¿Cambio o continuidad? Con cuestionamientos a cuestas, Norman Granja asume dirección de la Unidad para las Víctimas en el Cauca
El abogado caucano, señalado por un presunto manejo irregular de un predio en extinción de dominio, fue nombrado por el Gobierno Petro como nuevo director territorial de la Unidad para las Víctimas.

El abogado caucano, señalado por un presunto manejo irregular de un predio en extinción de dominio, fue nombrado por el Gobierno Petro como nuevo director territorial de la Unidad para las Víctimas.
Un nombramiento que genera debate
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, que prometió erradicar el clientelismo, vuelve a quedar en entredicho tras designar a Granja, un funcionario con pasado polémico en la gestión pública. Su llegada fue celebrada por sectores políticos y comunicadores cercanos al poder local, aunque para muchos se trata de una muestra más de la persistencia de viejas prácticas disfrazadas de renovación.
Trayectoria con sombras
Granja, oriundo del litoral pacífico caucano, ha transitado por distintos cargos regionales. En 2019 fue gerente de la Lotería del Cauca y entre 2017 y 2018 ejerció como Defensor del Pueblo Regional Cauca. Sin embargo, su nombre quedó marcado por un episodio relacionado con la presunta venta ilegal de una finca bajo extinción de dominio, arrendada a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Según los reportes, el predio habría sido comercializado en lotes a pesar de las restricciones jurídicas. Aunque en su momento no se confirmó una investigación formal, el hecho dejó un manto de duda sobre su actuación como funcionario público.
Ambiciones políticas y tutelas fallidas
Además de su experiencia institucional, Granja ha tenido aspiraciones electorales. En 2015 fue candidato a la Asamblea del Cauca por el Partido de la U, sin lograr el escaño. Años después, en 2021, interpuso una acción de tutela contra la Presidencia y la Registraduría alegando inhabilidades injustas para participar en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
El Consejo de Estado declaró improcedente la acción, recordándole que ya había agotado los mecanismos legales pertinentes.
El nombramiento de Norman Granja reabre el debate sobre la coherencia ética en el manejo de cargos sensibles dentro del Estado. Las víctimas del conflicto merecen un liderazgo transparente y confiable, no uno cuestionado por manejos patrimoniales dudosos ni vínculos políticos convenientes. En una región como el Cauca, donde el dolor se confunde con el olvido, la confianza institucional es un bien escaso que debe cuidarse, no arriesgarse.
Este hecho refleja una contradicción evidente entre el discurso de cambio del gobierno y las decisiones que perpetúan los mismos círculos de poder. Desde PeriódicoVirtual.Com, acompañamos la denuncia y celebramos toda acción que promueva la defensa del patrimonio público y la ética institucional, porque el patrimonio del Estado es de todos, no de nadie, como los politiqueros aprovechados quieren hacer creer.
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