Cauca institucionaliza la Mesa Territorial de Garantías para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos
Con la entrega del Decreto Departamental 1224 de 2025, la Gobernación del Cauca busca fortalecer la articulación institucional para la prevención de riesgos y la protección de quienes ejercen liderazgo social en el departamento.
La Gobernación del Cauca oficializó la entrega del Decreto Departamental 1224 de 2025, mediante el cual se crea e institucionaliza la Mesa Territorial de Garantías para Personas Líderes Sociales y Defensoras de Derechos Humanos, una estrategia orientada a fortalecer la protección de la vida y la defensa de los derechos humanos en el departamento.
La entrega del decreto se realizó durante la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías, un espacio de diálogo y concertación que reúne a entidades del Estado, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y organismos de cooperación internacional para coordinar acciones de prevención, protección y seguimiento a las situaciones que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Cauca.
De acuerdo con la administración departamental, este acto administrativo busca consolidar la institucionalidad y garantizar la continuidad de este escenario de articulación, permitiendo una respuesta más oportuna frente a los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el territorio.
Durante la jornada también fueron presentados los avances en la construcción de la Política Pública Departamental de Derechos Humanos, así como los resultados del Chat de Reacción Inmediata, una herramienta creada para facilitar la coordinación entre las instituciones ante situaciones de riesgo.
Asimismo, los participantes definieron acciones para fortalecer el funcionamiento y la sostenibilidad de la Mesa Territorial de Garantías, con el propósito de mejorar los mecanismos de protección y respuesta frente a las amenazas que afectan a quienes ejercen liderazgo social.
La Gobernación señaló que estas iniciativas hacen parte de la estrategia de gobierno orientada a promover el diálogo, la articulación institucional y la participación ciudadana, con el fin de fortalecer la protección de la vida, el respeto por los derechos humanos y la confianza entre las instituciones y las comunidades.