Alerta por amenazas a lideres sociales en Popayán

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" y la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica denuncian públicamente un presunto plan armado para atentar contra delegados que participaron en la Coordinación Departamental del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) los días 18 y 19 de mayo de 2024 en Popayán.

Hechos Relevantes:

El 19 de mayo, alrededor de la 1:00 p.m., durante la reunión en el Campamento Humanitario La Estrella Roja, se recibió una llamada alertando sobre un plan de grupos armados delincuenciales con presencia en Popayán. Según la información recibida, estos grupos planeaban ingresar al campamento y asesinar a dos personas, poniendo en riesgo la vida de todos los presentes.

Entre los asistentes se encontraban destacados líderes políticos y sociales, incluyendo al Representante a la Cámara Juan Pablo Salazar Rivera, la Diputada Orgeni Viera Betancourth, el Concejal Álvaro Andrés Duque Ruiz, y los defensores de derechos humanos Fabián Andrés Sánchez Correa y Oscar Iván Tosse Molina. Ante la amenaza, la reunión fue suspendida y los asistentes evacuados. Posteriormente, la Policía Nacional, a través del coronel Jhon Fredy Zambrano, confirmó la veracidad de las amenazas y solicitó una reunión extraordinaria con los líderes para discutir medidas de protección.

Antecedentes y Contexto:

La situación se agrava con antecedentes de pagos a bandas delincuenciales en Popayán y Cauca para atentar contra la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos, como Jonathan Enrrique Centeno Muñoz, Oscar Gerardo Salazar Muñoz, y Cristian Raul Delgado Bolaños, entre otros.

Responsabilización y Exigencias:

Se responsabiliza al Estado Colombiano, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro Urrego, y a la Gobernación del Departamento de Cauca, liderada por Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, por la protección insuficiente a estos líderes. Se exige el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, garantizar la seguridad y los derechos de los líderes sociales, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las responsabilidades individuales y colectivas.

Llamado a la Comunidad Internacional:

Se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos a monitorear de cerca la situación y asegurar que las acciones del Estado Colombiano cumplan con las normas internacionales.