Argentina se lanza a las calle a 50 años del comienzo de la sangrienta dictadura
“En la marcha, la memoria está viva”, es la consigna que estará durante la jornada.
La memoria de la última dictadura argentina suele evocarse con conceptos como desapariciones, represión y muerte, en una nación que si tiene memoria.
Distintos estudios de opinión coinciden en que la mayoría de la ciudadanía mantiene una percepción crítica sobre el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983.
Sin embargo, ese consenso social convive desde finales de 2023, con la llegada de Javier Milei al poder, con una administración que ha cuestionado la narrativa sobre el terrorismo de Estado y ha recortado o suspendido políticas relacionadas con la memoria y los derechos humanos.
En ese contexto, la tradicional movilización del 24 de marzo, que cada año reúne a miles de personas bajo la consigna del Nunca Más, se realiza en medio de un escenario de tensiones entre la memoria histórica y el presente político, justo cuando se cumplen cinco décadas del golpe militar.
En los días previos a la conmemoración, la pregunta sobre quiénes asistirán a la marcha se ha multiplicado en redes sociales y conversaciones cotidianas. Aunque el rechazo a la dictadura trasciende divisiones ideológicas, las posturas promovidas desde el Gobierno han incidido en que la jornada —con epicentro en Buenos Aires y réplicas en otras ciudades— también sea vista como una expresión de inconformidad frente al Ejecutivo.
Durante el fin de semana, numerosos medios de comunicación dedicaron espacios especiales para analizar el periodo dictatorial. No obstante, en la vida diaria otros temas dominan la agenda ciudadana. La situación económica, marcada por el aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, así como las controversias políticas que rodean al presidente, ocupan un lugar central en las conversaciones.
Sonia, trabajadora de un café en el barrio de Colegiales, relata que en semanas recientes algunos clientes preguntaban sobre un supuesto indulto a militares, rumor que perdió fuerza ante la falta de confirmación oficial. Según comenta, hoy predominan las preocupaciones por el costo de vida y las dificultades para sostener los gastos básicos.
En el ámbito educativo, la dictadura sigue siendo un tema recurrente al inicio del calendario escolar en la secundaria. La mayoría de los estudiantes reconoce hechos como las desapariciones forzadas y la apropiación de menores, aún investigadas por organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Sin embargo, docentes advierten que el interés de los jóvenes ha disminuido. Mercedes Álvarez, profesora de lengua y literatura, señala que cada vez resulta más difícil captar su atención mediante métodos tradicionales. Explica que muchos alumnos optan por resúmenes digitales o herramientas tecnológicas en lugar de lecturas completas, aunque destaca que el impacto cambia cuando participan en actividades presenciales, como recorridos por espacios de memoria como la ex ESMA.
Una percepción similar tiene Gabriel Ruiz, docente de historia, quien observa una creciente distancia entre las nuevas generaciones y este capítulo del pasado. Aunque los estudiantes manejan nociones generales, afirma que existe poco interés en profundizar o debatir. Recuerda que años atrás era más común encontrar posturas críticas o discusiones en el aula, mientras que actualmente predomina una actitud de indiferencia frente al tema.
En niveles iniciales, las estrategias pedagógicas buscan adaptarse a la edad de los niños. En el jardín Sueños Bajitos, ubicado en el barrio Padre Mugica, se desarrollan actividades orientadas a la construcción de memoria desde conceptos básicos. Su directora, Paula Giraut, explica que este año se trabajó la noción de identidad a través de dinámicas participativas, incluyendo la elección de nombres para las salas y actividades simbólicas como el bordado colectivo de un pañuelo. También se utilizan canciones infantiles para introducir el significado de las Madres de Plaza de Mayo, abordando el tema de forma cuidadosa y en articulación con las familias.
Diversos estudios de opinión recientes han medido cómo percibe la sociedad argentina el periodo de la dictadura. Un informe del observatorio Pulsar, vinculado a la Universidad de Buenos Aires, señala que el 71 por cientos de los encuestados califica de negativa la gestión del régimen militar. De igual forma, un 70 por ciento respalda la continuidad de los procesos judiciales contra integrantes de las Fuerzas Armadas. No obstante, al profundizar en la interpretación de lo ocurrido, emergen matices: el 61 por ciento considera que existió un plan sistemático de desapariciones y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% lo interpreta como una ofensiva contra el terrorismo en la que se cometieron excesos. Al indagar por las primeras asociaciones, términos como desaparición, muerte, represión, militares, tortura y violencia encabezan las respuestas.
Un segundo sondeo, promovido por Amnistía Internacional y enfocado en jóvenes de entre 16 y 30 años, revela que, aunque la democracia y los derechos humanos no son sus principales preocupaciones, existe un nivel significativo de alerta frente a posibles retrocesos. El 56% manifestó temor ante la eventual repetición de hechos similares a los de la dictadura, mientras que el 75% rechaza la posibilidad de otorgar indultos a militares condenados. Sin embargo, el estudio también advierte tensiones: cerca de un tercio de los consultados estaría dispuesto a ceder libertades, como la expresión o el voto, a cambio de mejores condiciones económicas o mayor seguridad.
