Campesinos del Cauca están en la calle defendiendo la Reforma Agraria
De forma pacífica y comercializando alimentos, los campesinos dan la pelea por consolidar el acceso a la tierra y otras políticas que favorecen a este sector social tan importante para la sociedad colombiana.
La reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro se ha convertido en una de las principales banderas de su gobierno y en uno de los proyectos más ambiciosos para transformar el campo colombiano en las últimas décadas. La apuesta del Ejecutivo busca redistribuir la tierra, formalizar predios rurales y reducir la desigualdad histórica que ha marcado a millones de campesinos en el país.
Desde el inicio de su mandato, el Gobierno Nacional planteó como meta avanzar en la entrega de tres millones de hectáreas a campesinos y comunidades rurales, como parte de la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Para ello, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha liderado procesos de compra, adjudicación y formalización de predios en diferentes regiones del territorio nacional.
De acuerdo con cifras oficiales divulgadas por la Agencia Nacional de Tierras y la Presidencia de la República, el Gobierno Petro ya supera los dos millones de hectáreas formalizadas para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Solo en territorios étnicos se han formalizado más de 1,5 millones de hectáreas, especialmente en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Amazonas.
Uno de los puntos centrales de esta política ha sido la compra de grandes extensiones de tierra para entregarlas a familias campesinas sin propiedad o con acceso limitado a ella. Según datos oficiales, más de 700 mil hectáreas ya han sido adjudicadas durante el actual gobierno, mientras continúan los procesos para alcanzar la meta planteada por el presidente Petro.
El Ejecutivo también ha impulsado la creación de Zonas de Reserva Campesina y la formalización de títulos de propiedad para pequeños productores rurales. En departamentos como Tolima, el Gobierno anunció recientemente la entrega y recuperación de más de 82 mil hectáreas, beneficiando a cerca de cinco mil familias campesinas.
Paralelamente, el Gobierno presentó el documento Conpes 4184, considerado la hoja de ruta de la política agraria para la próxima década. El plan contempla inversiones cercanas a los 18 billones de pesos y establece 146 acciones orientadas a redistribuir tierras, fortalecer la producción agrícola y garantizar acceso al agua y desarrollo rural.
Otro de los avances destacados por la administración Petro ha sido la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, una herramienta jurídica diseñada para resolver conflictos relacionados con la tierra y brindar mayor acceso a la justicia en zonas rurales. El presidente sancionó recientemente la ley estatutaria que reglamenta este sistema especializado.
Sin embargo, la reforma agraria también ha estado rodeada de cuestionamientos y críticas desde distintos sectores políticos y sociales. Algunos gremios consideran que el ritmo de adquisición de tierras no ha sido suficiente frente a las expectativas generadas, mientras sectores de oposición aseguran que existen problemas de ejecución y falta de claridad sobre algunos procesos de adjudicación.
En redes sociales y escenarios ciudadanos, el debate continúa dividido. Mientras sectores campesinos y organizaciones agrarias defienden la política del Gobierno argumentando que por primera vez se prioriza la redistribución de tierras y el reconocimiento del campesinado, otros ciudadanos expresan dudas sobre la transparencia y efectividad de la reforma.
A esto se suma el panorama político que enfrenta el Gobierno en el Congreso, donde varias iniciativas relacionadas con la agenda agraria han encontrado dificultades para avanzar. Aunque la Jurisdicción Agraria logró convertirse en ley, otros proyectos estratégicos siguen enfrentando resistencia legislativa y tensiones políticas en medio del ambiente preelectoral de 2026.
Pese a las controversias, el Gobierno insiste en que la reforma agraria representa una deuda histórica con el campesinado colombiano y una herramienta clave para construir paz en los territorios afectados por el conflicto armado y la desigualdad rural.
En regiones como el Cauca, donde históricamente las comunidades campesinas, indígenas y afro han reclamado acceso a la tierra, la discusión sobre la reforma agraria sigue teniendo un enorme peso político y social. Las recientes movilizaciones campesinas y mercados populares realizados en ciudades como Popayán reflejan precisamente el respaldo de sectores rurales a una política que consideran fundamental para transformar las condiciones de vida en el campo colombiano.