Alerta en Popayán: Defensoría advierte expansión de grupos armados y organizaciones criminales

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 018 de 2026, mediante la cual advierte un grave escenario de riesgo para los habitantes de las nueve comunas y 23 corregimientos de Popayán, debido a la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

De acuerdo con la entidad, estas estructuras buscan ejercer control territorial tanto en sectores urbanos como rurales, generando amenazas contra los derechos fundamentales de la población y aumentando el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Disputa por corredores estratégicos

En la zona rural de Popayán, la Defensoría identificó el interés del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja), del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), y del ELN por controlar corredores estratégicos que comunican al Cauca con los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila.

Mientras tanto, en el área urbana se presenta una compleja coexistencia entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales, entre ellas bandas locales como ‘Los Comapán’, además de emisarios de estructuras transnacionales.

Según la alerta, Popayán estaría siendo utilizada como refugio y plataforma para actividades relacionadas con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.

Homicidios, masacres y control territorial

La Defensoría advierte que el escenario de riesgo ya se ha traducido en hechos violentos como homicidios selectivos, sicariatos y masacres.

Entre los casos mencionados se encuentra la masacre ocurrida en abril de 2026 en el corregimiento La Meseta, donde seis personas fueron asesinadas. También se señala la incineración de tres personas dentro de un vehículo registrada en marzo.

Para la entidad, este tipo de acciones buscan demostrar la capacidad de daño y control territorial de las estructuras armadas no estatales.

A esto se suman la distribución de panfletos amenazantes, proselitismo armado y la instalación de pancartas en sectores como Cajete y Las Chozas, en la vía hacia El Tambo, así como en los barrios Lomas de Granada, La Pamba y Valladolid.

La extorsión y los secuestros también estarían generando temor entre la población y afectando las actividades económicas y sociales. La Defensoría advierte incluso un “confinamiento organizativo” de líderes y lideresas sociales, quienes han tenido que limitar sus actividades al casco urbano por razones de seguridad.

Ataques contra infraestructura y amenaza con drones

La alerta también documenta posibles infracciones al DIH relacionadas con ataques contra infraestructura de servicios públicos.

Entre estos hechos se encuentra la incineración de vehículos recolectores de residuos sólidos en la vía hacia el corregimiento La Yunga.

Además, la Defensoría advierte sobre una nueva amenaza relacionada con el uso de drones cargados con explosivos contra instalaciones militares ubicadas en el centro urbano de Popayán.

Según el documento, el manejo de estos dispositivos estaría relacionado con personas que habrían tenido experiencia como mercenarios en la guerra de Ucrania. La situación representa, según la entidad, un riesgo para la población civil debido a la posibilidad de ataques en zonas densamente pobladas.

Niños, mujeres y comunidades indígenas, entre los más afectados

Uno de los principales motivos de preocupación es el riesgo de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, especialmente mediante plataformas digitales como TikTok y WhatsApp.

Las mujeres también enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad, particularmente quienes desarrollan actividades sexuales, debido a hechos de violencia basada en género y mecanismos de control atribuidos a estructuras armadas.

La Defensoría menciona, entre otras situaciones, la exigencia de pruebas médicas por parte del grupo disidente Bocja.

Por su parte, los pueblos indígenas Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona enfrentan restricciones para desarrollar sus prácticas tradicionales y movilizarse dentro de sus territorios y resguardos.

Defensoría formula 27 recomendaciones

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales.

Entre ellas se encuentra un llamado al Ministerio del Interior para coordinar una respuesta rápida, al Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta frente a drones, y a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la lucha contra el lavado de activos.

También se formularon recomendaciones al ICBF, la Secretaría de Educación de Popayán, la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca, entre otras entidades, con el propósito de fortalecer los entornos protectores y prevenir el reclutamiento de menores.

La Defensoría insiste en que la respuesta estatal debe desarrollarse bajo un enfoque de seguridad humana, con acciones dirigidas a reducir las vulnerabilidades de la población, prevenir violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, proteger de manera diferencial a las comunidades en riesgo y fortalecer las capacidades institucionales.

La entidad recordó que las Alertas Tempranas son preventivas y no predictivas. Su objetivo es advertir sobre escenarios de riesgo para que las autoridades adopten medidas oportunas que permitan proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.