Campesinos cocaleros del Cauca se oponen rotundamente a las fumigaciones con glifosato en sus territorios
Los trabajadores de la tierra de esta zona del país adelantan reuniones para ir coordinando las acciones para que el Gobierno les cumpla la promesa de los programas de sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito.
Ante la reciente decisión del gobierno nacional de adelantar las fumigaciones con glifosato en el departamento del Cauca, los campesinos del Cauca han alzado su voz en un unísono rechazo a esta política, considerada por ellos como una violación a los acuerdos previos y una nueva forma de ataque a sus comunidades. Este anuncio ha desencadenado un clima de tensión y protesta entre quienes dependen de los cultivos de coca para su subsistencia.
Los campesinos se reunieron el pasado 10 de enero de 2026 en el corregimiento de Huisitó, donde expresaron su descontento a través de un comunicado que pone de manifiesto las injusticias que enfrentan. “Queremos ser escuchados”, señalaron, resaltando que la decisión del gobierno contradice principios fundamentales de integridad humana y paz social. Aseguran que el regreso a la erradicación forzada con glifosato no solo vulnera sus derechos humanos, sino que también ignora la sentencia de la Corte Constitucional (SU 545 del 2023) que exige el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente durante los procesos de erradicación.
Frente a esta situación, los campesinos se preparan para movilizarse y exigir un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro Urrego. Se agruparán en diferentes puntos del Cauca y municipios cercanos para manifestar su oposición a las fumigaciones y reclamar el cumplimiento de acuerdos anteriores respecto a planes sustitutivos y alternativas viables que contemplen sus realidades económicas. “Cuestionamos las decisiones arbitrarias del gobierno, que nos trivializan y no valoran nuestra dignidad como trabajadores de la tierra”, sostuvieron durante la cumbre campesina.
La decisión de retornar a las fumigaciones, anunciada por los ministros de interior y defensa, ha sido justificada como parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico y fortalecer la presencia del Estado en áreas donde la violencia ha aumentado. La afirmación de Armando Benedetti, representante del ministerio del Interior, sobre el incremento de la fuerza pública en regiones como Catatumbo y Cauca, demuestra un enfoque militarista que los campesinos rechazan. Ven esta acción como una falta de interés por resolver las problemáticas sociales y económicas que los llevan a cultivar coca, y acusan al gobierno de perpetuar un ciclo de pobreza y abandono en sus comunidades.
El panorama es complejo, pues muchos campesinos han estado históricamente marginados y sus economías, basadas en cultivos ilícitos, complicadas por la falta de alternativas reales de desarrollo. “No rechazamos el progreso, pero necesitamos opciones que no impliquen destruir nuestras tierras y comunidades”, argumentan. En lugar de medidas coercitivas, piden políticas integrales que contemplen inversiones en educación, salud e infraestructura, y que respeten sus derechos como sujetos de especial protección.
Las posibles movilizaciones que se avecinan son, por lo tanto, una respuesta firme ante lo que consideran una amenaza a su forma de vida y una estrategia de erradicación que no atiende la raíz del problema del narcotráfico. Sus planes incluyen marchas y actividades de concienciación para visibilizar la injusticia que sienten que están padeciendo. Con un llamado a la unidad, los campesinos del Cañón del Micay buscan que sus voces sean escuchadas no solo en el Cauca, sino en todo el país, buscando abrir caminos hacia un futuro en el que sus derechos sean garantizados y su labor sea reconocida y respetada.
En este contexto, la lucha por la defensa de sus territorios y sus derechos humanos se convierte en una pieza central de la narrativa campesina, donde la dignidad y la resistencia ante políticas que amenazan su existencia se alzan como estandartes de un movimiento que busca no solo su supervivencia, sino también la construcción de un futuro en paz y con oportunidades reales de desarrollo. La presión y la movilización se perfilan como herramientas indispensables en su búsqueda de justicia y equidad en un escenario social y político que les ha sido desfavorable.
A medida que se intensifican los preparativos para estas movilizaciones, los campesinos del Cauca envían un mensaje claro: no permitirán que sus derechos e intereses sean ignorados nuevamente. La lucha por la soberanía alimentaria, la dignidad laboral y la paz social será el motor que impulse su resistencia ante un gobierno que, según ellos, parece haber olvidado las realidades y necesidades del campesinado.