Asesinan a dos firmantes de paz en el oriente del país
¿Hay garantías para la vida de aquellos que se acogieron al proceso de paz y dejaron a un lado las armas para integrar de nuevo la sociedad civil?
Dos excombatientes de las extintas Farc que se acogieron al proceso de paz fueron asesinados en medio de hechos separados en los departamentos de Arauca y Casanare durante el fin de semana, según confirmaron fuentes oficiales.
En la vereda Las Galaxias, del municipio de Arauquita, Arauca, Danilo Benavides, conocido cariñosamente como Carrancho, fue asesinado el domingo 2 de marzo.
Familiares y amigos indicaron que Benavides formó parte del proceso de desmovilización de las Farc en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Etcr, de Filipinas, Arauquita, al oriente del país.
En un hecho aislado ocurrido la noche del sábado 1 de marzo, en el sector de La Fortaleza, en Yopal, Casanare, Víctor Julio Jiménez Caballero, alias «Guerrillo», fue atacado por dos hombres en motocicleta.
Jiménez Caballero reaccionó disparando contra sus agresores, abatiendo a uno de ellos, identificado posteriormente con el alias de «Aguirre», e hiriendo de gravedad al conductor. Sin embargo, Jiménez Caballero falleció en el lugar de los hechos. El sicario muerto aún no ha sido identificado por las autoridades.
Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre estos crímenes en Arauquita y Yopal.
Los líderes sociales y los firmantes de la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 han sido las víctimas de la falta de garantías y el incumplimiento de los acuerdos entre Colombia y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Así lo denunció Rodrigo Londoño, más conocido por su alias, Timochenko, con el que comandó frentes de una de las guerrillas más fuertes que ha existido en el país.
Según información aportada en su cuenta de X, Wilmer Ruiz Delgado fue el primer firmante de paz asesinado en 2025. A la fecha ya son 12 excombatientes asesinados. Para el actual jefe del Partido Comunes, este tipo de hechos no han sido tomados en cuenta e investigados por el Gobierno Petro, razón por la que exigió al presidente Gustavo Petro que debía protegerse a las personas que habían tomado la decisión de retirarse de las armas y evitar que se registraran más asesinatos.