Alerta Rosa en Colombia: un mecanismo crucial para la búsqueda y protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes

A la angustia que sufría Rosaura por la desaparición de su hija de tan solo 13 años, se le sumó la indignación por la respuesta que recibió de parte de las autoridades: “vuelva en 72 horas”. En su caso, solo habían pasado 6 sin saber de su niña. Acudió a varias instituciones del Estado, pero la respuesta siempre fue “hay que esperar”.

Como ella, cientos de familias colombianas, a diario, están buscando a una niña, niño, adolescente, joven o mujer. Con la foto en la mano, las lágrimas rodando, el corazón acelerado y los pies cansados, van de una entidad a otra, sin saber a quién más acudir.

Aunque la angustia de Rosaura duró 8 horas, otros casos no han tenido la misma suerte y las familias siguen esperando noticias de su ser querido. Pensando en esos familiares que quedan suspendidos en la espera, se creó un mecanismo que pone a su disposición más herramientas y aliados para encontrar a su familiar desaparecido. Se trata de la ‘Alerta Rosa’, un mecanismo de búsqueda inmediata, multicanal y masiva para localizar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes (hasta los 28 años) y mujeres desaparecidas.

“Para el Ministerio de Justicia era la respuesta que se debía a una deuda histórica hacia las víctimas de desaparición. Una deuda especialmente con las mujeres, ya que no contaban con un mecanismo efectivo de búsqueda inmediata. Así que, para nosotros, el haber expedido el Decreto es una respuesta institucional que requirió también de una arquitectura, siempre concertada, con distintos organismos y entidades del orden nacional que están relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas de manera directa e indirecta”, señaló Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, en entrevista con la Fundación Tengo Ganas.

El mecanismo se creó por medio de la Ley 2326 de 2023 y fue reglamentado mediante el Decreto 1428 de 2024, que menciona Villalba. Sin embargo, el pasado 29 de abril se presentó por primera vez su Protocolo Transversal de Búsqueda en la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, con el acompañamiento de las instituciones a cargo de su implementación. El protocolo lleva a lo operativo las obligaciones y necesidades de articulación entre entidades que el Decreto establece.

“La Alerta Rosa ya está al servicio de las y los colombianos y de las personas que habitan en el territorio nacional. Un total de 17 entidades unieron esfuerzos para consolidar este mecanismo de búsqueda inmediata para sujetos de especial protección constitucional, el cual articula acciones coordinadas entre las instituciones públicas, las organizaciones y la sociedad en general. Su finalidad es lograr la localización, ubicación y protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres reportadas como desaparecidas, y es activado a través de una alerta masiva multicanal de difusión inmediata”, explicó en el lanzamiento la vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte Urdaneta.

Como indica Aponte, la coordinación de acciones entre distintas entidades es vital. Además de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, están a cargo de la puesta en marcha del mecanismo de búsqueda inmediata los ministerios del Interior, de Igualdad y Equidad, de Salud y Protección Social, de Educación Nacional, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, Migración Colombia, Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía General de la Nación e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Sin embargo, la importancia de este mecanismo también radica en una fuerte articulación a nivel territorial y regional, sobre todo en los municipios más apartados, afectados por el conflicto armado y donde el Estado no suele llegar.

De ahí que, para poner en marcha la Alerta Rosa en los territorios, es importante fortalecer y coordinar el quehacer de entidades como las Casas de Justicia, las Comisarías de Familia y los Consultorios Jurídicos.

En ese camino, además, se han sumado aliados estratégicos como el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz (FMNU), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Fundación Tengo Ganas de Santander de Quilichao, Cauca, quienes han acompañado y fortalecido el diagnóstico y la puesta en marcha de iniciativas de prevención y de formación pedagógica que permitan a la población civil conocer las ventajas de la activación de la Alerta Rosa.   

En diálogo con Ana María Rodríguez Valencia, directora de la CCJ, fue posible conocer cómo desde el Ministerio de Justicia y el FMNU acudieron a la CCJ para establecer un convenio que permitiera avanzar en la puesta en marcha de la Alerta Rosa y, sobre todo, partir de  la voz de las comunidades,  para crear el protocolo y el plan operativo de búsqueda inminente que implementa esta ley. Rodríguez exaltó también que se integraron las lecciones aprendidas en más de 30 años de  experiencia en temas relacionados con la desaparición forzada.

“El año pasado trabajamos en tres regiones del pais, Cauca, Caquetá y Norte de Santander, conociendo las dinámicas de los territorios, los procesos de búsqueda que adelantan tanto las instituciones como organizaciones de la sociedad civil, y cómo podemos poner en marcha algunas estrategias para activar la alerta desde la práctica”, explicó Rodríguez.

Además, agregó que, aunque la Alerta Rosa tardó en ser operativa, llega a complementar los componentes de la Política Pública Integral del Sistema Nacional de Búsqueda del país, donde ya existía el Mecanismo de Búsqueda Urgente (Ley 971 de 2005). “A la fecha no había una mirada especializada o especifica en las mujeres y en las y los menores de 18 años. La Alerta Rosa llega en un muy buen momento porque tiene el potencial de cambiar una situación que de otra manera se puede seguir agravando en nuestro país”, afirmó.

 Cifras que alertan a los territorios y a sus pobladores

De acuerdo con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia, entre 2020 y 2025 se registran 35.414 personas desaparecidas, de las cuales el 50,9% aún no han sido encontradas. Asimismo, el SIRDEC reporta que la tasa de desaparición de adolescentes mujeres es de 13,9% por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de hombres es del 6,7%, más del doble.

