Alerta por expansión de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc: comunidades de Casanare están en riesgo

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 027 de 2026 ante el peligro de desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores y otras vulneraciones de derechos humanos. La advertencia comprende tres municipios y sectores de Hato Corozal, donde también habita población indígena U’wa.

La expansión del conflicto armado desde el departamento de Arauca hacia el noroccidente de Casanare encendió las alarmas de las autoridades nacionales. La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana ante el riesgo de que se intensifiquen los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, situación que amenaza directamente la seguridad y los derechos de cientos de familias campesinas e indígenas.

Mediante la Alerta Temprana 027 de 2026, el organismo advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en los municipios de La Salina, Sácama y Támara, además de varios sectores de Hato Corozal, particularmente en el territorio donde se encuentra el resguardo indígena Chaparral Barro Negro.

De acuerdo con el análisis de la Defensoría, la confrontación enfrenta al Frente Adonay Ardila Pinilla, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del ELN, y al Frente 28 del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), organización disidente de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El documento advierte sobre un proceso de expansión y recuperación territorial del Frente 28, que contaría con el respaldo del Frente 10, mediante el traslado de integrantes armados y la instalación de campamentos en zonas de difícil acceso. Estas acciones estarían provocando movimientos del ELN para frenar el avance de sus adversarios.

La preocupación institucional aumenta debido a que estos municipios hacen parte de corredores estratégicos de movilidad que comunican a Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país, territorios que resultan importantes para el desplazamiento de estructuras armadas, el transporte de armas y el establecimiento de mecanismos de control territorial.

La advertencia de la Defensoría no se limita a los posibles enfrentamientos. También documenta prácticas de intimidación y sometimiento contra los habitantes de las zonas afectadas.

Entre las situaciones identificadas están las exigencias económicas y el cobro de los denominados ‘impuestos’ a comerciantes, contratistas y empresas que desarrollan actividades en la región.

Asimismo, se reporta la imposición de supuestos manuales de convivencia, registros casa a casa, requisas de teléfonos celulares, elaboración de censos y restricciones a la movilidad de las comunidades mediante confinamientos.

Otro de los factores de mayor preocupación es la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar en caminos rurales, terrenos agrícolas y alrededores de instituciones educativas, lo que representa un peligro permanente para la población civil.

La Defensoría también identificó riesgos particulares para niñas, niños y adolescentes, ante la posibilidad de que sean reclutados, utilizados o instrumentalizados por las organizaciones armadas, incluso en actividades relacionadas con las confrontaciones.

La situación también amenaza la autonomía y el gobierno propio del pueblo indígena U’wa, especialmente en los resguardos Guanu’wa Rauriu’wa y Chaparral Barro Negro.

A este panorama se suman las amenazas, la estigmatización y el riesgo de desplazamiento que enfrentan personas firmantes del Acuerdo de Paz que adelantan procesos de reincorporación, así como las intimidaciones contra dirigentes comunales, integrantes de juntas de acción comunal y funcionarios públicos de la región.

Frente a este escenario, la entidad formuló 28 recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para evitar que la confrontación termine generando una nueva crisis humanitaria.

Las medidas están orientadas a fortalecer la presencia institucional, prevenir desplazamientos y confinamientos, garantizar la protección de líderes sociales y comunidades indígenas, investigar las amenazas y brindar asistencia humanitaria a las personas que puedan resultar afectadas.

Entre las instituciones requeridas se encuentran los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Gobernación de Casanare y las alcaldías municipales.

La Defensoría insistió en que las alertas tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo. Su propósito es advertir oportunamente sobre los escenarios de riesgo y exigir acciones concretas del Estado para proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.

La advertencia vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la expansión de las disputas territoriales entre organizaciones armadas ilegales y las consecuencias que estas confrontaciones generan sobre las comunidades que permanecen en medio del conflicto.