Al menos 34 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante 2026, denunció la Defensoría del Pueblo
El informe advierte que Antioquia concentra el mayor número de homicidios contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en el país.
En el primer trimestre de 2026, el panorama para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social en Colombia se tornó más crítico, evidenciando un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en distintos territorios.
De acuerdo con el más reciente informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registraron 34 homicidios de líderes y defensores. Del total de víctimas, 30 correspondían a hombres y 4 a mujeres, lo que refleja una afectación mayoritaria sobre la población masculina en estos roles.
En ese mismo periodo, la entidad también reportó el asesinato de tres firmantes del Acuerdo de Paz, en hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila. Dos de estos casos se presentaron durante el mes de febrero, mientras que el restante tuvo lugar en marzo, lo que mantiene la preocupación por las garantías de seguridad para esta población.
En relación con la distribución territorial, la violencia tuvo un foco particular en Antioquia, departamento que concentró el mayor número de homicidios de líderes sociales y el más alto registro de masacres durante los primeros tres meses del año.
Según los datos recopilados por la Defensoría, Antioquia contabilizó ocho asesinatos de líderes y seis masacres del total nacional en este periodo, ubicándose como la región con mayor incidencia tanto de violencia colectiva como de ataques dirigidos contra quienes ejercen liderazgo social.
Otros departamentos también evidenciaron niveles preocupantes de riesgo. Arauca y Cauca reportaron cuatro líderes asesinados cada uno, seguidos por Nariño con tres casos; mientras que Huila, Magdalena y Putumayo registraron dos homicidios respectivamente. A su vez, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander y Santander reportaron un caso cada uno.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo advirtió que la presencia de grupos armados ilegales y la expansión de economías ilícitas continúan siendo factores determinantes en el incremento de la violencia, especialmente en zonas rurales y en regiones consideradas estratégicas como Antioquia.
Durante este trimestre, el país registró 35 masacres que dejaron al menos 133 víctimas. De estos hechos, 13 ocurrieron en enero, 9 en febrero y 13 en marzo, lo que evidencia una persistencia alarmante de este tipo de violencia en el territorio nacional.
Esta situación, lejos de representar hechos aislados, confirma la existencia de un patrón estructural de violencia que, según la Defensoría del Pueblo, impacta de manera directa la organización comunitaria, debilita la presencia institucional del Estado y compromete la garantía de los derechos fundamentales en múltiples regiones del país.