Alcalde Muñoz: En sus manos está corregir la injusticia del avalúo catastral en Popayán

El propósito de este artículo es informar a la ciudadanía sobre las responsabilidades y el alcance de las decisiones tomadas por estas 2 entidades durante el proceso de Revisión Catastral de los años 2021 y 2022.

El Municipio de Popayán debía realizar una actualización catastral de los predios de la ciudad (aproximadamente 157,000), ya que según ellos, había pasado más de 12 años desde la última vez que se había realizado, a pesar de que cada año se habían hecho incrementos porcentuales (en un año incluso por encima del 30% durante la administración Fuentes). Esto contradice la afirmación de que los valores catastrales no se habían actualizado. La actualización catastral es un proceso que implica la revisión de todos los predios del municipio para asignarles un valor ajustado a las condiciones del mercado. Se tienen en cuenta variables socioeconómicas del entorno y del sector, el estado de las vías, la disponibilidad de servicios públicos básicos, las condiciones de mantenimiento del inmueble, la calidad de su construcción, la posibilidad de construir y/o ampliar el área construida, y cualquier otro factor que afecte positiva o negativamente el valor del predio, incluyendo el inmueble que en él se encuentre.

La actualización catastral solo puede ser realizada por un Ente Gestor, y en este caso fue seleccionado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El IGAC, a su vez, contrató un Operador Catastral para llevar a cabo la labor de campo y verificación de los factores mencionados anteriormente.

Aquí es donde comienzan los errores de este proceso. A pesar de ser un contrato entre el Municipio y el IGAC por una cifra cercana a los $9,500 millones, no se designó un Interventor y, en su lugar, se delegó la supervisión en la Secretaría de Planeación Municipal, cuya idoneidad para esta labor ha sido cuestionada.

¿Por qué errores? Porque el personal encargado de realizar el trabajo de campo, conformado por individuos de diversas profesiones, muchas de ellas no relacionadas con el objeto del contrato, recibió una capacitación insuficiente por parte del promotor catastral. Es importante destacar que para que el IGAC acepte una revisión catastral presentada por un ciudadano, el estudio debe ser realizado por profesionales afines y avalados en 13 categorías distintas de valoración, para lo cual deben capacitarse durante varios años.

¿Qué podía esperarse de un trabajo realizado de manera tan improvisada? Nada diferente a la información entregada y absurdamente aceptada por la Planeación Municipal y el Concejo Municipal, que validó este despropósito a pesar de haber sido notificados de los numerosos errores. ¿Dónde está el resultado de la Comisión Accidental nombrada por el Concejo en 2023 para rendir un informe sobre estos hechos? Esperamos que para futuras gestiones, se asesoren adecuadamente por profesionales que conozcan del tema y no se presten a intereses políticos que solo buscan el favor de unos pocos, abandonando a aquellos que les dieron su voto de confianza.

Todo esto se refleja en el malestar de la población y en las miles de quejas, aún sin resolver, presentadas al IGAC.

La supervisión del contrato también fue deficiente y no pudo detectar oportunamente los errores que se estaban cometiendo para corregirlos a tiempo. Es recordado el video en el que la misma Secretaria de Planeación (en 2022, durante la administración de Juan Carlos López) manifestó en un evento nacional en Paipa las dificultades en el contrato con el IGAC, pero a pesar de ello, el proceso continuó.

¿Cuáles fueron los principales errores cometidos?:

1. Falta de socialización: No se ha podido evidenciar la realización de actas de socialización por parte del IGAC, en las cuales se demuestre la debida información proporcionada a la ciudadanía sobre los múltiples factores que afectarían su situación social y económica en el futuro.
2. Incremento patrimonial: Aún no está claro cuántas propiedades (pero se estima en más de 20,000) fueron reajustadas por encima del valor exigido por la DIAN como obligatorio para presentar declaración de renta. Esto implica que todos ellos tendrán que presentar oportunamente dicha obligación con la DIAN, para lo cual necesitarán contratar los servicios de un contador público, incrementando aún más sus obligaciones básicas y eventualmente teniendo que pagar el impuesto respectivo.
3. Pérdida de subsidios SISBEN: El incremento en el valor de la propiedad y la errónea aplicación de criterios para la definición de Zonas Homogéneas hará que miles de familias cambien de estrato y pierdan los auxilios en su clasificación del SISBEN. Esto no fue socializado oportunamente por parte del IGAC ni de su Operador Catastral, y se desconoce si fue solicitado por la Secretaría de Planeación Municipal.
4. Variaciones en las áreas de los lotes y de las construcciones: Este es el error más recurrente y se estima que más de 100,000 predios sufrieron esta alteración (generalmente un aumento respecto a lo registrado en escrituras y documentos previos), lo cual no solo genera un mayor área sobre la cual se debe pagar impuesto, sino que también causa parálisis en las transacciones inmobiliarias. Esto se debe a que al no coincidir el último recibo predial con las escrituras existentes, no es posible realizar un proceso de compraventa, ya que este sería rechazado en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Sin embargo, para complicar aún más las cosas, le corresponde al propietario demostrar al IGAC que están equivocados, lo que implica un proceso costoso y largo para contratar personal profesional idóneo, del cual el IGAC no disponía al realizar la revisión catastral.
5. Inequidad en la valoración catastral y el cobro de predial: Todos los errores mencionados llevaron a un cobro final del impuesto predial absolutamente inequitativo. Muchos predios urbanos y rurales sufrieron un incremento desmedido en su valoración catastral al quedar incluidos dentro de Zonas Homogéneas que no se ajustan a sus realidades técnicas y socioeconómicas. Del mismo modo, hay muchos otros predios cuyo valor e impuesto son ridículamente bajos (ofensivo para toda una sociedad afectada por múltiples factores). En este último grupo se incluye la propiedad de la esposa del alcalde saliente López, con un lote de más de 13,000 m² y una nueva construcción de 700 m² que pagó menos de $150,000 de impuesto predial para este año. ¡Qué vergüenza!

No obstante, no todo son malas noticias, ya que afortunadamente al frente de la Secretaría de Planeación Municipal se encuentra la Dra. Jazmín Hurtado Ordoñez, quien el año pasado tuvo la integridad de enviarle al alcalde Juan Carlos López un oficio reconociendo los errores de todo este proceso y aconsejando no liquidar el contrato con el IGAC. Pensamos que por su comportamiento íntegro, el alcalde entrante, Muñoz Bravo, decidió mantenerla en su cargo, ya que durante su campaña para la alcaldía prometió revisar y ajustar con equidad todo este despropósito que ha sido el contrato entre el Municipio de Popayán y el IGAC.

Señor alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, usted tiene la oportunidad de detener a tiempo el estallido social que puede generar este error y no esperar a que se presenten bloqueos como el año pasado (los cuales sí fueron atendidos por el IGAC y la Alcaldía con la promesa de revisar su situación) para tratar con equidad a toda una sociedad deseosa de éxito en su gestión como alcalde, pero también deseosa de equidad y justicia. Rechazamos las acciones de hecho y estamos a tiempo de evitarlas. Le deseamos al señor alcalde mucha suerte.