones, sino cohesión: “No solo está en juego sino el principio democrático y si se quiere la democracia”.

Así las cosas, solicitará conceptos a la sala de consulta del Consejo de Estado para determinar si se ha cumplido la Constitución y esta se enviará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría para que den “luces” de si se puede o no continuar.

“Es muy importante que alguna de estas cortes tome decisiones que nos permitan saber hacia dónde conducirnos, insisto, no solamente para la convocatoria a una consulta, sino para evitar una ruptura institucional en el país”, agregó Penagos.

Por eso, las acciones anunciadas por el registrador fueron las siguientes:

• Solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
• Remitir copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
• Remitir copia de la solicitud a la Procuraduría General de la Nación.
• Solicitud a las altas cortes para que se pronuncien, ágil y oportunamente, sobre las diferentes demandas interpuestas.

Así pues, mientras se resuelven estas acciones, se suspendería la aplicación del decreto que convoca a la consulta popular.

Penagos recordó que, desde este 17 de junio y hasta la fecha de convocatoria de la consulta popular, hay cerca de 53 días: “Debo decirles que, materialmente, no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta en 53 días”.

El funcionario advirtió que la Registraduría requiere, mínimo, de alrededor de tres meses para llevar a cabo este procedimiento.