Avenida de los próceres, de mal en peor: $41.910 millones comprometidos y una obra que sigue sin responderle a Popayán
Con apenas el 19,88 % de inversión ejecutada frente al 38,49 % programado, múltiples modificaciones contractuales, suspensiones y nuevas ampliaciones de plazo.
la Avenida de los Próceres se convierte en un preocupante ejemplo de la incapacidad para garantizar resultados en una obra pública estratégica. La Administración Municipal debe responder, pero también el Concejo de Popayán está llamado a ejercer un control político riguroso y adoptar las medidas que estén a su alcance.
La Avenida de los Próceres parece ir de mal en peor. Lo que fue anunciado como una obra fundamental para la movilidad y el desarrollo de Popayán hoy está marcado por retrasos, suspensiones, modificaciones contractuales, recursos comprometidos y una ejecución que dista considerablemente de lo previsto. La preocupación ya no es solamente cuándo se terminará la obra, sino qué está pasando con los recursos públicos, quién responde por los reiterados incumplimientos y por qué las decisiones institucionales no han conseguido corregir el rumbo de un proyecto que amenaza con convertirse en otro elefante blanco para la ciudad.
Las cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Infraestructura, con corte al 29 de octubre de 2026, son difíciles de ignorar. El seguimiento financiero registra una inversión programada del 38,49 %, mientras que la ejecutada apenas alcanza el 19,88 %. Esto significa que existe una brecha de 18,61 puntos porcentuales frente a lo que debía haberse invertido. En términos sencillos, el proyecto apenas ha ejecutado el 51,65 % de la inversión que tenía prevista a esa fecha.
$41.910 millones comprometidos y apenas $6.155 millones ejecutados en actas
El panorama financiero genera todavía más interrogantes. El contrato tiene un valor actualizado de $41.910 millones, pero las actas reportan una ejecución acumulada de apenas $6.155 millones, equivalente al 14,69 % del valor contractual. Esto deja un saldo pendiente de ejecución de aproximadamente $35.754 millones.
A esta situación se suma una adición de $7.757 millones por ajuste de precios, incorporada mediante el modificatorio No. 4, y un anticipo pactado equivalente al 35 % del valor actualizado del contrato, por $14.668 millones, administrado a través de una fiducia. Además, el modificatorio No. 8 incorporó ítems no previstos por otros $2.955 millones, financiados mediante el balance de mayores y menores cantidades de obra.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que un proyecto de esta magnitud, con recursos adicionales, ajustes económicos y un anticipo considerable, presente semejante rezago? ¿Qué resultados concretos se han obtenido con los recursos comprometidos? ¿Cuál es el estado de su utilización y amortización? La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto dinero se ha comprometido, sino cuánto se ha convertido efectivamente en infraestructura.
Cuatro años de modificaciones, suspensiones y plazos que no se cumplen
La historia contractual de la Avenida de los Próceres evidencia una sucesión de dificultades que no puede seguir tratándose como una situación normal. Desde su contratación, el proyecto ha acumulado dos actas de suspensión, once prórrogas de la primera suspensión, un acta de reinicio, dos cesiones contractuales, ocho modificatorios y un aclaratorio.
La primera suspensión comenzó el 24 de marzo de 2023 y se prolongó hasta el 16 de octubre de 2024, después de once prórrogas relacionadas con trámites ambientales ante la CRC. Cuando finalmente se reiniciaron las actividades, la fecha de terminación quedó establecida para el 25 de agosto de 2025. Sin embargo, ese plazo tampoco se cumplió. En agosto de 2025 se amplió hasta el 31 de diciembre de ese año y, posteriormente, mediante un nuevo modificatorio, hasta el 30 de junio de 2026.
La historia no terminó allí. El 5 de junio de 2026 se autorizó otra ampliación, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2026, limitada a los tramos 1 y 2. Entretanto, desde el 20 de junio de 2026 permanece suspendida parcialmente la ejecución de los tramos 3 y 4 y del sector Valle Robledo.
Pero hay un elemento todavía más preocupante: la propia Secretaría de Infraestructura reconoce que se proyecta gestionar ante INVÍAS una nueva ampliación del convenio hasta el 31 de diciembre de 2027 y, posteriormente, extender el contrato de obra hasta esa misma fecha. Esta posibilidad todavía no está formalizada.
Es decir, después de años de dificultades y sucesivas modificaciones, la ciudad ni siquiera tiene garantizada la terminación integral del proyecto en el plazo actualmente vigente. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los ciudadanos? ¿Cuántas ampliaciones más serán necesarias para entregar una obra que debió avanzar conforme a una planeación y unos compromisos contractuales?
Los incumplimientos estaban advertidos: 151 comunicaciones y ninguna recuperación efectiva del proyecto
Uno de los aspectos más reveladores del informe es que las dificultades no eran desconocidas para la Administración. Durante 2026 se relacionaron 151 comunicaciones formales: 123 dirigidas al Consorcio Suroccidente y 28 a la Alcaldía de Popayán. Se trataba de requerimientos, advertencias, observaciones técnicas, alertas sobre riesgos contractuales, problemas de personal y maquinaria, incumplimientos de programación y solicitudes de actuación institucional.
