“Cartel de los diplomas”: Denuncian millonario fraude en la contratación de 16 entidades del Gobierno

La representante Catherine Juvinao reveló un esquema de títulos irregulares que habría facilitado el ingreso de 24 funcionarios al Estado, generando un presunto detrimento superior a los $1.100 millones de pesos.

“Cartel de los diplomas”: Denuncian millonario fraude en la contratación de 16 entidades del Gobierno

En una revelación que sacude los cimientos de la meritocracia en la administración pública, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció la existencia de un presunto “cartel de los diplomas”.

Según la investigación, la Fundación Universitaria San José habría expedido títulos irregulares que permitieron la vinculación de al menos 24 personas en 16 entidades estratégicas del Gobierno Nacional entre 2023 y lo que va de 2026, con un costo para el erario que supera los 1.100 millones de pesos.


El origen del esquema: Una cadena de irregularidades
El escándalo estalló tras el rastreo de los títulos de Juliana Guerrero, aspirante al Viceministerio de Igualdad. Sin embargo, la investigación escaló rápidamente al identificar dos modalidades de fraude que violan sistemáticamente la Ley 1324 de 2009:

  • Omisión de requisitos legales: En seis casos, los diplomas fueron otorgados sin que los estudiantes presentaran la prueba Saber Pro, requisito sine qua non para la graduación en Colombia.
  • Graduación extemporánea: En otros 18 casos, la prueba se realizó meses después de que la universidad ya hubiera entregado el título profesional, invalidando la legalidad del diploma ante la función pública.
    El insólito caso de la DIAN
    Uno de los hallazgos más alarmantes involucra a un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El individuo habría obtenido cuatro títulos profesionales en un solo día, utilizando una única prueba Saber Pro. Actualmente, este funcionario percibe un salario mensual de 4,6 millones de pesos, recursos que, según la denuncia, forman parte de un detrimento patrimonial sistemático.
"Estamos ante un aparente esquema de corrupción administrativa que premia la trampa sobre el esfuerzo de miles de profesionales honestos. Exigimos acciones inmediatas para recuperar cada peso del Estado", afirmó Juvinao durante la plenaria.

Entidades afectadas y alcance nacional
La red de contratación irregular se ha extendido por sectores críticos de la administración pública. Entre las instituciones donde se identificaron estos perfiles se encuentran:

  • Sector Defensa y Seguridad: Unidad Nacional de Protección (UNP).
  • Sector Transporte y Salud: Ministerios respectivos y la Aeronáutica Civil.
  • Entidades de Control y Datos: DIAN, DANE, SENA e Invima.

Presidencia: Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (DAPRE).

Para el departamento del Cauca y su capital Popayán, este hecho genera una preocupación adicional sobre la transparencia en la descentralización de recursos y la idoneidad de los funcionarios que operan en las sedes regionales de estas carteras

Este caso no es solo un problema de documentos falsos; es un golpe directo a la confianza institucional. Cuando el sistema educativo es vulnerado para acceder a cargos públicos, se desplaza a los ciudadanos más capacitados y se pone en riesgo la gestión de recursos críticos en sectores como salud y transporte.

La integridad del servicio civil es el último muro de contención contra la ineficiencia estatal.


Acciones legales y respuesta universitaria
Ante la gravedad de las pruebas, el caso ha sido trasladado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. Por su parte, el Ministerio de Educación mantiene una investigación abierta contra la Fundación Universitaria San José desde finales de 2025.


La institución educativa confirmó que ha iniciado una auditoría interna sobre 48.000 títulos y anunció la desvinculación de su exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez, quien reconoció su participación en las anomalías.
Estado de la noticia: En desarrollo. Se espera el pronunciamiento oficial de los ministerios implicados sobre el proceso de desvinculación de los funcionarios señalados.

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