De acuerdo con la información entregada por la Defensoría del Pueblo el pasado 29 de abril, solo en 2025, en Medicina Legal se reportaron 5.397 personas como desaparecidas. De ellas, 3.169 eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 2.041 eran mujeres. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación registró 1.364 noticias criminales por desaparición forzada en el mismo periodo, de las cuales 401 corresponden a mujeres víctimas y 410 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto quiere decir que, por cada 3 víctimas de desaparición forzada, 1 es mujer; y por cada 10 mujeres adultas desaparecidas se registran 6 niñas y adolescentes.

El panorama en el departamento del Cauca no es más alentador, entre 2020 y 2025 se registraron 531 desapariciones, donde el 76.8% de las víctimas sigue sin aparecer, 26 puntos por encima del promedio nacional. De esas 531 personas, 133 son niños, niñas y adolescentes y 163 son mujeres.

Estas cifras hablan sobre un fenómeno de magnitudes preocupantes en Colombia y que afecta en proporción importante a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es una alerta ineludible sobre la necesidad de una respuesta estatal efectiva. Y para que sea efectiva, la respuesta debe atender a la realidad de la problemática. En ese sentido, la alta proporción de estos sectores de la población entre las víctimas de desaparición evidencia un cambio en los patrones de violencia en el país:

“La desaparición era un mecanismo de conductas macro-criminales asociadas al Estado, que posteriormente comenzaron a ser utilizadas por grupos de narcotráfico y en gran medida, casi que en un 80%, según información del Centro Nacional de Memoria Histórica por los grupos paramilitares en este país. Por supuesto, también lo hicieron las guerrillas. Pero fíjense cómo el fenómeno ha venido también transformándose, antes era siempre relacionado con la violencia política, contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, etc. Sin embargo, el fenómeno ha venido transformándose y entonces hoy observamos, por ejemplo, que la gran mayoría de estas desapariciones están relacionadas con la comisión de conductas como la trata de personas y que las personas más afectadas hoy por hoy son mujeres y niños”, apunta el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Según el director, parte de esa mutación sirvió para argumentar la necesidad de crear un Plan Transversal de Búsqueda que atienda de manera diferente este tipo de casos que afectan en mayor proporción a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

“Ahí llegan aliados como la Comisión Colombiana de Juristas con quienes se formuló el Plan, y que ha contado con la participación de la sociedad civil, actores estratégicos y la institucionalidad, reafirmando lo que muchos repetimos: la búsqueda es de todos y todas”, agregó.

Por su parte, Ana María Rodríguez, coincide en mencionar que la ciudadanía es la gran protagonista en los procesos de búsqueda, y más en un país como Colombia, donde la gran mayoría de procesos de búsqueda los adelantó siempre la sociedad civil, los y las familiares de las personas desaparecidas.

“Ellas y ellos son quienes responden en tiempo real cuando hay eventos de desaparición, no esperan a nada, no tienen que activar ningún protocolo, ni dar espera a nada; son quienes primero responden y más rápido reaccionan. También muchas veces son quienes conocen más a las personas que han desaparecido y pueden tener información valiosa sobre el lugar a donde podrían estar, características propias de las personas que puedan ayudar en su búsqueda. Entonces, son realmente las grandes protagonistas de los procesos de búsqueda y por eso, ahora que hemos logrado desarrollar normatividad e institucionalidad para hacer estas búsquedas, el Estado no puede olvidar a la ciudadanía y dejarlos de lado en estos procesos”, puntualizó.

El marco normativo robusto que busca a las y los desaparecidos en Colombia

En Colombia existen al menos 20 documentos distintos entre leyes, decretos, resoluciones y directivas que hacen parte del marco legal que reglamenta y protege la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una cantidad de normativas importante que podría catalogarse como un avance importante en esta lucha diaria de familiares e instituciones por encontrar a quienes hoy no están. Este robusto marco normativo incluye la normatividad relacionada con desapariciones ocurridas en el marco del conflicto armado y los casos de desaparición forzada. A partir del 2016 y con la firma del Acuerdo de Paz, por ejemplo, se creó una unidad especializada para atender los casos de desaparición en razón del conflicto armado ocurridas antes del primero de diciembre de 2016, y se generó una reglamentación que protege a las personas frente a las diferentes modalidades de desaparición en ese contexto.

“Colombia cuenta con una institucionalidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. La creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas representó un avance significativo, al dedicarse exclusivamente a esta labor e incorporar enfoques especializados e internacionales. Esto ha permitido ubicar e identificar a cientos de personas, algunas con vida y otras a través de la recuperación de sus restos. Otro logro importante ha sido la aprobación e implementación de la Ley de Alerta Rosa, que posibilita búsquedas especializadas con enfoque de género y etario, aspectos que no contemplaban los mecanismos anteriores”, destacó Ana Rodríguez, directora de la CCJ.

Con este robusto marco legal, el resultado esperado sería que no aumentara la cifra de desaparecidos y que todos regresaran con vida al seno de sus hogares. Para que esto se cumpla aún hay mucho camino por recorrer.

Pero avances como la puesta en marcha del mecanismo Alerta Rosa contribuyen a que personas como Rosaura, que se enfrentan a la desaparición de un ser querido y acuden a una institución buscando ayuda, tengan a su favor más herramientas y se reduzca la posibilidad de recibir una respuesta como la que ella recibió: “debe esperar que pasen 72 horas”. 

El marco normativo y las labores inmediatas de búsqueda que realizan las organizaciones en territorio han contribuido a desmentir esa afirmación. A partir de ahora será la obligación de la o el funcionario activar de forma inmediata el mecanismo Alerta Rosa para que cada ente responsable inicie el trabajo de buscar a esa niña, niño, adolescente o mujer que se ha reportado como desaparecido.