Cambio en matadero municipal de Popayán deja a decenas de familias en vilo

📝El próximo 1 de agosto, la administración del matadero municipal de Popayán pasará de la La sociedad de agricultores y ganaderos del Cauca (SAG) a una empresa privada llamada Alvesa SAS, de origen vallecaucano. El cambio, ejecutado sin socialización previa, ha generado alarma entre trabajadores, empresarios cárnicos y ciudadanos, todo esto supuestamente a través del ya tristemente célebre secretario general del Municipio Edwin Muñoz.

Un cambio sin rostro y sin diálogo

Durante más de dos décadas, la operación del matadero ha estado bajo la coordinación de la SAG, entidad que ha mantenido una relación estrecha con los trabajadores del sector cárnico en Popayán. Sin embargo, en un giro inesperado, la Secretaría General del municipio habría entregado, de forma directa, la operación a Alvesa SAS, una firma externa que, según fuentes del sector, no tendría experiencia comprobada ni competencia técnica para asumir esta tarea.

El hermetismo en la toma de esta decisión preocupa. No se hizo consulta con los trabajadores, no se presentó un proceso de licitación abierto, ni se socializó con los gremios ni con el Concejo Municipal. Simplemente, se habría impuesto.

¿Y las familias que dependen de este trabajo?

Detrás del matadero hay decenas de familias que viven de las labores diarias relacionadas con el sacrificio, procesamiento y distribución de carne. Son personas que, con esfuerzo y dignidad, han sostenido un servicio esencial para Popayán. Hoy, están a punto de quedar en la calle por una decisión tomada desde un escritorio, si, el de Edwin Muñoz, Secretario General del Municipio de Popayán.

La llegada de una nueva empresa podría significar el fin del sustento para muchos de ellos. Y lo más grave: todo esto ocurre en medio del silencio cómplice de las autoridades municipales y sin que se garantice continuidad laboral.

¿Qué hay detrás?

Cuando una administración decide entregar un servicio público de manera directa, sin estudios previos conocidos ni transparencia en el proceso, es inevitable que surjan dudas. ¿Por qué una empresa del Valle? ¿Qué la acredita? ¿Qué gana Popayán con esta decisión? ¿Cuáles son los vínculos entre los tomadores de decisiones y los nuevos beneficiarios?

Algunos ya advierten que esto huele a negocio. Que volvieron los tiempos donde lo público se reparte como botín, donde el interés colectivo cede ante favores privados. Y si es así, la ciudadanía debe exigir cuentas antes de que sea demasiado tarde.

¿Dónde está el Concejo Municipal?

Silencio absoluto. Mientras Popayán vuelve a perder el control sobre un servicio estratégico, el Concejo permanece en mutis. ¿Dónde están las voces que juraron defender los intereses del pueblo? ¿Dónde está el control político?

No se trata de bloquear todo lo nuevo. Se trata de exigir que las decisiones se tomen con ética, transparencia y visión social. Porque lo público no se negocia, se protege.

Cuando se entregan servicios públicos sin control ciudadano, los costos los pagan los más vulnerables. La carne que llega a nuestras mesas, el empleo de nuestros vecinos, la seguridad alimentaria de la ciudad... todo está en juego. Y lo mínimo que se exige es claridad, participación y respeto.

En una sociedad donde la dignidad sea costumbre, ninguna autoridad debería actuar con esta ligereza. Lo público es sagrado y quien quiera hacer negocios, que lo haga en el sector privado. Ya basta de administrar lo que es de todos como si fuera una finca familiar. Popayán no puede seguir permitiendo que lo esencial se negocie entre pocos y a espaldas de todos.

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