Así se deben comportar la fuerza pública y las disidencias de las Farc para llegar a la paz

Luego de la firma del cese al fuego bilateral que el Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las Farc sostendrán hasta enero del 2024, se fijaron las reglas que las Fuerzas Militares y las disidencias deberán cumplir para mantener los acercamientos en búsqueda de paz.

Con un documento de 32 páginas, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, le explicó a los altos mandos militares cuáles son los lineamientos que cada uniformado deberán seguir, con el fin de “aportar, permanentemente, a la construcción de paz”.

Aún falta que el Ministerio de Defensa, en cabeza de Iván Velásquez, expida otras reglamentaciones que luego se socializarán entre todas las líneas de mando.

“Cada comandante impartirá órdenes en cuanto al inicio del Cese al Fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP”, establecer el texto. Al igual que la “suspensión de operaciones militares ofensivas”, las Fuerzas Armadas deberán cumplir el Protocolo de Reglas y Compromisos que las partes acordaron en la mesa de diálogos instalada el 16 de octubre en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

En ese manual a seguir, como se plasma en el documento enviado por el general Giraldo, se asume el compromiso de no afectar derechos y libertades de la población civil ni ejecutar “actos de violencia o de discriminación” contra ella.

Además, los disidentes y los militares se comprometen a “no incurrir en infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, que es la rama del derecho internacional que establece reglas para los conflictos armados en el mundo occidetal, En particular, las disidencias y la Fuerza Pública establecen que no incumplirán el Protocolo II de 1977, que le sumó a los Convenios de Ginebra algunas pautas para los conflictos armados internos, los no internacionales.

La determinación del oficial militar Giraldo, en función de lo decretado por el Gobierno y por la mesa de diálogos, es que no se realicen operaciones militares ofensivas, así como tampoco operaciones especiales de la Policía. No obstante, “señores Comandantes, debe quedar claro que no se limita el derecho a la legítima defensa propia y de un tercero, así como la defensa y protección de los derechos y libertades de la población”.

Otro punto importante es que la información que el grupo armado y las Fuerzas Militares hayan tenido hasta el inicio del cese al fuego, que se puso en marcha el 17 de octubre, no puede usarse como ventaja militar.

Mientras, el Gobierno nacional —y, con ello, las Fuerzas Armadas—, se comprometió a “proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes de la organización armada irregular".

La Fuerza Pública, asimismo, no detendrá su accionar en contra de las economías ilegales. Sin embargo, no podrá “restringir el flujo y suministro de víveres y medicamentos destinados a las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP”.

Ese aspecto es importante en la medida en que están por reglamentarse las zonas en las que los miembros del EMC podrán movilizarse con libertad. El Gobierno nacional tendrá que validar cuáles son las áreas en las que el EMC hace presencia, pero los subversivos, durante la vigencia del cese al fuego, no podrán permanecer en cascos urbanos, “zonas pobladas y áreas que comprometan la seguridad nacional”.