Autoridad indígena de Toribío, Cauca desata controversia al pedir certificado electoral para expedir documentos
Para muchos esto se traría de una forma de presión para votar en segunda vuelta en favor de una de las candidaturas a la presidencia.
Una fuerte controversia se desató en el norte del Cauca tras la divulgación de una circular emitida por la Autoridad Ancestral Neehnwe’sx del Territorio Indígena de San Francisco, en Toribío, en la que se establece como requisito obligatorio presentar el certificado electoral de la segunda vuelta presidencial para acceder a diversos trámites comunitarios.
El documento, fechado el 3 de junio de 2026 y dirigido a la comunidad en general, señala que quienes requieran servicios, constancias, certificaciones, paz y salvos, avales, afiliaciones y otros documentos expedidos por la autoridad ancestral deberán acreditar su participación en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 21 de junio.
Según la circular, la exigencia aplicará desde el momento en que se radique cualquier solicitud ante la entidad y será de obligatorio cumplimiento para todos los usuarios que requieran trámites relacionados con los programas y servicios de la autoridad indígena.
La medida ha provocado reacciones y cuestionamientos en distintos sectores, que advierten sobre una posible vulneración de derechos fundamentales al condicionar la prestación de servicios o la expedición de documentos a la participación en una jornada electoral.
Juristas y ciudadanos han señalado que el voto en Colombia es un derecho y no una obligación, por lo que consideran necesario establecer si este tipo de disposiciones pueden ser adoptadas por una autoridad administrativa o comunitaria sin entrar en conflicto con las garantías constitucionales relacionadas con la libertad del sufragio.
Ante la controversia, se ha solicitado la intervención de organismos como la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar el alcance de la medida y verificar si existe algún tipo de condicionamiento indebido que pueda afectar la autonomía de los electores.
El caso ha abierto un intenso debate sobre los límites de las decisiones internas de las autoridades territoriales y el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, especialmente en vísperas de la segunda vuelta presidencial.