Así fue cómo le leyeron los derechos de capturado al poderoso Luis Fernando Velasco Chaves

En la noche del jueves 18 de diciembre, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco se presentó de manera voluntaria ante las autoridades en la ciudad de Cali para cumplir con la orden de captura emitida en su contra, en el marco del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Velasco acudió ante funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la capital del Valle del Cauca, ciudad donde reside, con el propósito de acatar la medida de aseguramiento intramural ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras avanzan las investigaciones en su contra. Tras su entrega, el exministro quedó a la espera de que el Inpec defina el establecimiento carcelario al cual será trasladado.

Con este hecho se confirma la segunda detención de un exintegrante del gabinete del presidente Gustavo Petro relacionada con el escándalo de la UNGRD. De manera simultánea, la misma medida de aseguramiento fue impuesta al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien asistió a la audiencia judicial en la que se tomó la decisión.

La determinación fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá. Al término de la diligencia, realizada en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá, en el sector de Salitre, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Judicial procedieron a la detención de Bonilla, quien fue trasladado al Búnker de la Fiscalía, donde permaneció durante la noche.

Según la Fiscalía y la ponencia de la magistrada Rosero, Velasco y Bonilla serían presuntas cabezas de un entramado criminal mediante el cual, de forma ilegal, se habría negociado el direccionamiento de contratos tanto de la UNGRD como del Invías. De acuerdo con el expediente, estos acuerdos habrían estado condicionados al voto favorable de entonces congresistas a iniciativas clave del Gobierno en el Congreso, entre ellas reformas sociales y proyectos tramitados en las comisiones económicas.

Uno de los principales argumentos del Tribunal para imponer la medida de aseguramiento intramural fue el riesgo de continuidad del esquema de corrupción. La magistrada explicó que la decisión no se fundamenta en un eventual peligro de fuga, sino en la necesidad de evitar la rearticulación del entramado y la persistencia de prácticas como el direccionamiento contractual y la interferencia indebida en procesos institucionales, propias —según el fallo— de estructuras corruptas de alta complejidad.

“Estos riesgos no se neutralizan con el simple desplazamiento internacional del imputado”, precisó la jueza en su decisión.

Por esta razón, y pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, el Tribunal optó por una medida más severa y ordenó la reclusión en establecimiento carcelario. La decisión, considerada inusual y no exenta de controversia en el ámbito judicial, motivó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó reconsiderar la prisión intramural en el caso de Ricardo Bonilla, argumentando su condición de persona de la tercera edad.

La defensa de ambos exministros interpuso recurso de apelación, por lo que el expediente será remitido a otra Sala del Tribunal Superior de Bogotá, encargada de definir si se confirma o se revoca la medida de aseguramiento. No obstante, debido al inicio de la vacancia judicial este viernes 19 de diciembre, se prevé que la decisión de segunda instancia se conozca hasta el mes de enero.