ANT anuncia denuncias por manejo de $7 billones y Felipe Harman responde a los señalamientos
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, cuestionó la compra de predios, la contratación de servicios y los resultados de la reforma agraria durante la administración anterior.
El exdirector Felipe Harman rechazó los señalamientos y aseguró que buena parte de los recursos están representados en tierras y activos de la entidad.
La Agencia Nacional de Tierras, ANT, abrió un nuevo debate sobre el manejo de aproximadamente $7 billones durante el Gobierno de Gustavo Petro, después de que su actual directora, Lina María Garrido, anunciara que varios hallazgos relacionados con compra de tierras, contratación y ejecución presupuestal serán puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Las afirmaciones corresponden, hasta ahora, a los cuestionamientos de la actual administración de la ANT y no constituyen una decisión judicial, fiscal o disciplinaria que determine un desfalco o establezca responsabilidades individuales.
Garrido asumió la dirección de la entidad en agosto de 2026, después de la llegada del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Desde entonces ha cuestionado públicamente varios aspectos de la administración anterior, encabezada por Juan Felipe Harman.
Los $7 billones cuestionados
En un pronunciamiento oficial del 17 de septiembre, la ANT informó que Garrido cuestionó el manejo de aproximadamente $7 billones del presupuesto de la entidad durante la administración pasada y anunció que los hallazgos serían trasladados a los organismos competentes.
Posteriormente, ante la Comisión Quinta del Senado, Garrido detalló algunas de las cifras que sustentan sus cuestionamientos.
Según la funcionaria, durante el periodo anterior se destinaron aproximadamente $5,1 billones a compra de tierras y alrededor de $1,6 billones a contratos de prestación de servicios.
La directora aseguró que durante cuatro años fueron celebrados cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios con aproximadamente 28.000 contratistas.
También cuestionó un convenio cercano a $1 billón entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, relacionado con predios destinados a la reforma agraria.
De acuerdo con Garrido, las auditorías internas revisan posibles diferencias en avalúos, condiciones agronómicas de algunos terrenos y procedimientos utilizados para su adquisición. Las autoridades competentes deberán establecer si esas situaciones constituyen o no irregularidades fiscales, disciplinarias o penales.
La discusión sobre las hectáreas entregadas
Uno de los principales puntos del debate está relacionado con los resultados de la política de tierras.
La actual dirección de la ANT sostiene que durante el Gobierno Petro fueron entregadas 99.477 hectáreas con título de propiedad, frente a una meta de 1,5 millones de hectáreas, cifra equivalente al 6,6 % de esa meta.
Sin embargo, ese indicador debe diferenciarse de la formalización de tierras, que corresponde a otro procedimiento.
La propia ANT informó que la administración anterior alcanzó alrededor del 41 % de una meta de 3,9 millones de hectáreas formalizadas, por lo que comparar ambas cifras como si correspondieran al mismo proceso puede conducir a conclusiones equivocadas.
Antes de terminar el Gobierno Petro, la ANT también había informado que, entre entrega y formalización, la reforma agraria había impactado millones de hectáreas y cientos de miles de personas. Esas cifras hacían parte del balance presentado por la administración de Harman y ahora son objeto de revisión por la nueva dirección de la entidad.
Garrido anuncia denuncias
La actual directora aseguró que algunas de las situaciones encontradas serán trasladadas individualmente a los organismos de investigación y control.
En septiembre anunció denuncias de carácter penal y disciplinario relacionadas con actuaciones de la administración anterior y señaló expresamente al exdirector Felipe Harman entre las personas sobre cuya gestión se solicitará revisión.
También afirmó que durante el primer semestre de 2026 se habrían destinado aproximadamente $40.000 millones a asuntos logísticos, uno de los rubros que cuestionó públicamente.
La presentación de una denuncia, sin embargo, no implica que exista responsabilidad establecida. Corresponderá a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinar si existen méritos para iniciar o avanzar en procesos y, eventualmente, establecer responsabilidades.
Felipe Harman responde
El exdirector de la ANT Felipe Harman rechazó la interpretación de Garrido sobre los aproximadamente $7 billones y aseguró que no pueden presentarse como recursos desaparecidos o simplemente gastados.
Según Harman, aproximadamente $1,8 billones corresponden a convenios con la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, procesos que todavía requieren culminar transferencias jurídicas y escrituraciones.
También afirmó que los estados financieros de la Agencia registrarían alrededor de $5 billones en activos representados en tierras destinadas a la reforma agraria, además de recursos asociados con equipos técnicos, profesionales y otros servicios necesarios para la operación de la entidad.
Para el exdirector, por tanto, la cifra de $7 billones incluye activos y recursos vinculados con la operación institucional y no puede interpretarse automáticamente como dinero perdido o malversado.
Harman también ha defendido el convenio con la SAE y sostuvo que los procesos para transferir centenares de predios requieren actuaciones administrativas, jurídicas y registrales que pueden extenderse durante varios años.
Una controversia que deberán resolver los organismos de control
Las dos versiones presentan lecturas sustancialmente distintas sobre la ejecución de la política de tierras.
La nueva administración sostiene que encontró elevados niveles de contratación, problemas en procesos de adquisición de predios y resultados inferiores a las metas propuestas. La administración anterior responde que una parte significativa del dinero está representada en activos y procesos de adquisición y formalización que todavía deben culminarse.
En consecuencia, no puede afirmarse por ahora que exista un desfalco de $7 billones.
Lo comprobado hasta este momento es que la actual dirección de la ANT ha formulado cuestionamientos sobre la utilización de esos recursos, anunció denuncias y puso en marcha auditorías, mientras Felipe Harman controvirtió públicamente las acusaciones.
La determinación sobre eventuales responsabilidades corresponderá a los organismos de control y a las autoridades judiciales.
¿Por qué importa?
La controversia trasciende el enfrentamiento entre la actual y la anterior dirección de la Agencia.
La reforma agraria movilizó uno de los presupuestos más altos destinados en Colombia al acceso y formalización de tierras. Por eso resulta fundamental establecer cuánto dinero terminó convertido efectivamente en predios, títulos y seguridad jurídica para comunidades campesinas y étnicas, cuánto corresponde a procesos todavía en ejecución y si existieron operaciones que ocasionaron detrimento al patrimonio público.
Esa respuesta requiere auditorías, documentos contractuales, avalúos, estados financieros y decisiones de los organismos competentes, no únicamente declaraciones políticas de quienes participaron o participan en la administración de la entidad.
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La actual dirección de la ANT cuestiona el manejo de cerca de $7 billones y anunció denuncias; Felipe Harman respondió y defendió su gestión. Lea las dos versiones y los datos conocidos hasta ahora en PeriódicoVirtual.com.