Desde el ámbito de la memoria histórica, surgen voces críticas sobre el estado actual del consenso social. Alejandra Naftal, sobreviviente del terrorismo de Estado y exdirectora del Museo Sitio de Memoria ESMA, plantea dudas sobre el nivel de interés que hoy despierta este tema en la sociedad. Su reflexión apunta a una revisión interna de los sectores que impulsaron las políticas de memoria en años recientes. Señala que, si bien el Estado recogió demandas del movimiento de derechos humanos, también se generaron dinámicas excluyentes que limitaron el debate. A su juicio, la conmemoración del 24 de marzo podría ser masiva, aunque no necesariamente logre incorporar nuevas voces o perspectivas.
En paralelo, las organizaciones sociales preparan una nueva jornada de movilización en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde se prevé una amplia participación ciudadana. La consigna central de este año establece paralelismos entre las políticas actuales y las del pasado, además de exigir claridad sobre el número de personas desaparecidas. Bajo el lema “El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están”, colectivos de derechos humanos han convocado a marchar, tras semanas de actividades previas como foros, exposiciones artísticas y talleres de elaboración de símbolos que acompañarán la manifestación. También se ha programado una vigilia con la participación de figuras de la cultura, el periodismo y la sociedad civil.
Entre quienes participarán se encuentra Magdalena Mercuri Guillemi, médica de 39 años, quien marchará en memoria de su tía desaparecida durante la dictadura. Junto a otros familiares, prepara una bandera con su nombre como forma de reivindicación. Relata que, aunque creció con esa historia en su entorno, no siempre fue un tema abierto dentro de su familia. En los últimos meses, el contexto político la llevó a profundizar en ese pasado, reconstruyendo detalles sobre la vida y desaparición de su tía, incluida la posibilidad de que haya sido víctima de los llamados “vuelos de la muerte”. Para ella, la movilización representa una forma de mantener viva la memoria colectiva y de dar continuidad a la búsqueda de verdad.
Diversos estudios de opinión recientes han medido cómo percibe la sociedad argentina el periodo de la dictadura. Un informe del observatorio Pulsar, vinculado a la Universidad de Buenos Aires, señala que el 71% de los encuestados califica de negativa la gestión del régimen militar. De igual forma, un 70% respalda la continuidad de los procesos judiciales contra integrantes de las Fuerzas Armadas. No obstante, al profundizar en la interpretación de lo ocurrido, emergen matices: el 61% considera que existió un plan sistemático de desapariciones y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% lo interpreta como una ofensiva contra el terrorismo en la que se cometieron excesos. Al indagar por las primeras asociaciones, términos como desaparición, muerte, represión, militares, tortura y violencia encabezan las respuestas.
Un segundo sondeo, promovido por Amnistía Internacional y enfocado en jóvenes de entre 16 y 30 años, revela que, aunque la democracia y los derechos humanos no son sus principales preocupaciones, existe un nivel significativo de alerta frente a posibles retrocesos. El 56% manifestó temor ante la eventual repetición de hechos similares a los de la dictadura, mientras que el 75% rechaza la posibilidad de otorgar indultos a militares condenados. Sin embargo, el estudio también advierte tensiones: cerca de un tercio de los consultados estaría dispuesto a ceder libertades, como la expresión o el voto, a cambio de mejores condiciones económicas o mayor seguridad.
Desde el ámbito de la memoria histórica, surgen voces críticas sobre el estado actual del consenso social. Alejandra Naftal, sobreviviente del terrorismo de Estado y exdirectora del Museo Sitio de Memoria ESMA, plantea dudas sobre el nivel de interés que hoy despierta este tema en la sociedad. Su reflexión apunta a una revisión interna de los sectores que impulsaron las políticas de memoria en años recientes. Señala que, si bien el Estado recogió demandas del movimiento de derechos humanos, también se generaron dinámicas excluyentes que limitaron el debate. A su juicio, la conmemoración del 24 de marzo podría ser masiva, aunque no necesariamente logre incorporar nuevas voces o perspectivas.
En paralelo, las organizaciones sociales preparan una nueva jornada de movilización en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde se prevé una amplia participación ciudadana. La consigna central de este año establece paralelismos entre las políticas actuales y las del pasado, además de exigir claridad sobre el número de personas desaparecidas. Bajo el lema “El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están”, colectivos de derechos humanos han convocado a marchar, tras semanas de actividades previas como foros, exposiciones artísticas y talleres de elaboración de símbolos que acompañarán la manifestación. También se ha programado una vigilia con la participación de figuras de la cultura, el periodismo y la sociedad civil.
Entre quienes participarán se encuentra Magdalena Mercuri Guillemi, médica de 39 años, quien marchará en memoria de su tía desaparecida durante la dictadura. Junto a otros familiares, prepara una bandera con su nombre como forma de reivindicación. Relata que, aunque creció con esa historia en su entorno, no siempre fue un tema abierto dentro de su familia. En los últimos meses, el contexto político la llevó a profundizar en ese pasado, reconstruyendo detalles sobre la vida y desaparición de su tía, incluida la posibilidad de que haya sido víctima de los llamados “vuelos de la muerte”. Para ella, la movilización representa una forma de mantener viva la memoria colectiva y de dar continuidad a la búsqueda de verdad.