La propia interventoría identificó problemas relacionados con la insuficiente consolidación de frentes de trabajo simultáneos, fallas de equipos, restricciones en la disponibilidad de maquinaria, bajos niveles de suministro y colocación de materiales y una capacidad operativa y organizacional que no correspondía a las exigencias del programa de obra.
Esto resulta determinante: no todos los retrasos pueden justificarse exclusivamente en los trámites ambientales o las dificultades prediales. La documentación oficial también evidencia problemas de capacidad operativa y cumplimiento de la programación por parte del contratista.
Incluso existía un plan de contingencia que debía permitir recuperar los atrasos de los tramos 1 y 2 hasta el 28 de febrero de 2026. Sin embargo, los resultados posteriores demuestran que las medidas adoptadas no consiguieron recuperar satisfactoriamente el ritmo de ejecución. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Quién verificó su cumplimiento? ¿Qué consecuencias se derivaron de su fracaso?
Una multa de $41 millones frente a un contrato de $41.910 millones: ¿es suficiente la respuesta institucional?
La actuación administrativa frente a los presuntos incumplimientos también merece una explicación pública. El 29 de septiembre de 2026, la interventoría presentó un nuevo informe de presunto incumplimiento del Consorcio Suroccidente. La Secretaría de Infraestructura lo trasladó a la Oficina Asesora Jurídica el 28 de octubre y, el 3 de noviembre, solicitó iniciar el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
Sin embargo, la solicitud se limita a una posible multa del 0,1 % del valor vigente del contrato, equivalente a $41.910.140,38. No contempla en esa actuación una declaratoria de incumplimiento contractual, caducidad ni declaratoria de siniestro. A la fecha del informe, la decisión estaba pendiente de la Oficina Jurídica.
La dimensión de los retrasos y los recursos comprometidos obliga a preguntar si las medidas que se están considerando son suficientes para proteger el patrimonio público y garantizar la ejecución del proyecto. No basta con enviar comunicaciones, convocar reuniones o acumular requerimientos si, al final, la obra continúa rezagada y los compromisos siguen sin materializarse.
La Administración debe explicar qué medidas adicionales ha considerado, cuáles son las razones para limitar la solicitud a esa multa y qué mecanismos utilizará para garantizar que el contratista cumpla efectivamente sus obligaciones.
¿Y el Concejo de Popayán? El control político no puede quedarse en los discursos
Frente a este panorama también resulta ineludible cuestionar el papel del Concejo Municipal. Una obra de más de $41.910 millones, con una ejecución tan rezagada, múltiples modificaciones, suspensiones y una posible extensión hasta 2027, exige un ejercicio serio, oportuno y contundente de control político.
¿Dónde están los debates de fondo sobre la Avenida de los Próceres? ¿Qué concejales han citado a la Secretaría de Infraestructura, a la Oficina Asesora Jurídica y a los funcionarios responsables para que expliquen las decisiones adoptadas? ¿Se ha exigido claridad sobre el manejo del anticipo, las adiciones presupuestales, los planes de contingencia y las actuaciones frente a los presuntos incumplimientos? ¿Qué resultados concretos han producido esos ejercicios de control?
El Concejo no puede limitarse a recibir informes institucionales o escuchar nuevas explicaciones sobre las dificultades de la obra. Tiene la responsabilidad constitucional y legal de ejercer vigilancia política sobre la gestión de la Administración Municipal, solicitar cuentas y exigir que las dependencias responsables respondan por sus decisiones.
Por eso, se hace necesario que los concejales activen los mecanismos de control político pertinentes, convoquen los debates que correspondan, soliciten la documentación contractual y financiera completa y hagan seguimiento público a los compromisos de terminación. También deben evaluar, dentro de sus competencias, las actuaciones que correspondan ante los organismos de control cuando encuentren elementos que ameriten su intervención.
La pregunta ya no es solamente qué está pasando con la Avenida de los Próceres, sino qué está haciendo el Concejo para evitar que esta situación siga prolongándose sin respuestas satisfactorias.
Popayán no puede seguir pagando las consecuencias de una obra sin resultados
La Avenida de los Próceres no puede convertirse en otro elefante blanco para Popayán. Los recursos públicos comprometidos, las expectativas de la comunidad y la importancia estratégica del proyecto exigen resultados, no más aplazamientos ni explicaciones repetidas.
La Administración Municipal debe responder por la planeación, la gestión contractual, las decisiones administrativas y la vigilancia de la ejecución. El contratista debe cumplir las obligaciones adquiridas y responder por los retrasos que le sean atribuibles. Y el Concejo Municipal debe asumir el control político que le corresponde, sin complacencias ni silencios frente a una situación que compromete recursos públicos y afecta a toda la ciudad.
Popayán necesita saber cuánto falta para terminar la obra, cuánto dinero se ha ejecutado realmente, qué pasó con los recursos entregados, quién responde por los incumplimientos y cuál es la fecha cierta de entrega. La ciudadanía no puede seguir recibiendo promesas mientras la infraestructura permanece pendiente.
¡Menos excusas, más resultados! La Avenida de los Próceres exige respuestas, responsabilidades y decisiones.